Dilemas bioéticos en tiempos de pandemia
Ante la pandemia provocada por el Covid-19, la conjunción de un acuciante deber de prevención para cuidar la vida y la salud de las personas, los recursos escasos y las debilidades en insumos, personal e infraestructura del sistema sanitario, los conocimientos todavía inciertos sobre la curación y la inmunidad, la apremiante necesidad de investigar sobre seres humanos y la utilización masiva de datos personales configuran un escenario desafiante en muchos niveles, especialmente político y científico, en el que un lugar decisivo lo ocupa la reflexión bioética y jurídica. El dilema más grave se presenta en el hipotético caso que los pacientes graves sobrepasen la capacidad instalada de los establecimientos de salud y se deban tomar decisiones sobre qué vidas salvar.
En realidad, como bien señala el Comité de Bioética de España, la priorización es algo inherente a todo sistema de salud. Ahora bien, este caso es particularmente grave y dramático porque están en juego muchas vidas humanas. Así, en las últimas semanas se ha abierto a nivel global un intenso debate sobre los criterios bioéticos y jurídicos para abordar tal priorización.
Ante todo, para no tener que llegar al momento crítico, es decisiva la planificación y la movilización eficiente y racional de todos los recursos disponibles para que puedan dar atención de salud. La priorización supone también dar una efectiva protección con los equipos personales adecuados al personal de la salud.
Llegados al punto de tener que seleccionar pacientes, como señala el Comité de Bioética de España, no es conveniente aplicar criterios de forma automática, sino que hay que procurar un equilibrio entre la norma general y la decisión individual que debe adoptarse con cada paciente. Además, la consideración supone tener en cuenta a todos los pacientes, tengan o no Covid-19.
Dos cuestiones han suscitado las mayores discrepancias: la edad y la discapacidad. En efecto, algunos han propuesto criterios de selección basados en la edad, por ejemplo, excluyendo de la posibilidad de acceder a un respirador artificial a toda persona mayor de 80 años.
En otros casos, la exclusión automática se daría por razón de la discapacidad o bien por la utilización de una medida de comparación relacionada con la cantidad de años de vida de supervivencia libre de discapacidad.
En estos supuestos se configura una discriminación en razón de la edad o de la discapacidad, que en nuestro país no es admisible y que contraría derechos fundamentales, tutelados en tratados internacionales. En la misma línea, varias voces bioéticas han alertado contra la presencia de una mentalidad utilitarista, que haga distinciones entre las vidas humanas por los eventuales beneficios que aportarían a la sociedad. En conjunción con un relativismo que debilita las bases de la convivencia, esa mentalidad contraría la igual dignidad de todas las personas. Rebajando la vida a bien cuantificable se traiciona su propia esencia ético-jurídica y se menosprecia la dignidad.
Cada paciente debe ser ponderado en su cuadro clínico concreto y con independencia de los recursos sanitarios, evitando toda mecanización que ofende la dignidad personal.
Como afirma el director del Instituto de Bioética de la UCA, padre Rubén Revello, "la gravedad clínica de cada caso y el riesgo de vida, así como las expectativas de recuperación, serán consideradas conjuntamente a fin de priorizar la asignación del recurso escaso y determinar las listas de espera". En los dolorosos casos que no pudieran ser atendidos con todos los medios disponibles, las personas siempre tienen derecho a los cuidados paliativos y a todas las medidas compasivas de acompañamiento.
Es muy importante que siempre se agoten los medios para procurar salvar todas las vidas, pues justamente en ese compromiso ético radica la diferencia de estas decisiones con la eutanasia, que es la decisión de quitar la vida en forma deliberada. En el caso en que se hacen elecciones sobre a quién atender, la intención es salvar a todos y la eventual muerte de un paciente se tolera como una consecuencia no deseada ante una imposibilidad fáctica que escapa a nuestro control y previsión.
Todos confiamos en que no llegue este crítico momento en nuestro país y ponemos el mejor esfuerzo para eso. Es un proceso demandante que debemos afrontar con la justicia y la prudencia como virtudes fundamentales, teniendo como centro inexcusable la dignidad de la persona humana, sus derechos fundamentales y el bien común.
Profesor Titular Ordinario, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica Argentina y Director del Centro de Bioética, Persona y Familia
