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Corrupción, delito de lesa patria
Por José Luis Galimidi Para LA NACION
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La crisis de una comunidad significa, entre otras cosas, el riesgo severo de la disgregación y de la pérdida de los sentidos compartidos. La clausura de un horizonte para el desarrollo personal y para la integración social azota a millones de compatriotas y conforma, indudablemente, el caso de una situación crítica.
En este contexto, el clima de moderado optimismo provocado por la mejora de algunos indicadores econométricos ofrece una oportunidad única para que los argentinos intentemos reactualizar el sentimiento de compartir una empresa común, que implique algo más que la mera coexistencia física y atomizada en un espacio territorial. Y esto depende de que se aproveche la incipiente recuperación para encarar, como cuestión vital, la reintegración de los que han resultado excluidos. En otros términos, es indispensable que la miseria y la desocupación endémicas sean asumidas, en las diferentes esferas de la sociedad civil y del Estado, como una situación radicalmente incompatible con el sentido mismo de nuestra existencia como comunidad social y política.
Como en toda situación genuinamente crítica, la disyuntiva es de hierro, y urgente: o bien se declara la guerra frontal a la exclusión, y se dispone soberanamente de todos los recursos materiales y simbólicos que apunten a derrotarla, o bien se admite que el núcleo de valores que nos permite aspirar a ser algo diferente de una mera multitud en belicoso estado de naturaleza ha quedado relegado a la condición de retórica indigna.
Este es, precisamente, uno de los significados profundos del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional: si no se cumple con el objeto de promover el (mínimo) bienestar general para nuestra posteridad, el "nosotros" que nos constituye como nación deviene una palabra -y refleja una realidad- vacía de sentido.
Conductas enemigas
Si una situación determinada es asumida como radicalmente disvaliosa, hasta el punto de que pone en peligro la existencia misma de la comunidad como unidad espiritual, entonces las acciones que la provocan ya no pueden ser consideradas delitos comunes, sino que pasan a ser, propiamente, hostilidades. Por razones análogas, aquellas personas que, en pos de sus exclusivos intereses particulares, propician con sus acciones y omisiones la situación crítica, al tiempo que pretenden disfrutar de los beneficios de la pertenencia, ya no pueden ser considerados cómplices, sino más bien traidores.
Ahora bien. Es muy probable que la desolación que soporta gran parte de la población en la Argentina responda a una nefasta constelación de condiciones concurrentes, internas y externas, y que se haga sumamente difícil identificar, sin caer en simplificaciones deformantes y totalitarias, a un grupo determinado de personas, instituciones o países que, como alianza enemiga, la hayan planeado y realizado. Pero la dificultad de señalar un sujeto enemigo no obsta para que sí se puedan identificar conductas (y personas) concretas que hayan facilitado y profundizado la crítica situación presente. Y esto vale, especialmente, para aquellas personas que, desde cargos públicos y con considerable poder y capacidad de decisión, han deshonrado la confianza que el conjunto de la sociedad ha depositado en ellos.
Cuando hay millones de compatriotas sumergidos por debajo de la línea de pobreza, un secretario de Estado, un senador, un magistrado o un policía de alta graduación, que aprovechan la autoridad y las conexiones de que disponen para desviar recursos públicos en favor de intereses privados, son algo peor que delincuentes comunes. Recuerdan, más bien, al militar que, en vísperas de la batalla, entrega al invasor los planos de la defensa, o al diplomático que revela secretos de Estado a una potencia enemiga.
Como es sabido, el ambiente de corrupción desalienta la inversión productiva y obstruye las políticas proactivas de asistencia, reparación y reactivación. Por esta razón, el alto funcionario que, en tiempos de crisis, incurre en prácticas corruptas es un "infame traidor a la patria", para apelar a una ilustrativa expresión de la Constitución, porque provoca exactamente el mismo tipo de males que su misión le exigía combatir y porque los daños colectivos que causa su conducta deshonrosa son, material y simbólicamente, irreversibles.
Es verdad que "se necesitan dos para bailar el tango", pero, después de todo, la existencia de agentes particulares voraces que puedan intervenir en un arreglo de corrupción es una eventualidad previsible. Ya enseñaba Hobbes (y también Locke, Rousseau, Kant, Weber y, a su manera, Freud) que la autoridad estatal con poder coercitivo debe existir, precisamente, para evitar que los hombres den libre curso a sus inclinaciones insociables, que los impulsan a dañar y a someter por la violencia o por la astucia a sus semejantes.
La mayor responsabilidad
El poder interior del Estado, de un modo u otro, se justifica como prevención y represión del desmedido afán de lucro y de dominio, así como la medicina se justifica por la enfermedad, o la arquitectura por la intemperie. Pero la alta corrupción en cuestiones de legislación, de economía o de seguridad es otra cosa; ya no es mera enfermedad, es el médico mismo administrando drogas para enfermar y matar al paciente que lo seleccionó entre varios profesionales posibles, que le confía su salud y la de los suyos, y que le paga.
La corrupción en niveles jerárquicos de la función pública siempre representa un daño material concreto al Estado. Pero, además, en un contexto de miseria y exclusión, constituye un mensaje letal, que atenta contra la endeble integridad espiritual de nuestra comunidad sociopolítica.
Una respuesta soberana coherente, además de contemplar la dimensión técnica, administrativa y, desde luego, jurídica, también debería incluir una aseveración simbólica, propiamente política, de la más alta intensidad. Sin pensar en buscar chivos expiatorios, o en multiplicar gravosamente la normativa vigente, tal vez sería conveniente reflexionar sobre las vías posibles para reconfirmar, colectivamente, la diferencia cualitativa que existe entre la enfermedad y el médico desleal, entre los delitos cometidos por particulares y las traiciones cometidas por funcionarios y representantes políticos, en fin, entre la normalidad y la excepción. A título meramente especulativo, podría pensarse en declarar la condición imprescriptible de la acción fiscal, para asociar estos delitos, de alguna manera, a los de lesa patria. O en elevar hasta el fuero federal la jerarquía de los tribunales que entendieran en todo asunto del tipo en cuestión, como para mostrar que el interés afectado es el del cuerpo de la Nación, y no sólo el de este municipio o el de aquella provincia.
De un lado está el norte ético de la acción colectiva, que consiste, imperiosamente, en generar políticas positivas que restituyan un mínimo valor real al título de ciudadanía. Título que corresponde a los que han sido derrotados en la guerra de algunos contra todos de las últimas tres décadas. Del otro está el abuso de confianza, del cual dice Borges, hablando de Judas, que es una culpa no visitada por ninguna virtud. Ante casos severos de inconducta, los partidos políticos expulsan, las iglesias excomulgan, los consejos profesionales retiran matrículas, las universidades revocan títulos.
La elevación cualitativa del reproche penal hacia las personas que han renegado de la lealtad hacia lo público sería, tal vez, una contribución sinérgica al citado propósito reconstituyente. Un gesto tal, obviamente, no acabaría con el flagelo de la exclusión, pero al menos estaría dejando en claro que se le ha declarado la guerra.
