El Astillero Río Santiago
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LA NACION
Nuevamente el Estado, en este caso el de la provincia de Buenos Aires, debe resolver la situación de una empresa que tiene asignada una importante partida dentro del presupuesto provincial y que ni remotamente genera ingresos proporcionados en función de los gastos que ocasiona.Nos referimos al Astillero Río Santiago, que tiene su sede en la localidad de Ensenada y cuyos trabajadores protagonizaron hace pocos días una violenta protesta en defensa de sus puestos de trabajo.
Durante esa manifestación, un grupo no menor de activistas intentó derribar la reja perimetral de la sede de la gobernación bonaerense, rompió varios vidrios a pedradas, invadió todas las oficinas, intimó a los empleados e intervino sus computadoras.
Con anterioridad los trabajadores habían cortado durante más de una hora el ingreso y egreso de La Plata por la autopista a Buenos Aires, y posteriormente se concentraron en pleno centro de la capital bonaerense.
Según lo manifestado por el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, el Astillero Río Santiago, transferido en 1992 de la Nación a la provincia de Buenos Aires, "funciona con un estándar de producción muy bajo" y lo exiguo que recauda proviene de reparaciones menores.
El ministro detalló que el astillero cuenta con una dotación de 3200 personas y les cuesta a los bonaerenses 3500 millones de pesos al año, destinándose casi la totalidad de dicho monto al pago del salario de los trabajadores. Señaló además que desde hace "más de diez años el astillero no hace ningún barco", toda vez que hacer un barco en el Astillero Río Santiago cuesta diez veces más que en cualquier parte del mundo".
El funcionamiento del astillero presenta además otras irregularidades. Por ejemplo, en el comedor, donde se desembolsan fondos para alimentar a la totalidad de los empleados pese a que concurren menos de la mitad.
Hay que tener en cuenta, además, que el sueldo promedio de los trabajadores es de 46.000 pesos mensuales y aunque no está establecido en el convenio colectivo, cobran 14 sueldos por año. También existe un plus por productividad, pese a que la empresa no produce barcos.
Se sospecha que hay un desmanejo con los llamados "dispensados". El gremio, por resolución de una asamblea realizada varios años atrás, le solicitó a la empresa dispensar a los trabajadores que estaban cerca de jubilarse para que se vayan adaptando a la nueva etapa. Así, los obreros dejan de trabajar un año antes, pero cobran el sueldo completo hasta su retiro.
De no adoptarse medidas que modifiquen estos privilegios que, según indicó Lacunza, obtuvo el gremio "en complicidad con gobiernos anteriores", el astillero seguirá resultando inviable. Una de las alternativas que se encuentra en estudio es dividir la empresa en dos: una naviera más pequeña y otra empresa dedicada a la obra pública.
Hace dos décadas la mitad de sus ingresos provenía de los buques que hacía; ahora con su producción apenas cubre el 1% de los costos operativos. El resto lo aporta el erario público con los impuestos que pagan los bonaerenses, quienes soportan, al igual que el resto de los contribuyentes, una intolerable presión tributaria.
En cualquiera de las variantes que se adopten el gasto desproporcionado que arrastra el Astillero Río Santiago debe necesariamente reducirse.
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