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El deporte y el Estado
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Los Juegos Olímpicos de Atlanta produjeron interés poco común en los aficionados locales, debido a entusiastas estimaciones previas sobre el probable desempeño de los representantes de nuestro país, las que, en los hechos, demostraron ser mayormente infundadas. Esa contingencia y otras que son también de conocimiento público propulsaron la renovación de la Secretaría de Deportes de la Nación y alentaron, en diversos sectores, la idea de que sería conveniente adoptar políticas más eficaces para fomentar la actividad deportiva.
Un proyecto de ley del deporte suscripto por varios diputados nacionales se encuentra entre las iniciativas en ese sentido. Se trata de 115 artículos, pródigos en los retóricos excesos voluntaristas que, como lo demuestra la experiencia -la vigente ley del deporte fue sancionada en 1974 y reglamentada en 1989-, carecen de aplicación práctica y subsisten como mera manifestación de aspiraciones.
Abunda, en efecto, en propuestas y contenidos estatizantes -"El deporte será tutelado y fomentado por el Estado...", anticipa el artículo 3°-, probablemente inspirados en la misma confusión que sustenta acerca de las finalidades del deporte. Principios elementales indican que el deporte debe propender al mejoramiento físico, mental y moral de quienes lo practican; este proyecto, en cambio, considera el deporte -de acuerdo con la concepción que habitualmente ha gozado de la preferencia de los totalitarismos de los más diversos signos- como una de las claves para el fortalecimiento de la identidad nacional; y pretende, por lo tanto, que la Argentina "necesita campeones, necesita títulos, necesita medallas, necesita éxitos deportivos, y todo porque ello trae aparejados estímulos y alegrías".
Sobre la base de tan particulares interpretaciones, el proyecto aspira a que el Estado se inmiscuya en todos los aspectos de la actividad deportiva, desde la infancia hasta la tercera edad y desde el deporte simplemente recreativo hasta el denominado deporte de alta competición. Reitera -lo que no debe extrañar, dado su carácter intervencionista- la pretensión de que las entidades vinculadas con deportes profesionales se conviertan en sociedades anónimas, un propósito que ignora, como ha expresado otras veces esta columna, los derechos de sus asociados, verdaderos propietarios de los clubes.
No es ésa la única propuesta con que se procura invadir jurisdicciones y asaltar el terreno de la iniciativa privada. El proyecto también prevé garantizar, como mínimo, la transmisión a todo el país de los espectáculos deportivos considerados de interés público, tomando partido en una agria disputa en que derechos, intereses económicos y apetencias políticas se entremezclan y se cruzan. Y sostiene que el Estado debe tutelar las federaciones deportivas, como entidades de naturaleza jurídica privada, pero con funciones administrativas de carácter público.
Los redactores, pues, parecen haber pasado por alto la diferencia entre fomentar y tutelar, o entre promover e intervenir, términos que no son precisamente sinónimos. Por eso, tal vez, requieren para el Estado la facultad de "proponer sanciones disciplinarias por infracciones cometidas en su actividad específica, a cualquiera de los actores de la actividad deportiva", y atacan el derecho de libre asociación al proponer que no podrá existir más de una liga profesional o federación nacional por cada disciplina deportiva.
Aunque contiene algunas iniciativas parciales positivas, el proyecto no oculta su anacrónica tendencia intervencionista: hasta prevé la creación del Consejo Superior del Deporte, sin reparar en que el determinismo burocrático ha sido uno de los factores de las confrontaciones de intereses subalternos que han desnaturalizado las prácticas deportivas y obstruido su crecimiento en nuestro país.
