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El cambio climático está entre nosotros y no se va a ir
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Los eventos climáticos extremos son la nueva normalidad: incendios, inundaciones y olas de calor llegaron para quedarse. Con un gobierno nacional reacio a impulsar medidas de adaptación y mitigación, los gobiernos locales, las empresas y la sociedad civil deben tomar la iniciativa.
En la Argentina, el cambio climático suele considerarse una agenda de segundo o tercer orden, desvinculada de las principales prioridades nacionales. No sólo para el Poder Ejecutivo nacional, que niega abiertamente su origen humano. También el Congreso, los gobiernos subnacionales, el sector privado, los sindicatos y muchas organizaciones sociales subestiman su importancia. En un país tan convulsionado como la Argentina, es habitual que los desafíos económicos y las urgencias diarias no dejen ver más allá, incluso si hablamos de un fenómeno que está transformando al mundo y que va a definir al siglo XXI.
Pero el calentamiento global se acerca a los 1,5°C respecto a los niveles preindustriales y trae consigo un clima más extremo y más impredecible. Olas de calor, sequías, inundaciones e incendios ya no son proyecciones de un futuro lejano, sino hechos concretos, cada vez más intensos y frecuentes, que impactan en ecosistemas, economías y sociedades. Y, en la búsqueda de adaptarse y de mitigar el cambio climático, están cambiando las políticas, las tecnologías, las dinámicas de producción y las preferencias sociales. También, las reglas y los parámetros bajo los cuales los países se desarrollan e insertan en el mundo.
De esta forma, el cambio climático se convirtió en una megatendencia global, una fuerza que lo transforma todo y que obliga a todos los actores a reconsiderar sus actividades, tanto para adaptarse a las consecuencias de un clima cada vez más adverso, como para cumplir con el imperativo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pero, ¿qué nos toca en la Argentina? Está claro que nuestro país no está entre los principales responsables del cambio climático: representó el 0,5% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) en 2023, mientras China es el 31%, Estados Unidos el 13% e India el 8%. Sin embargo, Argentina no forma parte del grupo de países cuyas emisiones pueden considerarse irrelevantes, ni tampoco del conjunto de naciones menos desarrolladas y más vulnerables. Es un país de ingresos medios, que ocupa el puesto número 20 en el ranking de mayores emisores de gases de efecto invernadero en 2023 y posee una tasa de emisiones per cápita cercana al promedio mundial. Para la Argentina, el desafío es reducir su exposición al riesgo climático y aprovechar todas las oportunidades que abre la transición verde para impulsar su proceso de desarrollo: generar empleo, atraer inversiones, acceder a financiamiento asequible y fortalecer sus capacidades productivas.
Riesgos y oportunidades de un planeta más caliente
Las imágenes de las inundaciones de Bahía Blanca, con el saldo de al menos 17 personas fallecidas y más de 1400 evacuados, no dejan dudas respecto a los impactos sociales que tienen los fenómenos climáticos extremos. En efecto, las inundaciones han sido el evento climático que más personas han sufrido en la Argentina entre 1900 y 2021, con un total de 15 millones de personas afectadas. Los barrios populares de la Argentina están particularmente expuestos: según un relevamiento de la organización TECHO, el 48% de ellos están asentados en zonas inundables. También son cada vez más intensas las olas de calor, que en ciudades no sólo traen sofocamiento, sino también cortes de luz. Y ni hablar de los incendios forestales, que en 2025 afectaron a 150 mil hectáreas.
Estamos en un país que, además, es particularmente vulnerable al clima por la importancia de su sector agropecuario. La sequía de la campaña 2022/23 resultó en una caída de 2,2% del PIB, la pérdida de USD 3554 millones en ingresos tributarios (derechos de exportación e impuesto a las ganancias) y de USD 8000 millones en exportaciones. Si no se implementan medidas de adaptación, para 2050 el cambio climático podría reducir los rendimientos en la producción de girasol en hasta un 10%, de maíz y trigo en un 30%, y de soja en un 50%.
Pero no son todos riesgos y problemas. El cambio climático también obliga al mundo a revisar sus condiciones de producción y de consumo, lo que puede, cuando se planifica de manera adecuada, ser también una oportunidad para el desarrollo económico y social. En este sentido, la transición hacia la sostenibilidad puede ser una oportunidad para la Argentina. Nuestro país tiene abundantes recursos mineros críticos para las tecnologías limpias, sobre todo para la minería de litio y cobre, condiciones geográficas óptimas para las energías renovables, y cuenta con un tejido productivo con posibilidades de hacer apuestas estratégicas en mercados promisorios, como el biotecnológico o de tecnología nuclear.
Nuevos capitanes para un barco a la deriva
A pesar de la urgencia, la Argentina viene navegando esta transformación sin un rumbo claro. Si bien en las últimas décadas se sancionaron leyes ambientales —las cuales permitieron, por ejemplo, reducir la deforestación e incrementar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables—, creció el conocimiento público sobre el tema y se consolidaron capacidades estatales en los gobiernos, la implementación de medidas de adaptación y mitigación está rezagada. Aún no logramos integrar el cambio climático como un eje central en la toma de decisiones, lo que nos lleva a perder tiempo crucial para avanzar en la adaptación y a desaprovechar oportunidades estratégicas que podrían potenciar nuestro desarrollo en el marco de la transición verde.
A nivel global, quienes suelen llevar la batuta de este proceso son los Estados nacionales: establecen un rumbo y condiciones de entorno para que empresas, organizaciones y consumidores puedan planificar y tomar decisiones. Sin embargo, en un contexto en donde el gobierno ignora la agenda, es necesario que sean otras las instituciones que tomen nota de la urgencia y adopten acciones. Y son muchas las transformaciones que, desde abajo, pueden sumarse para traccionar cambios relevantes. La sociedad civil puede desempeñar un papel crucial sosteniendo la discusión, presionando a los actores para generar transformaciones y creando redes de cooperación. Los gobiernos subnacionales pueden implementar políticas de adaptación y mitigación, y fortalecer sus capacidades y conocimiento sobre la temática. El sector privado puede impulsar su acción climática, adaptando sus cadenas de suministro y reduciendo sus emisiones. El proceso está en marcha, más rápido o más lento, y es ya indetenible. Está en cada uno de nosotros encontrar nuevas formas de marcar el rumbo.
*Ambas autoras son investigadoras de Fundar. Elisabeth Möhle es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad del Salvador, Magister en Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo por la Universidad Nacional General San Martín (UNSAM) y Georgetown University. Ana Julia Aneise es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y Derecho del Cambio Climático por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestranda en Desarrollo Energético Sustentable por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
