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Derechos Humanos: un gobierno que premia la inoperancia
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
“Hoy se cumplen 2 años del asesinato de mi hermana Florencia Magalí Morales, a quien usted ni siquiera ha nombrado en ninguna oportunidad. Muchas veces le he nombrado el caso y pedido audiencia sin respuesta todavía, ¡2 años han pasado!. La mató la Policía de San Luis”.
Así se expresaba, el 5 de abril pasado, Celeste Morales, hermana de Florencia Magalí Morales, una de las tantas víctimas que dejó el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad durante la pandemia.
Morales vivía en Santa Rosa de Corlara, era mamá de dos hijas, una de 17 años y otra de 7 -además tenía una nieta de 2 años- que convivían con ella y a quienes mantenía con un empleo en un hotel. El 5 de abril de 2020 había salido a comprar alimentos con su bicicleta en el momento más estricto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus. Terminó encerrada en una celda, presumiblemente acusada de haber violado la cuarentena. Horas después la encontraron ahorcada con un cordón, luego de haber pasado horas pidiendo auxilio.
Ayelén Mazzina, que acaba de ser designada al frente del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta, se desempañaba en abril de 2020 como Secretaria de la Mujer y, a pesar del ruego de los familiares, tuvo un comportamiento de espectadora de los graves hechos. La familia de Florencia denunció reiteradas veces la pobre y pasiva performance de Mazzina, por desentenderse del caso, tras dos años de impunidad para los femicidas y responsables.
Celeste Morales, la hermana de Florencia, denunció en su momento que “no hay justicia, sino encubrimiento y complicidad de todo un sistema que oculta un femicidio, porque nadie se suicida en una comisaría”. Los familiares, que pocas respuestas institucionales tuvieron del gobierno de San Luis, solo escucharon decir a Mazzina: “Estamos a la espera de lo que resuelva la Justicia y que lo haga con la perspectiva de género. Acá no hay nada que esconder, la Justicia tiene que resolver”. Cuando sucedió el crimen de Magalí, en el sitio web de la Secretaría que estaba a su cargo, se mencionaba que dentro de las misiones y funciones del ente se encontraba “asistir y acompañar a las personas que estén sufriendo violencia por motivos de géneros; trabajar en la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencias por motivos de géneros”. Nada de eso hizo Mazzina en este caso.
A su favor, quienes la respaldan destacan que estuvo a cargo de la exitosa organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Parece ser que es una norma dentro del gobierno de los Fernández: saber organizar buenos congresos y mesas de debate, con servicios de catering de calidad y expositores pagos de primer nivel, hacen a los funcionarios ganar cucardas y no el éxito de la gestión para la que fueron designados.
Un interrogante se impone: ¿por qué el presidente Alberto Fernández ubica en el Ministerio de la Mujer a alguien tan cuestionada por su accionar pasivo como funcionaria provincial ante un hecho tan grave como la muerte de Magalí Morales? En el Senado afirman que fue un pedido de la vicepresidenta. Es evidente que garantizarse el voto de los senadores puntanos en una escenario tan reñido para poder sancionar leyes importantes para los intereses de Cristina Kirchner y su “mano a mano” contra el Poder Judicial podría ser una de las explicaciones de su proyección al cada vez más desvalorizado gabinete nacional, pero claro, esta puede ser la respuesta si la buscamos en situaciones de índole político, con el ojo mezquino de los números de la conveniencia política y no por realizar adecuados estudios del perfil y antecedentes antes de cada designación.
Pero sin cargar las tintas solamente sobre la flamante ministra, bien vale su designación para reflotar la necesidad de exigir investigación y justicia a los más de 200 hechos de violaciones de derechos humanos y civiles durante el control de la pandemia, sucedidas en distintas provincias del país y que fueron cometidos en su mayoría por las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción. Varias provincias se encuentran bajo la lupa, dolorosos ejemplos hay varios: la desaparición y asesinato de Luis Espinoza, ocurrido en Tucumán durante un operativo por una carrera de caballos ilegal; la detención de Walter Ceferino Nadal, un hombre de 43 años que murió por asfixia durante el operativo de efectivos policiales de Tucumán; el asesinato de Lucas Nahuel Verón, en La Matanza y la muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años también en territorio bonaerense; la muerte de Hugo Coronel, sucedida en una comisaría pero de Santiago del Estero; el crimen de Sebastián Lagraña, que circulaba en moto con su amigo Alexis cuando fue perseguido y baleado por la policía en Saladillo o el asesinato, tras persecución policial, de Blas Correa en Córdoba, entre otros hechos injustificables. También hay denuncias, con filmaciones caseras, de detenciones que incluyen torturas y acoso policial, como el sucedido en la localidad de Fontana, Chaco, donde se llevó a cabo la detención arbitraria y violenta de un grupo de jóvenes de la comunidad Qom, sin orden de allanamiento, que terminaron en maltrato y abusos de vejación sobre una joven sucedida en la comisaría.
El gobierno nacional jamás le puso el cuerpo al problema para desarrollar una investigación seria de cada uno de los casos, sí lo hicieron legisladores opositores como los diputados Fernando Iglesias, Karina Banfi y Omar Manzi, que realizaron informes precisos, con datos, fechas, denuncias, declaraciones de familiares, pero este fue un tema por el que este gobierno no ha hecho absolutamente nada, miró para otro lado y se refugió en el amparo interesado de algunos organismos de derechos humanos que suelen tener distintas varas para medir su defensa cuando éstos son vulnerados. La palabra de estas organizaciones, tan respetada décadas atrás, ya no tiene tanto peso ni sentido, solo nos queda remitirnos a los hechos concretos, muchos de ellos solo aportan un triste manto de vergüenza, porque nunca se violaron del tal modo los derechos humanos desde el retorno de la democracia como durante la pandemia bajo el gobierno de Alberto Fernández.
En algún momento la política deberá ponerse los pantalones largos y colaborar con la justicia para que se investiguen todos y cada uno de estos hechos aberrantes que hoy siguen dando que hablar y nos recuerdan que el mismo gobierno que creó normas estrictas, que fueron violadas por el propio presidente y su entorno, que dio luz verde para que sucedieran abusos y apremios ilegales de parte de las policías provinciales para controlar el tránsito comunitario, que puso como ejemplo de gestión a Formosa mientras esa provincia recibía denuncias e informes de la Comisión Interamericana de DDHH, de Human Rights Watch, de los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins y de Amnistía Internacional, sobre las violaciones a los derechos humanos. Amnistía, además, recopiló más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en el país en este período.
Hoy suman al gabinete a una militante más preocupada por la interna del peronismo que por los derechos de las mujeres en reemplazo de otra funcionaria que abandona la gestión denunciando violencia institucional por los hechos de Lago Mascardi, pero al igual que su reemplazante, poco y nada hizo por Florencia Magalí Morales. Son locuaces, adjetivan bien, saben ordenar discursos para la tribuna, pero invirtieron la lógica de su líder Juan Domingo Perón, del creador del pensamiento que hoy los reúne. Para muchos funcionarios de este gobierno hoy, en materia de DDHH: “mejor que hacer es decir”.
