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Cuando el poder no reconoce sus límites
La política argentina ha repetido una secuencia conocida. Liderazgos que emergen con fuerza, impulsados por una idea eficaz y socialmente legitimada, logran cambios reales en inicios y, sin embargo, terminan cayendo de manera previsible. No por errores específicos ni por enemigos externos, sino por un daño que ellos mismos contribuyen a generar. A ese mecanismo puede llamárselo tragedia política autoinducida.
El término no alude aquí a una condena moral ni a un desenlace dramático. Designa un proceso más preciso: el momento en que un instrumento de gobierno –justicia social, orden de excepción, democracia constitucional, libertad económica, inclusión social– deja de ser un medio situado en un contexto y pasa a ser tratado como un principio absoluto, válido para todo tiempo y circunstancia. Allí comienza el problema.
Todo liderazgo eficaz surge respondiendo a una necesidad real. El éxito inicial no es casual: explica su legitimidad y su apoyo social. Pero ese mismo éxito transforma el contexto. La crisis que justificó el instrumento se atenúa y aparecen nuevas tensiones que requieren otras herramientas. Cuando el liderazgo no reconoce ese cambio contextual e interpreta su propio desgaste como insuficiencia de aplicación, la respuesta suele ser una huida hacia adelante: el instrumento se absolutiza, la crítica se deslegitima y el líder queda atrapado defendiendo una lógica que ya no puede resolver los nuevos desafíos.
El problema no adopta una sola forma. También ha habido liderazgos que, por temor a repetir experiencias autoritarias o por incapacidad para construir poder político, actuaron por defecto, renunciando a ejercer la autoridad necesaria para implementar los cambios que decían perseguir. Lo que sigue se concentra en el patrón opuesto: el del exceso. La historia argentina ofrece múltiples ejemplos de este mecanismo, en los que un instrumento inicialmente eficaz fue elevado a principio absoluto.
En su primera etapa, Perón impulsó una política de justicia social eficaz para integrar a una clase trabajadora emergente que, al absolutizarse, terminó erosionando las reglas democráticas que habían legitimado su ascenso. Su último gobierno llevó este mecanismo a un grado extremo al insistir en un modelo de “tercera posición”, ya desanclado del mundo de la Guerra Fría, que derivó en una crisis institucional inédita. El orden de excepción de la dictadura de 1976, inicialmente respaldado por parte de la sociedad para poner fin a la violencia política, colapsó cuando pretendió convertirse en un proyecto totalizante. La democracia constitucional de Alfonsín fue tratada como principio autosuficiente para resolver problemas materiales que exigían otros instrumentos.
La estabilidad y la libertad económica logradas por Menem, exitosas frente a la hiperinflación, se congelaron cuando el contexto reclamaba reformas más profundas que las sostuvieran. Las políticas de inclusión social del kirchnerismo, eficaces en la salida de la crisis iniciada en 2001, se volvieron inviables al absolutizarse y terminaron funcionando como un freno para lograr un crecimiento sostenible.
En todos los casos, la caída no destruyó solo el liderazgo y lo construido. También se perdió algo menos visible y más costoso: la capitalización de esa experiencia como aprendizaje. Los logros iniciales no se pudieron consolidar como base para una etapa superadora y cada ciclo volvió a empezar desde un punto similar o peor. La historia muestra, sin embargo, que el ejercicio de un poder excepcional no conduce necesariamente a ese desenlace. José de San Martín concentró una autoridad extraordinaria en condiciones extremas, pero no confundió necesidad con derecho. Cuando el proyecto independentista dejó de requerir su conducción militar, se retiró, incluso sin garantías de continuidad institucional.
No lo hizo porque careciera de poder, sino porque comprendió que prolongar la excepción deformaba el orden civil que buscaba posibilitar. Su caso permite contrastar una renuncia a tiempo con otros procesos latinoamericanos, como el encabezado por Simón Bolívar, en los que la prolongación de la excepción, aun orientada a objetivos similares, derivó en guerras extensas y en una descomposición más profunda del orden civil.
Reconocer límites no debilita necesariamente al poder: puede ser la condición para que su ejercicio no termine anulando su propio legado. El presente vuelve a poner esta cuestión en juego. El gobierno de Javier Milei exhibe una fuerte retórica totalizante, combinada con declaraciones explícitas de reconocer los límites temporales al ejercicio del poder. Esa tensión permanece abierta. Si ese reconocimiento se traducirá en una práctica efectiva o quedará en el plano discursivo cuando el proyecto enfrente sus límites operativos, es algo que solo el tiempo permitirá evaluar.
La experiencia argentina muestra que ningún instrumento político es autosuficiente. Cuando el éxito se absolutiza y el límite desaparece, la política deja de corregirse y empieza a erosionarse desde adentro.
Escritor
Tipo de trabajo:
opinión
