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El acta de defunción del lawfare
En los albores del gobierno de Néstor Kirchner fueron iniciados juicios políticos contra algunos jueces de la Corte. Con las renuncias inducidas de tres jueces y la de Belluscio, de nueve jueces que integraban la Corte, seis fueron decapitados, con cuatro renuncias forzadas y dos destituciones, de las cuales en una de ellas se impuso además la inhabilitación para ejercer cargos públicos que no se cumplió, porque continuó en la Universidad de Buenos Aires.
Dos destituciones fueron dispuestas solamente por el contenido de los votos de cada uno de los jueces y una de ellas “solo por aplicar la ley”. Con el tiempo falleció Petracchi, hijo del noble e ilustre Procurador General de la Nación. Petracchi, juez de la Corte, asociado al diputado Falú y a un sobreviviente periodista de Pagina12, muy influyente en aquel gobierno y en el actual, orquestaron la renuncia de Belluscio y la última destitución en setiembre de 2005, sólo un día después de que una Corte de conjueces, por excusación de los jueces naturales, lo restituyera en su cargo por haber sido suspendido ilegalmente.
Así comenzó a funcionar la nueva Corte. Tras la renuncia también prolongadamente forzada del anciano juez Fayt quedó configurada su nueva constitución. En suma, de nueve jueces, siete fueron forzados a dejar la Corte.
Sobre el juez Lorenzetti hubo varios intentos de remoción por juicio político, con apoyo en algunos libros. Pero no había los votos suficientes para su destitución. Los jueces Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz también fueron escarnecidos con versiones publicadas en las redes, campañas de desprestigio a cuentagotas, como la llamada “mayoría automática” que jamás he integrado ni fue respaldada por la comparación alguna de los votos, aunque fue sí eficiente letanía de desprestigio.
No deja de ser lacerante y absurdo que quien destituyó a un juez de la Corte “solo por aplicar la ley” luche ahora por modificar al alto tribunal que podría llevarla a una condena por corrupción. En aquel caso no se probó “mal desempeño” y en este se pretende impedir que se la juzgue nada menos que por una fortuna ganada por corrupción que haría empalidecer a los actuales magnates rusos.
Lo objetivamente cierto es que la Corte actual, por unanimidad, condenó severamente los argumentos de la vice, ella también una abogada exitosa, para desacreditar las pruebas ya producidas en su contra. Calificó a sus argumentos de lawfare como conjeturas sin sustento y rechazo doce recursos. Dijo que el hecho de que se juzgara a la vicepresidenta no convierte al caso en uno de gravedad institucional. La Corte confirmó la intervención de la sala IV de Casación. Juzgó que la sentencia de Santa Cruz tuvo “nula” actividad investigativa, no hubo participación fiscal y no se refería a funcionarios nacionales liderando una asociación ilícita.
Es el acta de defunción de la doctrina del lawfare. En tribunales nadie parece dudar ahora acerca de su eventual condena. Después de este fallo es difícil imaginar siquiera como podría ser eludida en derecho una sentencia sobre corrupción. Es evidente que, en los hechos, la imaginación podría volar por los cielos o, más probablemente, por los infiernos.
En estos días la oposición teme que se agudicen los ataques contra la Corte, que acaba de rechazar los planteos de la vicepresidenta y allana la vía de un escandaloso juicio por corrupción. El gobierno queda ahora a un paso del abismo.
Expresidente y exjuez de la Corte Suprema. Profesor de la UBA (1971-2021), exjuez del Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya
