La gran oportunidad de Alberto Fernández
La economía argentina atraviesa uno de sus peores momentos y se encuentra al borde de un nuevo default. Sin embargo, Alberto Fernández sigue ostentando elevados niveles de imagen positiva, al tiempo que el índice de confianza en el Gobierno que mide mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella se ubica en su segundo mejor registro histórico en los 19 años que viene efectuándose este relevamiento.
A esta paradoja, hay que sumar otra: pese a que Alberto Fernández exhibe en las encuestas de opinión pública una imagen favorable superior al doble que la de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, el primer mandatario se resiste a desplazar a funcionarios de su gobierno colocados por su socia política. Incluso cuando estos toman decisiones inconsultas que el propio jefe del Estado considera graves.
En los últimos días, hasta voceros del primer mandatario juzgaron como insólito que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, tomara una decisión de indudable repercusión política y mediática, sin siquiera dar aviso a su superior, la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Su infundada petición a la Justicia para que beneficiara con la prisión domiciliaria al exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, condenado por corrupción, enfadó al presidente de la Nación y provocó un masivo repudio en distintos sectores de la sociedad, además de cuestionamientos de la oposición política.
Pero más insólito resultó que, después de convocar al funcionario para pedirle explicaciones y reprenderlo, el presidente Fernández terminara respaldando en su cargo a Pietragalla. De este modo, quedó evidenciada la libertad con que se mueven algunos funcionarios de extracción kirchnerista en el gobierno nacional.
"Pietragalla es Máximo Kirchner", reconoce un hombre de la máxima confianza de Alberto Fernández, a quien sin embargo no le consta que el pedido de beneficio para Jaime –rechazado por la Cámara de Casación Penal– haya sido acordado con Cristina Kirchner o con su hijo, o si el secretario de Derechos Humanos actuó por su cuenta. La misma fuente albertista admite que para el Presidente es difícil despedir a un funcionario que representa a un sector político que él no lidera. Pietragalla pertenece a la agrupación La Cámpora y su llegada al Gobierno formó parte de la división del poder entre Alberto y Cristina.
En círculos albertistas, se sentencia que Pietragalla debió haber presentado su renuncia y, en el mejor de los casos, su lugar podría haber sido ocupado por otro representante de La Cámpora. Pero eso no sucedió.
Lo ocurrido confirma que el parcelamiento del poder y el loteo de áreas claves en el Gobierno hace a la esencia de la coalición gobernante, y que ni siquiera el Presidente, con el poder que le dieron los votos y con los altos niveles de adhesión en la opinión pública, está por ahora en condiciones de modificar.
Demuestra también que algunos compartimientos gubernamentales reservados al cristinismo son intocables. Muy especialmente, si se vinculan con el área judicial. El hecho de que, debajo de Marcela Losardo, abogada de la máxima confianza del Presidente, la vicepresidenta de la Nación haya impuesto como viceministro de Justicia a Juan Martín Mena es toda una definición. Mena, abogado penalista que, durante la gestión cristinista, acompañó a Oscar Parrilli como su segundo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), está al frente del Programa de Testigos Protegidos. De él depende, en otras palabras, la protección de numerosos testigos que, en los últimos tiempos, han revelado datos, en calidad de arrepentidos, sobre los escándalos de corrupción por los que es investigada la propia Cristina Kirchner. Una suerte de zorro dentro de un gallinero, que sería apenas la punta del iceberg de un aparato dirigido a garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas acusados de delitos contra el Estado.
El Indice de Confianza en el Gobierno (ICG) relevado por la Universidad Torcuato Di Tella en abril marcó un llamativo crecimiento a 3,29 puntos sobre un ideal de 5 puntos. Constituye el segundo registro más alto desde que se efectúa esta medición, iniciada hace 19 años. Solo fue superado por el registrado en febrero de 2004, durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, que fue de 3,32 puntos.
Al igual que la suba que ha venido experimentando desde febrero la imagen positiva del Presidente, se trata de un crecimiento propio de situaciones críticas, tales como una guerra o, en el presente, una pandemia. Eventos que convocan a la población a unirse detrás de quien conduce y a la oposición a apoyar la acción del Gobierno y moderar sus críticas.
El ICG señala que los subíndices que más se incrementaron en abril fueron la evaluación del Gobierno en general y la tendencia a beneficiar a la mayoría sobre los intereses sectoriales. En cambio, entre los que menos crecieron figura la honestidad de los funcionarios.
Las situaciones excepcionales, como el actual problema derivado del coronavirus, muchas veces provocan picos de aprobación de los gobiernos. Pero estos niveles de apoyo rara vez son duraderos, especialmente cuando las dificultades económicas comienzan a relegar a otras cuestiones.
El actual momento representa una oportunidad para que el Presidente haga una demostración de autoridad y evacúe las dudas que se vienen arrastrando desde su elección acerca de quién goza del poder real dentro de la coalición gobernante. Sin embargo, perdió una buena ocasión al no pedirle la renuncia al secretario de Derechos Humanos.
Próximamente, se encontrará con otra oportunidad, a la hora de afrontar el desafío que supone la renegociación de la deuda externa. Un acto de inflexibilidad del Gobierno, marcado por una rotunda negativa a mejorar la agresiva oferta a los acreedores que tienen bonos bajo legislación extranjera, y la confirmación del avance hacia un default formal, será visto por muchos como un triunfo de Cristina Kirchner.
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