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Defender los bosques fueguinos
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UN proyecto de explotación del bosque de lengas en territorio fueguino despierta fundada preocupación entre las organizaciones ambientalistas y de defensa del equilibrio ecológico, que mantienen una firme oposición a la tala de especies que constituyen valiosas reservas.
El problema se relaciona con el destino de lengas que cubren una superficie estimada en 430.000 hectáreas en la nombrada provincia. Se trata de una formación boscosa milenaria y subantártica, con ejemplares que alcanzan los 30 metros de altura y 300 años de vida. Según los expertos, en la isla fueguina se encuentra el área de su origen y es allí donde se produce la repoblación más vigorosa. Un dato de importancia es que las lengas necesitan un siglo para alcanzar su estado de madurez.
Ahora bien, en toda explotación de bosques hay consenso de que debe respetarse el principio de desarrollo sustentable, que obliga a respetar el sistema ecológico. Esto implica cuidar tanto de la flora como de la fauna y, asimismo, del agua, del suelo y del aire.
Las lengas han crecido en las faldas de las montañas, en las cuales a menudo se presentan pendientes abruptas. Eso crea el riesgo de que los desmontes, en ocasión de precipitaciones intensas, aceleren la erosión del suelo, que se empobrece de sales, minerales y nutrientes. Consecuentemente, podría verse reducida y hasta eliminada la vida silvestre.
En los últimos años han existido diferentes tratativas entre la empresa de explotación forestal Lenga Patagónica -que además de haberse instalado en nuestro país opera en Chile bajo la denominación Forestal Savia- y el gobierno de Tierra del Fuego, de cuyo territorio sólo está protegido el 3,5%. Las gestiones llevaron en 1994 a la presentación del llamado proyecto Río Grande, que suscitó desde entonces una serie de acciones antagónicas, las cuales hasta hoy han impedido el avance previsto de la explotación.
Así, la Legislatura provincial sancionó en 1994 una norma que prohíbe la exportación de madera sin valor agregado. Dos años después, el gobierno tuvo que multar a la empresa y aplicar una inhabilitación temporal por haber abierto caminos sin autorización.
En 1997 el informe de la compañía forestal referido al impacto ambiental se consideró insuficiente y se le reclamó uno más completo. Durante 2000 se aprobó una explotación de 500 hectáreas por año, pero la empresa no pudo iniciar trabajos debido a la presentación de un recurso de amparo interpuesta por una asociación ecologista. Finalmente, en febrero último, el gobierno fueguino y la empresa anunciaron el comienzo de las actividades que se orientarían al procesamiento de maderas adquiridas en Chile.
La última decisión empresarial ha sido vista como una maniobra que se sirve de facilidades acordadas a pequeños aserraderos, de los cuales se aprovecharía para poner en marcha su actividad, a pesar de que dichas facilidades no corresponden para proyectos de las dimensiones del Río Grande. De este modo lo ha señalado Finis Terrae, sociedad ambientalista que pide el retiro del proyecto por no responder a las demandas ecológicas, científicas ni económicas.
Como un dato adicional, conviene recordar que la Corte Suprema de Justicia de Chile dejó sin efecto un proyecto semejante en la parte fueguina de la vecina república por considerar "ilegal y arbitrario" el apoyo dispensado en ese país por la Corporación Nacional de Medio Ambiente.
En este cuadro de rectificaciones, de dudas y acusaciones, sin un informe satisfactorio acerca del impacto ambiental, no se justifica la iniciación del proyecto Río Grande, que por lo menos debería ser revisado exhaustivamente a la luz del sentido común y de las medidas encaminadas a proteger las riquezas naturales.
Una grave amenaza pende, pues, sobre 630.000 hectáreas de bosques ancestrales. En un tiempo en que es indispensable la protección de las formaciones boscosas existentes -máxime cuando, como ocurre en este caso, tienen diez mil años de vida- se impone acentuar su defensa y cualquier explotación debe garantizar su desarrollo sustentable.
A la vez, tiene que asegurarse la eficacia de los controles para erradicar de cuajo el fantasma de la explotación indiscriminada e irracional, que devastaría ese ecosistema milenario, en el cual están incluidas, además de las especies arbóreas, más de 200 clases de aves, todo lo cual conforma un conjunto irreemplazable.
