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El cuidado de la salud como política de Estado
En la Argentina hace falta un gran acuerdo nacional sobre salud y educación, que debe consolidarse en verdaderas políticas de Estado.
Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan su accionar en el largo plazo, a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. La salud y el sistema de salud no forman parte de la agenda de los diferentes espacios que pretenden conducir los destinos del país los próximos años.
En el mundo hoy se debate sobre los sistemas de salud y la búsqueda de una cobertura universal solidaria que garantice el acceso de la población a prestaciones universales básicas que permitan mejorar la calidad de vida a nivel global.
La mayoría de los gobiernos de las economías centrales han entendido que la convergencia entre economía y salud son esenciales, ya que el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, el potencial humano y la capacidad de progreso de las personas son un vector fundamental en un proceso integral de desarrollo.
En la Argentina de alguna manera se está recorriendo el camino inverso. En primer término, la dirigencia y la sociedad deben terminar de aceptar que la salud tiene costo y acto seguido comprender que a ese costo hay que asumirlo.
El sistema de salud argentino, fragmentado, desintegrado, mal descentralizado y desfinanciado es el resultado de la evolución de parches que han ido degradando tanto su naturaleza como su eficacia. Un sistema de características solidarias que en su momento tuvo capacidad de respuesta hoy está inmerso en un sinnúmero de inconsistencias y asimetrías que perjudican gravemente a los pacientes y hacen entrar en escenarios de inviabilidad a los prestadores (médicos).
El sistema argentino de origen bismarckiano, al igual que el sistema previsional, basado o solventado por un régimen contributivo, ha sido cargado o ampliado con regímenes especiales, reconociendo derechos -en buena hora-, pero carentes de contribución alguna o con contribuciones insuficientes a las necesidades del propio sistema y sobre todo de sus usuarios.
Otro capítulo es el rol del Estado como ente de control, como árbitro y como financiador del sistema.
Si bien el acceso a la salud está consagrado como un derecho garantizado por el Estado en la Constitución Nacional. El rol del estado como protagonista del sistema de salud disminuye de manera constante, quedando reducido en todas sus dimensiones y delegando la administración de fondos de interés público en organizaciones como las obras sociales sindicales, donde no tienen el control efectivo; en las prepagas, como herramientas sustitutas de acceso a la salud y no como suplementos o complementos de la responsabilidad indelegable del Estado de rango constitucional mencionada; y en la descentralización absolutamente descoordinada en sus tres niveles del subsistema público; Nación, provincias y municipios.
La OMS, luego de la pandemia, sugirió el fortalecimiento a nivel global de los sistemas de salud. En esa línea sugiere que el gasto público en salud debe representar al menos el 6% del PBI. En la Argentina el gasto público en salud asciende al 2,7%. El 0,5% a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, 1,8% las provincias, 0,4% los municipios. El PAMI representa el 0,9%. El 3% del PBI lo administran las obras sociales. El resto 2,8 % del PBI, corresponde al gasto privado que se reparte entre el denominado gasto directo y primas de seguros.
En síntesis, la Argentina gasta en salud cerca del 9% del su PBI, U$S 50.000 millones anuales. El gasto público asciende sólo al 2,7% del PBI, menos de la mitad de lo recomendado por la OMS. El Ministerio de Salud tiene escasa injerencia en el funcionamiento del sector en su conjunto. Poco poder efectivo sobre la Seguridad Social y la descentralización de la provisión pública de los servicios de salud bajo la tutela de las provincias reduce aún más su relevancia. La Superintendencia de Servicios de Salud por su parte, tiene serias dificultades para abstraerse de criterios políticos que generalmente prevalecen por sobre criterios técnicos y no tiene poder sobre las obras sociales provinciales y sobre el PAMI.
Establecer claramente el rol del Estado es fundamental para poder llegar a donde el mercado no llega, porque no quiere o no puede. En el sector salud, la idea de que la lógica de mercado soluciona todo es inverosímil.
Para que ello ocurra, se deben dar una serie de condiciones para lograr la asignación eficiente de recursos a partir del juego de la oferta y la demanda. Precondiciones necesarias como acceso a información perfecta y simétrica por parte de los diferentes agentes; precios como referencias del valor real de los bienes y servicios dadas ciertas capacidades de producción y demanda, más la racionalidad de los actores. Requisitos que en el sector salud y los mercados de los seguros de salud no se cumplen de ninguna manera.
La necesidad de dar un debate profundo sobre nuestro sistema de salud es inminente y el mismo debe ser desarrollado en un marco de seriedad, decisión política, rigor técnico y despojado de cualquier mezquindad corporativa.
Debemos discutir de inmediato el diseño en el presente no sólo del modelo de sistema de salud más adecuado para nuestro país, sino el futuro de la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Para esta tarea es imprescindible que en esa mesa de grandes consensos y construcción de alternativas estén sentados los prestadores de salud con una mirada sanitaria y organizacional que integre y haga converger economía y salud en políticas de Estado.
Integrar el sistema significa definir el rol y el alcance del Estado y garantizar simultáneamente el derecho a la libre elección. Combinando Estado y mercado en su combinación más efectiva para que todos los argentinos tengan acceso a salud de calidad.
Magister en Administración de Servicios de la Salud- Secretario General de Cameof
