Derechos humanos, otra parte de la historia

Un 1° de agosto, durante la noche y mientras la gente dormía, una poderosa bomba explotó en el corazón de Barrio Norte. Dos edificios fueron el centro de la locura terrorista, que ese día eligió una zona densamente poblada para infligir el mayor daño posible a una familia y a todos aquellos que vivieran cerca.

El atentado quedó en la memoria de la sociedad con nombre propio, ya que se lo conoce como el atentado a Paula Lambruschini, por ser ella, una adolescente de 15 años, la primera víctima fatal.

Esa madrugada Paula dormía. Se había acostado pensando en el colegio y en las tareas que debía entregar durante la mañana. Margarita, una vecina de 82 años, también estaba descansando. Ricardo otro vecino, dormía. El barrio estaba en silencio. Los tres no despertaron jamás. Una bomba depositada por la organización Montoneros terminó con sus vidas, sus aspiraciones y aplastó sus derechos humanos.

Los vecinos despertaron entre escombros, con vidrios rotos en sus camas. Los gritos desgarradores y el llanto se apoderaron de esa cuadra, que supo ser tranquila y que se había convertido en un escenario de la guerra. Pacheco de Melo entre Ayacucho y Junín se llenó de humo, sangre, escombros y automóviles destruidos. Dos edificios resultaron estructuralmente inestables y debieron ser demolidos.

Hace treinta años, Paula Lambruschini dejó de ser una adolescente llena de promesas para convertirse en una víctima del terrorismo. En ese mismo instante, la acompañaron Margarita Obarrio de Vila y Ricardo Alvarez, ciudadanos inocentes como todos los que fueron agredidos por las organizaciones terroristas responsables de más de 21.600 atentados.

Ese 1° de agosto comenzó el digno y silencioso dolor de varias familias que perdieron a sus seres queridos, que sufrieron heridas o perdieron sus bienes. Esperaron que el Estado les reconociera sus derechos humanos pero, lamentablemente, a más de 30 años de estos terribles sucesos, el Estado está empeñado en mostrar sólo una porción de la historia, ignorando a quienes como Paula, Margarita, Ricardo y tantos miles más, no optaron por el camino de las armas para obtener el poder. Sin embargo, la obligación primigenia del Estado de proteger a sus ciudadanos miembros de la población civil y no combatiente, se encontraría guiada por intereses e ideologías que impiden la Justicia en la Argentina para aquellos que fueron víctimas del accionar terrorista.

En los últimos lustros, el movimiento de los derechos humanos ha evitado deliberadamente asistir y proteger a las víctimas del terrorismo. En estos años, el Estado ha dictado varias leyes de reparación y diversos beneficios para los ex combatientes de las organizaciones armadas y sus familiares. Pero lo más lamentable es que se ha reescrito la historia reciente de los argentinos y en ella no existen Paula, Margarita o Ricardo. Es un relato donde los victimarios devienen en víctimas y, como tales, gozan de la impunidad que otorga el silenciamiento obligatorio al que están destinados estos miles de argentinos y extranjeros. Parecería que la sociedad aún no reparó detenidamente en el hecho de que los terroristas, antes de ser damnificados, fueron verdugos de la sociedad civil, pues ser ex terrorista no es lo mismo que ser víctima del terrorismo, aunque les asistan los correspondientes derechos humanos para aquellos que quebrantan el orden público.

Es una historia que, ante la reapertura de una causa judicial, como la Causa Larrabure, da origen a la resolución 158/07, por la cual se ordenó a los fiscales excluir de la categoría de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a los asesinatos, secuestros y torturas realizados por la guerrilla. Su autor fue el procurador general de la Nación y ex ministro del Interior durante el gobierno de Cámpora, Esteban Righi, un funcionario que al menos debería haberse excusado por su participación en la firma de la generosa amnistía a los terroristas en 1973. O el fallo de la jueza Servini de Cubría sobre un dictamen del fiscal Berlanda, que sobreseyó a reconocidos combatientes montoneros, acusados de integrar la célula que puso la bomba en el comedor de la Policía Federal, donde perdieron la vida 24 argentinos y más de 60 resultaron heridos, bajo la excusa de que no fue un delito de lesa humanidad y, por ende, estaba prescripto.

Todas estas acciones de los tres poderes del Estado parecen apuntar al otorgamiento de impunidad para los culpables de aberraciones como las que se cometieron contra Paula Lambruschini, Margarita Obarrio de Vila y Ricardo Alvarez, negando lo que el Estatuto de Roma, ratificado por la Argentina, establece respecto de los delitos de lesa humanidad.

Las víctimas del terrorismo no reclaman venganza, no cortan calles ni hacen escraches, no ocupan cargos públicos, no pontifican. Sólo quieren verdad, justicia, reparación y paz, para poder vivir en un país donde la impunidad no se muestre por televisión, donde el rostro del terror no sea vocero interesado de los derechos humanos, donde quienes tienen sus manos manchadas de sangre respondan ante la sociedad por los crímenes cometidos.

A treinta años del asesinato de estos tres inocentes, la Argentina no es defensora de los derechos humanos, ni está a la vanguardia del respeto de los mismos; sólo ha trucado las armas por la acción política y judicial, que siguen impidiendo a las víctimas del terrorismo el goce de sus derechos.

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