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¿Dobles intenciones?
Por Norberto H. García Rozada
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La intención es definida como la determinación de la voluntad en orden a un fin. De acuerdo con ese significado cabría preguntarse, pues, cuáles serían las intenciones que movilizan a ciertos asuntos vinculados con la vida de la ciudad.
Sigue, por ejemplo, el encendido debate en torno del tema de la prostitución callejera. No es exagerado inferir que las modificaciones del texto del Código Contravencional aprobadas por la Legislatura sólo conformaron a quienes las votaron favorablemente (y, tal vez, ni siquiera a todos los que desde sus bancas apoyaron el tibio criterio que guió a esa enmienda).
Bien. La ciudadanía disconforme dispone de democráticos recursos para dar a conocer su discrepancia con la decisión legislativa. Y seguro que así lo hará.
Pero una vez más desde el gobierno nacional se ha elegido el camino del exabrupto para hacerse eco de esas justificadas críticas. El secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, aprovechó el anuncio del propósito de que el Código Penal incluya la sanción de la oferta sexual escandalosa en lugares públicos para volver a abrir fuego por elevación contra las instituciones locales. Insistió en el empleo de un término peyorativo que, al parecer, se está poniendo de moda. "Los legisladores -dijo- votaron un mamarracho. Después lo intentaron emparchar..."
¿Qué se pretende? ¿Contribuir buenamente a corregir lo que no ha sido enfocado desde el punto de vista más acorde con las aspiraciones de los vecinos porteños o desmerecer las facultades autonómicas de la ciudad?
La propuesta de la inclusión o exclusión de figuras delictivas en el Código Penal es una de las legítimas facultades del gobierno nacional que, dicho sea de paso, debe elevarlas al Congreso para que las apruebe o las rechace. De acuerdo. Sin embargo, una vez más el tono de la crítica no parecería ser acorde con la intención de preservar la más armoniosa relación entre las autoridades nacionales y las locales.
Los sufridos Pérez preferirían que en lugar de reconvenciones con tufillo a rencillas preelectorales sus autoridades -las de ambas jurisdicciones, por cierto- sintonizaran la misma onda y resolvieran los asuntos pendientes que hacen a su comprometida seguridad: las ya olvidadas transferencias de los servicios policiales metropolitanos y de la justicia nacional a la jurisdicción local.
Otra vez, la intención
Desde hace algunos días, la Reserva Ecológica de la Costanera Sur ha pasado a ser motivo de preocupación para vecinos que hasta ese entonces ni siquiera tenían, es probable, noticias de su existencia.
Vecinos de la Ciudad, tal como han firmado un panfleto en que dan cuenta de la que sería su razonable aunque anónima inquietud por la comisión de ilícitos que involucrarían a personal de la Reserva. Hechos denunciados a la Justicia por la Defensoría del Pueblo, (hay dos causas judiciales abiertas), e investigados, además, por la Procuración del Gobierno Autónomo, lo que garantiza su fehaciente esclarecimiento.
Es sintomático, no obstante, que al compás de esas circunstancias hayan resucitado y cobrado vigor la propuesta de que la autopista costera pase por la Reserva Ecológica y, también, los acres juicios que la consideran un terreno baldío -o casi- digno de tener mejor destino (¿inmobiliario, tal vez?).
Resurrección que, es curioso, se ha producido justo cuando estaría en vías de ser concretado un acuerdo entre el Gobierno de la ciudad y las organizaciones ambientalistas no gubernamentales que manejan la Reserva, con la participación de la Sociedad Central de Arquitectos, para llamar a concurso de proyectos destinados a lograr el objetivo de que ese lugar sea un parque ambiental. O sea, interpretan las autoridades locales, "ciento por ciento parque sin dejar de ser ciento por ciento reserva, porque sería loquísimo destruir ese ambiente natural".
En ese caso, la Reserva se convertiría en inamovible. Calidad que perturbaría, acaso, las intenciones de convertir a toda esa zona en un lugar muy exclusivo. Tan exclusivo que a las diez de la noche de un viernes de hace más o menos un mes, un funcionario de la ciudad no pudo atravesar el puente de uso público de la calle Viamonte porque se lo impidieron -a él y a muchos otros automovilistas- los custodios de un exclusivo lugar de diversión, ubicado del otro lado del dique, donde se efectuaba una exclusiva fiesta.
