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El costo de la cesación de pagos
Luego de la exitosa salida del cepo cambiario, que sólo había generado estancamiento económico y congelamiento del empleo masivo, el gobierno nacional encauzó un tema central para el futuro de la Argentina. La salida del default a tres meses del recambio presidencial es sinónimo de gestión, confianza y previsibilidad de cara a los desafíos económicos y financieros de los próximos cuatro años.
Un acuerdo con los acreedores recalcitrantes le permitirá al gobierno nacional volver a los mercados internacionales de deuda. Este arreglo marca el paso fundamental en la normalización de la relación de la Argentina con el mercado de capitales, que nos permitirá acceder a crédito externo de largo plazo para financiar inversiones en infraestructura y acercarnos a la meta de reducción del desempleo y pobreza cero de esta administración.
Si bien la reducción del riesgo país y consecuentemente de la tasa de interés será progresiva en el recupero del crédito, también beneficiará a la gente, en la medida en que contribuirá a reducir el costo de los créditos para empresas e individuos.
Antes de dar vuelta la página, analicemos el tremendo costo que la falsa epopeya de "patria o buitres" nos significó a todos los argentinos.
Cerrado el canje de 2010, existía una porción de tenedores de deuda (7,6%) que no había aceptado las condiciones de aquél, parte de los cuales obtuvieron un fallo favorable en los Estados Unidos en junio de 2014.
En este contexto existen al menos cuatro ítems sobre los cuales puede cuantificarse el costo para el país de haber quedado marginado de los mercados internacionales de crédito desde 2010.
En primer lugar, está el castigo por la cesación de pagos, que disparó intereses muy superiores a la tasa original. Se terminarán pagando unos 9800 millones de dólares sobre un monto original de US$ 4682 millones (costo US$ 5131 millones).
En segunda instancia, las emisiones en moneda externa que el país realizó de 2010 a la fecha tuvieron que hacerse a un costo mayor que las de los países vecinos. Contemplando que el Gobierno emitió unos 15.500 millones de dólares (sin incluir el canje de 2010), ello implica haber pagado 1858 millones de dólares por tasas mayores que las de otras economías emergentes.
En tercer término, las reservas empleadas para el pago de compromisos internacionales entre 2010 y 2015, por las cuales el BCRA recibió letras intransferibles del Tesoro Nacional, representaron una disminución del stock de capital propio del país. El activo "envilecido" por letras intransferibles ascendió a 48.388 millones de dólares.
Por último, el conflicto con los acreedores remisos seguramente explica buena parte de la brutal caída de la inversión extranjera directa (IED) en la Argentina. Nuestro país, entre 1990 y 2009, recibió el 10% de la IED de América latina, mientras que entre 2010 y 2014 obtuvo el 5%. Eso implica haber perdido 45.403 millones de dólares de inversiones en la economía real en los últimos años.
Estos cuatro puntos sumados implicarían un costo de 100.780 millones de dólares.
Aun ignorando la implicancia moral de no cumplir con los compromisos y las sentencias judiciales, existen razones prácticas para salir del default. La aventura ha sido muy cara. Hoy somos mucho más pobres.
El acuerdo alcanzado se traducirá en más y mejores rutas, puentes, escuelas y hospitales. Volver al financiamiento externo va a permitirles a la Nación, las provincias, municipios, bancos, emprendedores y pymes desarrollar todo su potencial y generar nuevos puestos de trabajo. Ése es el desafío que tenemos por delante. Y es responsabilidad del oficialismo y la oposición trabajar en equipo para volver a poner a la Argentina de pie.
Presidente del Banco Provincia
