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El desafío de sanear el sistema judicial
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Los argentinos debemos estar satisfechos (aunque cautelosos) de las decisiones tomadas los pasados 30 de junio y 14 de julio por el Consejo de la Magistratura, de auditar el funcionamiento de la Justicia federal.
Ante todo, cabe remarcar que lo ocurrido no constituyó un hecho aislado: la Corte Suprema de Justicia ya había reforzado las funciones del Consejo al ordenar la auditoría de los juzgados del trabajo y clarificó así las facultades del mismo Consejo. Este órgano asume sus responsabilidades con pleno vigor, frente a un contexto social de hartazgo generalizado: una sociedad que se siente ya objeto de burla ante hechos de corrupción que lindan lo grotesco. Es por eso que el pedido de auditoría al Consejo no proviene sólo de nuestra iniciativa como organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito judicial y encabezadas por el Colegio de Abogados de la ciudad, sino también de otras organizaciones que representan los más variados intereses y que, en definitiva, permiten que todos los argentinos avancemos hacia un libro blanco de la justicia.
En cuanto a las resoluciones votadas en el Consejo, surge una preocupación: si estas auditorías pueden, eventualmente, violar la independencia judicial o tener algún otro vicio de inconstitucionalidad en su proceder. La respuesta es contundente: definitivamente, no; y más aún teniendo en cuenta que la metodología de dicha auditoría será elaborada por el Consejo con el monitoreo de los peticionantes; y todos muy bien sabemos que no hay que dar ningún paso que pueda afectar esa independencia.
La propia Constitución Nacional, en su artículo 114, atribuye al Consejo de la Magistratura el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los magistrados y el dictado de los reglamentos necesarios para asegurar la eficaz prestación del servicio de Justicia. Por su parte, fue muy claro el Consejo en ambas reuniones respecto de cómo se realizará esta tarea, dando indicaciones precisas, de modo de salvaguardarse la constitucionalidad en el ejercicio efectivo de la auditoría, garantizando un trabajo serio y objetivo, pero realizado en tiempos breves que satisfagan las necesidades de una sociedad con derecho a exigir respuestas rápidas. El cumplimiento de estas tareas permitirá, además, que la Argentina cumpla con compromisos asumidos internacionalmente en la lucha activa contra la corrupción, incumplidos hasta el presente.
Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es: ¿éste es un plan que audita el pasado y concluiría allí su tarea? No: lo que queremos es pasar del libro negro al libro blanco de la Justicia. En el ámbito de la Justicia federal se debieron juzgar delitos muy graves incompatibles con la función pública: tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad y demás figuras tipificadas en nuestro Código Penal; sin embargo, las causas en cuestión no sólo se investigaron con una "inexplicable" demora, sino que sus resultados han sido la total impunidad de muchos de nuestros gobernantes que robaron y, en efecto, empobrecieron a la sociedad en su conjunto; hoy en día, son triste monedas corrientes frases del estilo: "A María Julia y a Jaime la política les soltó la mano, por eso son los únicos que están presos".
El desafío está en sanear al sistema de Justicia, así como a la imagen que la sociedad se ha construido de él. Esta tarea debe hacerse sin apartarse un milímetro de la Constitución Nacional; debe estar monitoreada por las organizaciones que la solicitaron y acompañada por la misma sociedad que debe, a su vez, controlarnos a quienes la hemos pedido. Ir hacia una Justicia más eficiente implica preguntarnos también por el perfil de jueces que deben contribuir en la lucha contra calamidades como el narcotráfico o el terrorismo, y que para peor están rodeados de espías que proveen de "información" (por supuesto, generalmente falsa) para desviar las investigaciones. Los desafíos son enormes, ineludibles en una democracia real. No nos achiquemos ante ellos, este es un llamado a no demorar la acción.
El autor es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles
