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Del hartazgo político al hartazgo económico
En 2021, hace apenas dos años, hubo elecciones legislativas de mitad de término. Todavía se coexistía con las restricciones derivadas del confinamiento impuesto para enfrentar la pandemia de Covid. El largo encierro, la falta de clases, el coma autoinducido de la actividad económica, las restricciones a las libertades individuales, la liberación de presos, el manotazo a los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y el régimen de excepción que congeló la actividad legislativa tenían su contracara en los vacunados vip, en las demoras en comprar vacunas y en los festejos de los privilegiados en Olivos. Los contrastes generaron un clima de hartazgo social que se fue expresando en manifestaciones populares espontáneas a lo largo y a la ancho del país, y que en la Capital Federal tuvieron como epicentro la avenida 9 de Julio y el Obelisco.
El eje de aquel hartazgo social fue primeramente político: la defensa de la democracia, de las libertades y de las instituciones de la República. El voto se tradujo en una derrota en las urnas para el oficialismo, tanto en las PASO realizadas en septiembre como en las elecciones legislativas de noviembre de ese año.
El voto bronca, con toda la pasión y el malestar que pudo expresar, estuvo lejos de la irracionalidad con que lo estigmatizaron muchos oficialistas. El electorado permitió recomponer el equilibrio en las cámaras del Congreso, reequilibrio que fue fundamental para hacer frente a la embestida institucional que estaba en los planes del “vamos por todo”. Juntos por el Cambio obtuvo a nivel nacional poco más del 38% de los votos, y el Frente de Todos, el 30%. El voto opositor impidió que se impusiera un procurador de la Corte militante, que se reformara la ley del Ministerio Público Fiscal, que se ampliara el número de miembros de la Corte Suprema para imponer una mayoría oficialista, y que, en definitiva, se convocara a una convención constituyente para reformar la Constitución y permitir la perpetuación en el poder.
¿Hay alguna duda de que si otro hubiera sido el resultado, y otra la composición de las cámaras, hoy tendríamos una Corte de 15 o 25 miembros, con amplia mayoría oficialista, como se lo propuso en el proyecto de ley que el año pasado contó con media sanción del Senado? ¿Alguien tiene dudas de que el kirchnerismo hubiera promovido, impuesto y sancionado un nuevo proyecto de “democratización de la Justicia” y una nueva ley de medios para restringir la libertad de prensa? El populismo venía por la República, y el voto de 2021 fue un voto de hartazgo contra quienes estaban dispuestos a llevarse puesta la Constitución nacional.
Fue el voto de 2021 el que también permitió, dentro del Estado de Derecho, continuar con los procesos por delitos de corrupción y fortalecer la independencia de la Justicia (con varios fallos de la Corte que devolvieron vigencia al equilibrio de poderes y a las instituciones de la República). Es cierto que estos dos años que pasaron ambas cámaras del Congreso sesionaron poco y que la actividad legislativa estuvo casi paralizada. Pero también es cierto que las cámaras dejaron de operar meramente como una oficina anexa al Gobierno para tratar y sancionar con mayorías propias u opositores cooptados solo los proyectos que le interesan al Poder Ejecutivo.
En el voto de las PASO de este año también hay hartazgo social y bronca, pero en esta ocasión la clave del hartazgo es el colapso de la narrativa económica del populismo gobernante. Dos grabaciones de celular que tuvieron amplia difusión en los medios mostraron a una maestra cordobesa regañando a sus jóvenes alumnos por un voto que, según su retórica de adoctrinamiento, les haría perder derechos; y a una concejal de La Matanza despotricando contra pobres cautivos que le reclamaban la dádiva después de haber votado a otro candidato. Pero ¿de qué pérdida de derechos se les puede hablar a jóvenes que pertenecen a una generación que ha padecido una educación degradada, que no encuentran empleo, que deben vivir, cuando pueden, con sus padres, emigrar o aspirar a un plan social? Jóvenes que ven acomodos y corrupción por todas partes, y que intuyen que el futuro será peor que el presente porque tendrán que hacerse cargo del despilfarro de un Estado quebrado que nunca les proveyó bienes públicos de calidad.
¿Por qué enojarse con los pobres dependientes de una estructura clientelar viciada a quienes la inflación les licúa las dádivas que reciben para “trabajar” de piqueteros con intermediarios que se llevan una parte? El populismo distributivo y posmoderno del pan para hoy, no hay mañana, desengañó a los propios porque rompió el quid pro quo con los jóvenes y con los pobres. Si el legado de prebendas presentes no es sostenible en el tiempo porque se basa en desequilibrios financiados con endeudamiento externo o emisión inflacionaria, se violenta el tercer principio de justicia social formulado por John Rawls en su Teoría de la Justicia: el principio “de ahorro justo”, lo que la generación presente está obligada a dejar para los que vienen: la justicia distributiva intergeneracional. El fracaso del distribucionismo del populismo corporativo es generacional e intergeneracional, e impone un cambio que permita superar la crisis económica presente y reconciliar a los argentinos con el futuro a través de un proyecto de desarrollo económico y social.
Amartya Sen, un economista que asoció la idea del desarrollo al creciente empoderamiento de derechos de los que menos tienen, en su libro La idea de la Justicia, critica a Rawls porque sus principios de justicia para la organización del Estado presuponen una “justicia ideal”, en cambio, él quiere preocuparse por remediar los casos de injusticia manifiesta en las sociedades concretas, como la nuestra, guiándose por la experiencia comparada de lo que ha funcionado en otros países. No hay magia, ni atajos, ni liderazgos mesiánicos.
En 2021 el voto de la sociedad asestó un duro golpe a la narrativa referencial populista antirrepublicana, y en 2023 el primer voto de las PASO asestó otro duro golpe a la narrativa referencial del populismo económico corporativo. El mensaje de las urnas es claro: hay que cambiar, y, como se ha dicho, el cambio “es todo o es nada”. Es “todo o es nada” en materia de orden, seguridad, estabilización macroeconómica, reformas estructurales y programa de desarrollo e inclusión social, pero también es todo dentro de la República, y es nada fuera de la Constitución.
El hartazgo del 21 y el hartazgo del 23 confluyen en una zona de intersección: el cambio debe ser seguro y perdurable. Un cambio político, económico y social dentro de la institucionalidad republicana. Cambio que asegure gobernabilidad y orden para llevar adelante las transformaciones estructurales que hagan sostenible la estabilidad y el desarrollo. Cambio para que los jóvenes vuelvan a tener mejor educación y oportunidades de inserción laboral. Cambio para integrar más mujeres a la fuerza laboral. Cambio para duplicar el ingreso per cápita en la próxima generación y para reducir la pobreza al 10%, eliminando la indigencia. El cambio posible en la Argentina republicana que ha sido víctima del populismo institucional y económico. Cambio, entonces, que asegure la alternancia republicana en el poder. En fin, cambio que definirán los argentinos en las urnas el próximo mes de octubre.ß
Doctor en Economía y en Derecho
