El corporativismo, la góndola y el Estado
Lo que se percibe como un problema en las góndolas es el resultado de una falta de competencia. Todos estamos cansados de ir y encontrar pocas marcas (y aún menos empresas) ofreciendo alternativas para que podamos elegir por precio o calidad, exclusivamente basados en nuestras preferencias. Terminamos comprando caro, menos o en disgusto.
Hay dos formas muy diferentes de explicar la falta de alternativas como un problema de competencia. El actual Gobierno, que entiende que solamente existe un abuso por parte de los supermercados, que limita al universo de oferentes y obtiene una mayor rentabilidad gracias a ello. Creo que la situación no es tan sencilla y así es como sostengo que la Argentina necesita una ley más amplia para solucionarlo.
La propuesta de ley de Elisa Carrió que impulsamos partía del diagnóstico de un mercado con muchas restricciones que se superponen en diferentes instancias de la cadena de valor alimenticia. Es decir, en la cadena de producción, industrialización y distribución de cada uno de los productos que van a las góndolas.
Las restricciones existen en el supermercado, sí, pero no exclusivamente ahí. Abordar el problema en forma completa necesita de una ley que atienda toda la cadena de valor alimenticia y, por lo tanto, fomente la competencia peldaño por peldaño. De modo similar a como esto es abordado en países como España, Inglaterra y Francia, por mencionar casos específicos.
Con nuestra propuesta (Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia) recorrí barrios de la Ciudad pero también muchas ciudades y pueblos del interior. Me encontré con que había una enorme expectativa cuando hablábamos de las góndolas pensando la relación industria-productores, distribución-industria, y distribución-supermercados. En todos estos ámbitos existen problemas de concentración económica, todos con restricciones irrazonables y todos están expuestos a los abusos.
A un problema global se responde con una solución global. Propusimos formalización contractual en toda la cadena, prohibición de modificaciones unilaterales y de toda transferencia del riesgo empresario, tipificación de conductas de deslealtad comercial y anticompetitivas, comunes en la cadena alimentaria, y, obviamente, estrategias de fomento de la competencia para las góndolas.
Nos encontramos con un cambio de gobierno en medio de este debate que alteró muchas cosas. Un proyecto como el que proponíamos implicaba dejar de lado la teoría corporativa donde pactar entre pocos es mejor que la competencia entre muchos. El actual Gobierno cree en las corporaciones, donde tus amigos del lobby son quienes bajan los precios, regalan medicamentos o reducen sus exportaciones. Es decir, una base ideológica completamente diferente para la ley.
Más allá de la pérdida de la oportunidad de un abordaje integral del problema, llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados entre todos los bloques políticos con diferencias circunscriptas en los artículos 7, 13 y 18.
En lo personal creo que intentar solucionar todo con una participación máxima y mínima en góndolas, chocará con la falta de abordaje de las restricciones de competencia en toda la cadena de valor. Es decir que no habrá oferta suficiente para cumplir con la manda de la ley.
Los argentinos nos merecemos poner en crisis un modelo corporativo que solamente nos ha empobrecido durante las últimas décadas. La competencia no puede ser un jingle de campaña o el latiguillo legal para aplicar una sanción. Pensar competitivamente es debatir los supuestos resultados que nos trae la mesa chica político-empresarial.
Pensar políticas públicas de fomento de la competencia es utilizar las herramientas de los incentivos y desincentivos económicos para un bien público. De esta forma, el método dispone tener a la militancia política controlando los precios cuidados.
A pesar de las diferencias, esta ley será un avance para la legislación argentina en cuanto a la participación del Estado frente a la consolidación de prácticas abusivas y de deslealtad.
De hecho, el debate mismo resultó en grandes avances. Lilita planteó esta ley como un capítulo en la Ley de Defensa de la Competencia, ley que fue sancionada y mejorada. Durante el debate de esta ley de góndolas, el gobierno del expresidente Mauricio Macri modificó el sistema de lealtad comercial, tipificando prácticas de competencia desleal. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia realizó un estudio de mercado, recientemente publicado, promoviendo un Código de Buenas Prácticas para las cadenas de supermercados en mayo del 2019.
Decir todo esto no me quita el deseo de que algún día nos animemos a romper con el statu quo que tanto nos ha achicado como país. El Estado puede promover los acuerdos corporativos como una parte más de esa mesa, o ser un agente disruptivo que persiga y sancione al corporativismo.
Nuestro objetivo debe ser que tengamos cientos y cientos de grandes empresas compitiendo por ofrecer mejores precios en nuestras góndolas. Pero para poder hacer eso, tenemos que mirar el bosque y no solamente el árbol.
Por Hernán Reyes
