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Economía del conocimiento: una ley de consenso para destacar
Oficialismo y oposición pueden trabajar juntos y aportar soluciones. Lo hemos demostrado con la media sanción del proyecto de ley de economía del conocimiento. Ahora, su aprobación final espera en el Senado.
La clave de esta nueva ley radica en el diálogo y el consenso, dos elementos fundamentales de la política que debemos tomar como ejercicio cotidiano para el desarrollo de toda política pública. Mucho más en tiempos críticos que vive la Argentina, sea por una crisis económica o por una pandemia.
Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la economía del conocimiento? ¿Por qué es fundamental, y más en esta época, tener un marco legal y jurídico para esta industria, que estaba desamparada durante los meses que el gobierno decidió suspender los efectos de la ley anterior?
La economía del conocimiento refiere a instrumentos y sistemas que, con la tecnología como herramienta, generan innumerables productos y contenidos que hacen a nuestra vida diaria. Hoy, mientras atravesamos la pandemia del Covid-19, se destacó aún más con el teletrabajo, la telemedicina, las recetas digitales, la fabricación de máscaras 3D o barbijos en escala. Este sector de la industria abarca los satélites, la robótica, las aplicaciones, los videojuegos. Involucra la posibilidad de llegar a la vacuna contra el coronavirus a través de la biotecnología. Sin dudas, convivimos hoy con los productos de este sector mucho más que con otros, lo que muestra el impacto que tiene en nuestras vidas y en el futuro.
El mes pasado se cumplió un año de la ley que promovió el gobierno de Cambiemos, comprendiendo totalmente la necesidad de apoyar a este sector. En primer lugar, dándole continuidad a la ley de promoción de software que existe desde 2004, ampliando su alcance hacia otros sectores que no estaban incluidos pero que tienen un desarrollo mundial exponencial, y que es fundamental su promoción en la Argentina por el aporte de talentos y recursos humanos calificados que posee.
La Argentina es reconocida como el país mejor posicionado en generación de recursos humanos en tecnología, según el último informe Global Skills Index, un índice de la institución Coursera que evalúa las habilidades de los recursos humanos de los países a nivel mundial para hacer frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial y el futuro del trabajo. Esos talentos, en especial jóvenes, necesitan un marco regulatorio para promover sus ideas y llevarlas a cabo, convertirlas en grandes empresas que generen una industria sólida para incrementar su caudal de recursos humanos. Necesitamos que estas empresas se instalen y se desarrollen en nuestro país, que inviertan en capital humano, y generen puestos de trabajo de calidad. Allí radica el principal objetivo de esta ley.
Desde que el gobierno decidió dejar inactiva esta ley en diciembre pasado, el sector sufrió un impacto negativo. Los recursos humanos fueron a buscar nuevos trabajos a otras latitudes sin salir de sus casas, este sector tiene esta posibilidad, y muchos de ellos quedaron en estado de alerta, ya que, al no tener reglas de juego claras, sus emprendimientos corrían serios riesgos.
Como oposición nos ocupamos inmediatamente, alertando las necesidades del sector. Consideramos que es clave para el desarrollo sostenible de nuestro país. Conocemos sus historias y sus realidades. Es el caso de Verónica Silva de 23 años, que creó una aplicación para facilitar que estudiantes accedan a la educación conectando alumnos con maestros de todo el país, o como Mateo Salvatto, un joven de 21 años que desarrolló una aplicación que funciona como traductor en tiempo real para personas con discapacidad auditiva. Fortalecer a esta industria es una política de Estado de largo plazo.
La legalidad y la seguridad jurídica son las principales herramientas que necesita cualquier sector industrial para desarrollarse
Todo este proceso contrasta fuertemente con las últimas decisiones que tomó el gobierno. El reciente DNU para intervenir transitoriamente la empresa Vicentin implica una idea de modelo industrial con un rol intervencionista del Estado que fricciona con las necesidades de un mercado exportador y de inversión nacional e internacional. El modelo agropecuario para nuestro país es el principal generador de divisas, así como también el sector de la industria del conocimiento está en el tercer lugar. Ambos sectores nos ofrecen insumos para enfrentar la crisis en el corto plazo, y nos marcan un horizonte para pensar estratégicamente nuestro país.
La legalidad y la seguridad jurídica son las principales herramientas que necesita cualquier sector industrial para desarrollarse. La anomalía en la que ingresó este gobierno cuando dejó inactiva la ley de economía del conocimiento, y la intervención de dudosa constitucionalidad de la empresa concursada Vicentin, nos encuentran a la oposición, siempre del mismo lado: defendiendo el debate público, la división de poderes y el respeto por las instituciones. Nuestra democracia garantiza las libertades individuales, la división de poderes, el federalismo y la propiedad privada. Hacer lo contrario implica atropellos, autoritarismo y acumulación de poder. Nada de lo que necesita hoy la Argentina.
Cuidar y potenciar a la economía del conocimiento es nuestro objetivo. Hoy celebramos que los diputados pudimos debatir, acordar y aprobar, con un amplio apoyo de los bloques mayoritarios, una ley fundamental para continuar incentivando a esta industria. Esta norma es una herramienta que nos permite actuar hoy, para hacer realidad la Argentina del futuro.
Diputada nacional de la UCR en Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires
