Crece el subte, paga el vecino

Zas. De pronto, en medio de la recesión, las trabas financieras, los salarios retocados, el mal humor y el maldito corralón, las boletas de Rentas cayeron con un regalito . Aquellos que vivan a 400 metros o menos de alguna nueva estación de subterráneos, por una ley nacional de 1987, tendrán que pagar una contribución obligatoria.

No es un impuesto, aunque así lo analicen casi todos los vecinos. Se llama "contribución por mejoras" y es obligatoria, porque se entiende que el contribuyente tuvo un beneficio individual como producto de la acción del Estado. La ley que así lo marca es la 23.514, que no entró antes en vigor porque fue reglamentada en... 1997, cuando Fernando de la Rúa era el jefe del gobierno porteño.

Tras la reglamentación hubo que hacer un estudio sobre el mercado inmobiliario de las zonas aledañas a las nuevas estaciones -el costo se prorratea entre los inmuebles y varía según la proximidad-, y éste sólo estuvo completo a fines de 2000. Ya en el presupuesto para 2001 se incluyó la posibilidad de cobrar la contribución, pero como no se afilaron los mecanismos en tiempo y forma, el efecto de la extensión del subte sobre los contribuyentes comenzó a sentirse ahora.

Según la ley, el pago se realizará en un máximo de cinco cuotas anuales por abonar desde el año inmediatamente posterior a la inauguración de la estación, punto que generó un debate con las autoridades de Rentas, encargadas del cobro. Resulta que la estación Ministro Carranza se inauguró el 31 de diciembre de 1987, pero a los vecinos de la zona la solicitud de pago les llegó en enero de 2002. Consultado Alejandro Otero, director general de Rentas, si acaso no se entiende que ya caducó el plazo, el funcionario respondió: "No hacemos esa interpretación. Entendemos que no se cobró antes porque no existía la reglamentación".

En definitiva, queda claro que a aquellos porteños que viven cerca de una nueva estación de subte no les cayó del cielo un nuevo impuesto, sino una contribución obligatoria sancionada por una ley nacional de 1987. Aunque en tiempos de recesión, salarios empobrecidos y corralito financiero cualquier cobro parezca lo mismo.