Cuando la realidad mata al relato

Hagamos un ejercicio.

Supongamos un país en el que un gobierno se instala con el apoyo de una mayoría absoluta obtenida tras un limpio proceso eleccionario.

Pensemos ahora que, a partir de allí y enarbolando esa mayoría como legitimación suficiente, ese gobierno adopta diferentes decisiones desoyendo cualquier opinión crítica.

Así, un día dicta una imprecisa ley antiterrorista que permite agravar cualquier conducta que entienda que pueda "aterrorizar". Después acuerda con un país sospechado de haber participado de un criminal atentado consumado en su principal ciudad que la investigación de ese hecho se realice con la intervención del país imputado y, lo que es peor, en su territorio. Más tarde, dicta una ley que supone una flagrante intervención a la administración de la Justicia y, como si no le bastara, hasta se anima a propiciar un vergonzoso blanqueo de capitales que favorece a corruptos y evasores. Finalmente, promueve como jefe del Ejército a un general sospechado de haber participado en la desaparición forzada de un soldado que en el momento de su desaparición revestía como parte de la tropa a su cargo.

Imaginemos que todas estas decisiones fueran adoptadas en un marco general de deterioro económico jamás reconocido por los funcionarios, en medio de un proceso de crisis de la seguridad ciudadana que sistemáticamente ha sido negada desde el poder y mientras una serie de dirigentes oficialistas proponen reformar la Constitución con el alegado propósito de "eternizar" en el poder a quien gobierna de ese modo.

Preguntémonos ahora: ¿no es institucionalmente riesgoso darle más poder a quien gobierna de ese modo? La respuesta es, lógicamente, sí.

La hipótesis planteada se parece en mucho a lo sucedido en la Argentina a partir de 2011. En aquellos días de proselitismo que acabaron poniendo a Cristina en la presidencia de la Nación por segunda vez en su vida, ella propuso armonizar la sociedad y hasta abrió un diálogo cordial con distintos actores sociales. Pero cuando alcanzó ese objetivo, les dijo a los argentinos "voy por todo" y comenzó una suerte de carrera en la que pocos (o tal vez nadie) conocía dónde estaba la meta.

Fueron dos años signados por la improvisación y el discurso virulento. Un día sacaron los subsidios a la energía y al otro día los mantuvieron. Un día dijeron que no había riesgo de corridas cambiarias y al otro día pusieron un cepo feroz a la compra de divisas, que aún perdura. Un día negaron a la inflación como problema y al día siguiente mandaron a "los chicos de La Cámpora" a controlar precios en supermercados. Un día dijeron preocuparse por los asalariados y al día siguiente gravaron el ingreso de quienes viven de un sueldo.

El voto registrado en las elecciones del 11 de agosto último dice que la mitad de quienes votaron a Cristina en 2011 ya no lo hacen. Quienes cambiaron su voto, ¿buscan desestabilizar al Gobierno? No. Buscan preservar la calidad democrática que estuvo en riesgo cuando Cristina tuvo en sus manos el poder que le otorgó el 54% de los votos emitidos.

Al Gobierno le cuesta entender lo que ha ocurrido, básicamente, porque está encerrado en una lógica en la que participan cada vez menos argentinos. En esa lógica, Cristina lucha contra poderosos medios de comunicación que suben al escenario político a quienes "gerencian" sus intereses y confunden con publicidades tendenciosas la voluntad de los votantes. Es ese perverso razonamiento el que les impide observar que lo que modela el ánimo ciudadano no es otra cosa que esta realidad que tanta intranquilidad ha creado.

Es insólito que un gobierno ventile supuestas "desestabilizaciones" sólo porque la gente no lo ha acompañado con su voto. Cuando lo hace, deja al descubierto esa debilidad que lo lleva a sostener que si la gente vota en su contra, la sociedad puede sumergirse en el peor de los mundos. ¿Cuál es la fortaleza del país "construido en diez años" que tan sólo una elección puede destruirlo?

No existe mayor agravio a la democracia que afirmar que el "riesgo institucional" pueda generarse precisamente en el hecho de la votación de los ciudadanos. Ésa es la afirmación más totalitaria que pueda hacerse, aun cuando se haga invocando la voluntad de velar por los derechos de los desposeídos.

Salvo que uno se sienta parte de una vanguardia iluminada que la gente no entiende, es imperioso oír el pronunciamiento de las urnas. Allí habla la gente. Y cuando la gente se expresa, se desmoronan todos los relatos. Y también las fantasías.