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¿De nuevo un botín de la política?
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LA NACION
La Inspección General de Justicia (IGJ) es el organismo, por ahora, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, encargado de inscribir y fiscalizar a las sociedades comerciales, entidades civiles y sociedades extranjeras que deciden radicarse en el país. Se trata de un organismo técnico que ha sufrido durante los últimos años los vaivenes de la política.
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y bajo el mando de La Cámpora, el organismo se vio envuelto en medidas ilegales que imponían un cepo sobre la información pública de empresas que estaban siendo investigadas por hechos de corrupción ligados a funcionarios. La IGJ se convirtió en un lugar en el que se perseguía a las entidades de los opositores o a quienes no respondían al modelo kirchnerista, y se perdían los expedientes de las sociedades investigadas en la Justicia Federal. Fuimos pocos los que luchamos por el restablecimiento de la legalidad en ese organismo del Estado. Con el nuevo gobierno, la promesa de cambio en las instituciones parecía cumplirse con el levantamiento del cepo informativo en la IGJ y las medidas para modernizar la institución.
Sin embargo, no tardaron en llegar las resoluciones controvertidas que beneficiaban a las empresas offshore, a contramano de lo que sucedía en el resto de los países del mundo. Esta medida fue cuestionada incluso por los miembros de la propia coalición oficialista, a tal punto que se expresó en su contra la propia Elisa Carrió. La nueva gestión le imprimió a la IGJ mayor flexibilidad en los controles de legalidad en la constitución de las empresas y deja una deuda importante en las funciones de fiscalización que posee el organismo, entre otras medidas controvertidas. Uno de los mayores logros fue la constitución de empresas en 24 horas, pero el contexto económico de la Argentina logró que el cierre de las empresas fuera récord e imposible de comparar con aquellas que se creaban.
En estos días, nuevamente el organismo de control se ve sacudido por los vaivenes políticos al intentarse que se traspase su control al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de manera ilegal, porque no se pudo conseguir en estos cuatro años de gobierno de Cambiemos que el Congreso apruebe la ley necesaria para efectivizar el traspaso. Los gremios están en alerta por esta situación, que es preocupante y, de concretarse, ocurriría a pocos días de las elecciones que permitirán a los argentinos elegir a su próximo presidente. De cumplirse los pronósticos, el Poder Ejecutivo volverá a estar a cargo del kirchnerismo.
Con este panorama por delante, los argentinos nos encontramos frente a la posibilidad de que la IGJ vuelva a ser un organismo manejado por militantes, utilizado como medio de persecución y caracterizado por el secretismo de su información, en caso de que permanezca en el Ministerio de Justicia de la Nación.
Pero también nos encontramos frente a la posibilidad de que se utilice como botín político y, con medidas ilegales, se traspase a la ciudad de Buenos Aires, donde parece conservar el poder Cambiemos. El panorama no es alentador, ya que la nueva estructura limita las facultades de fiscalización de la entidad, permite la constitución exprés de empresas sin los controles mínimos y no queda claro qué sucederá con los trabajadores técnicos de un organismo golpeado y rehén de la política.
Abogada, exdirectora de la IGJ
Silvina Martínez
LA NACION
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