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Educación, la asignatura pendiente
La Ley de Libertad Educativa, cuya sanción suscitará un debate caluroso, reemplazará la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006, que no revirtió la ruina progresiva de los últimos 50 años. Existe un consenso prevalente respecto de los múltiples factores que aceleraron el deterioro, a pesar de los máximos históricos de inversión entre 2000 y 2015. Inestabilidad macroeconómica crónica, merma de la formación docente, pérdida de exigencia académica y desprecio por la cultura del esfuerzo. La pésima imagen pública del sindicalismo, siempre renuente a evaluaciones y capacitaciones obligatorias, se debe a su falta de profesionalismo y sombras de corrupción. La prolongada suspensión de clases durante la pandemia no solo abonó la deserción, sino que diezmó la integridad emocional de niños y adolescentes. Cabe cuestionar también si la debacle educativa en la Argentina es de presupuesto o de inoperancia en la gestión, como lo evidencia la provincia de Buenos Aires o la vergonzosa performance de Tierra del Fuego, ambos casos de público conocimiento.
La administración Milei enfrenta un enorme desafío en educación, pues debe honrar dos principios clave del republicanismo: la libertad y la igualdad. La “libertad educativa” se despliega en un repertorio de medidas que potencian el rol de familias, escuelas y jurisdicciones. La retracción del Estado y la puesta en valor de las comunidades a la hora de tomar decisiones que honren la idiosincrasia familiar o las necesidades locales en su diversidad de formas, es una medida políticamente liberal, signo de una sociedad plural y responsable.
Si bien el Estado provee los contenidos mínimos e indispensables para la formación de futuros ciudadanos, la propuesta de ley no refiere solamente la formación cívica o la historiografía. En un lenguaje permeado de retórica humanista, alude a la “formación integral y continua”. Postula un objetivo ambicioso que comprende las “dimensiones intelectual, afectiva, cultural, social, ciudadana, estética, ética y espiritual”. Cierto es que el Estado determina contenidos comunes y garantiza el cumplimiento del año escolar; fiscaliza, acompaña y coordina. Sin embargo, el proyecto suprime significativamente su gravitación en “estrategias didácticas”, “elaboración de planes de estudio”, “reglamentos de funcionamiento” o “selección de personal”. La educación en el hogar, en plataformas virtuales, inclusive la “educación abierta” ubicada fuera de los lindes de la educación formal, son formas de desplazar la responsabilidad a padres, escuelas y comunidades locales. Libertad significa autonomía y la autonomía es una égida del republicanismo.
Un ejemplo. Que el modelo tradicional de familia ha cambiado es un hecho objetivo, que no habilita a cancelar socialmente, mucho menos punir legalmente a quienes lo estimen preferible. Si bien existe un consenso generalizado del beneficio de la ESI en la escuela, su implementación, enfoque y contenidos deben ser discrecionales, pues cada institución educativa tiene autonomía para decidir “su proyecto pedagógico” y su ideario, “sea confesional o no confesional”, siempre y cuando cumpla con los contenidos comunes mínimos dispuestos por la ley.
Cuando las directrices y valoraciones de la familia y de la escuela discrepan, el único que pierde es el niño pues no puede gestionar el conflicto y queda preso de dos autoridades contrapuestas. Teóricos de la educación de la talla de John Bowlby y Lev Vygotsky sostienen que la coherencia relativa de familia y escuela es imprescindible para el desarrollo equilibrado. La seguridad afectiva y los vínculos emocionales del hogar, y la interacción social que provee la escuela, deben ir de la mano. Destacar el rol educador insustituible de la familia (en las diversas formas reconocidas por la Constitución), es estimar una sociedad plural que ejercita la libertad dentro de los límites del “respeto al orden constitucional, a la dignidad de las personas y los derechos humanos”.
La Ley de Libertad Educativa sirve también a la “justicia educativa” que promueve la igualdad de los ciudadanos. Si queremos un país igualitario, el punto de partida es la educación. Este es un gran reto para el gobierno de Javier Milei, pues si bien es cierto que la libertad es un principio indeclinable de las repúblicas, también lo es que jamás debe sacrificarse la igualdad a la creciente expansión de libertades. Natalio Botana enseña que una sociedad con igualdad pero sin libertad, es despótica. En cambio, una sociedad con libertad, pero sin igualdad, es aristocrática. Desregular y descentralizar abona la libertad, pero puede atentar contra la igualdad. El principio de subsidiariedad del Estado libera familias, escuelas y jurisdicciones, pero podría profundizar aún más las desigualdades.
Que los privilegios sean incompatibles con el republicanismo no es un argumento contra la meritocracia, denostada durante el período K para enmascarar la catástrofe de su gestión. No reconocer los méritos es contrario a la dignidad de las personas. El Enes, al concluir el secundario, evaluaría comprehensivamente conocimientos y habilidades para “la vida académica, el mundo del trabajo y el ejercicio de la ciudadanía”. Es deseable su obligatoriedad, pues es imposible corregir lo que no se puede medir.
El proyecto traslada el financiamiento a las jurisdicciones y consigna que el Estado sostiene solamente las “acciones propias de la política educativa nacional”. Pero la ley en ciernes debe reconocer las penosas desigualdades de provincias y municipios. Un país pobre como el nuestro podría requeir una síntesis virtuosa del proyecto liberal descentralizador, por un lado, y la gravitación estatal a ultranza, por otro. Aunque la inoperancia y corrupción vernáculas son harto probadas, la estricta rendición de cuentas rectificaría la gestión. Una posición intermedia entre la desregulación que impulsa el proyecto, que domestica sin anestesia los consabidos “gastos discrecionales” y “duplicaciones” y la presencia estatal fuerte en financiamiento y fiscalización en jurisdicciones pobres, podría ayudarnos a completar nuestra asignatura pendiente.
En países desiguales como la Argentina, el Estado debe prevalecer asegurando contenidos mínimos uniformes, evaluando periódicamente, financiando y garantizando la igualdad de oportunidades. A su vez, emancipar a las familias y comunidades menores de la asfixia del Estado es signo de madurez de una comunidad tolerante, que “ejercita la ciudadanía en una sociedad libre y plural, fundada en el respeto al orden constitucional”.
Por Elisa Goyenechea
Tipo de trabajo:
opinión
