El desafío de transformar el país respetando los valores republicanos

La gran encrucijada en que se encuentra hoy la Argentina es poder realizar las transformaciones imprescindibles sin caer en abusos de poder ni destruir en el camino la república. Esto implica una altísima responsabilidad de todos los protagonistas del quehacer nacional.

El afán presidencial inicial de ir a “todo o nada”, soslayando las vías constitucionales, ya comienza a traer indeseables consecuencias. Con el conocido DNU 70, en vigor a partir del 29 de diciembre, ya se conoció el primer fallo judicial de la Cámara Nacional del Trabajo, que suspendió la parte de la reforma laboral incluida en dicho decreto. Y habrá más. La catarata de reclamos contra el Estado incluye una importante cantidad de amparos, al punto de que la Corte Suprema anunció que tratará la inconstitucionalidad o no del DNU 70 en febrero, una vez concluida la feria judicial.

Como es de público conocimiento, entre varias opciones, el Ejecutivo eligió emprender el camino de las reformas por la vía de un decreto de necesidad y urgencia, que modifica o deroga más de 300 normas. Sin la menor dilación, muchos juristas destacados catalogaron a dicho DNU como inconstitucional sobre la base de que no se configura ninguna circunstancia excepcional que impida el procedimiento de sanción de leyes por medio del Congreso. Otros, como Alberto Bianchi en un artículo publicado en este diario, han dicho lo contrario.

Debemos otorgar la debida importancia respecto del tema de las circunstancias excepcionales que el propio presidente de la Nación llamó a sesiones extraordinarias durante enero, incluyendo también el enorme proyecto de ley denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, conocido como ley ómnibus, que contiene en forma explícita en su artículo 654 la ratificación del citado decreto.

En un entramado complejo de descifrar, entrelazando aspectos cruciales con elementos de menor prioridad, ambos instrumentos suman avances positivos y cambios perjudiciales, junto con significativas omisiones. Todo ello, antes de ser aprobado, debe ser materia de un detallado análisis y debate. Ahora, el verdadero desafío es encontrar la manera de salvar lo positivo sin perder la república en el intento.

En el fondo, la gran paradoja es que, a pesar de estas evidentes flaquezas institucionales, muchas de las medidas propuestas reflejan largos anhelos de la ciudadanía, que muchos compartimos aun desde antes de que la fuerza hoy en el poder hubiera visto la luz.

En cuanto al DNU en cuestión, los pasos legales formales aún no se han cumplido. Está pendiente la constitución de la Comisión Bicameral Permanente, que debe tratarlo, según la ley vigente, luego de lo cual pasará a las dos cámaras del Congreso para la aprobación o el rechazo en su totalidad, a texto cerrado. Con solo una de las Cámaras que lo apruebe, tendrá fuerza de ley. Si esto no ocurre, el decreto seguirá en vigor, como tantos otros anteriores, habitando el universo de los DNU sin aprobación legislativa.

Por otra parte, la ley ómnibus redobla la apuesta incluyendo la declaración de la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social” con delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo nacional, por dos años prorrogables a otros dos. Es claro que la estrategia presidencial muestra una especial postura de “tómalo o déjalo” hacia el Congreso con la pretensión de que este ceda la mayor parte de sus facultades constitucionales por un período que podría abarcar, en los hechos, todo su mandato.

Además, el Ejecutivo, en medio de una debilidad numérica y fáctica en el Congreso pretende un tratamiento exprés integral durante enero, lo cual resulta materialmente inviable en virtud de la diversidad de temas abarcados y el hecho de que muchas comisiones legislativas ni siquiera han sido constituidas. Lo sensato será, entonces, debatir primero las cuestiones de mayor prioridad.

Como primera reflexión, alarma este enfoque de shock que lleva a las instituciones a un punto de máxima tensión. Al pretender un voto de confianza que abarque todo, se puede terminar obteniendo nada, desaprovechando así las oportunidades de progreso que la sociedad argentina demanda con urgencia. Asimismo, estas posiciones extremas pueden conducir hacia derivas autoritarias no deseadas, que erosionen el respeto por la democracia republicana y la separación de poderes.

Sin dudas la postura presidencial ha polarizado a la sociedad. Entre los opositores están aquellos que ven sus intereses particulares vulnerados y sus privilegios adquiridos en anteriores gobiernos eliminados o recortados, mientras que otros abogan por la preservación del Estado de Derecho. Es evidente que no todos son lo mismo ni deben ser puestos en la misma bolsa como enemigos del Gobierno.

Hay muchos que simplemente son conscientes de que la Constitución está viva, va más allá de ser un catálogo de sugerencias y merece el mayor de los respetos. Tienen presente que ese marco constitucional es el que brinda la seguridad jurídica necesaria para hacer de nuestro país una nación menos arbitraria, más predecible, y más atractiva y confiable en el mundo, con todos los beneficios que esto trae aparejado.

Para concluir, el momento político presente, teñido de complejidad conlleva un enorme aprendizaje para todos los sectores. Con el fin de avanzar en la imprescindible reconstrucción de la Argentina, el Ejecutivo deberá negociar, flexibilizar sus posturas fundamentalistas y honrar las instituciones, como ocurre en todas las sociedades libres del mundo.

Por otra parte, la tarea patriótica del Congreso consiste en asegurar la gobernabilidad, diferenciándola claramente de ese “buenismo”, que conlleva aprobar propuestas sin el suficiente análisis crítico, tal como algunos sugieren. Esto tampoco significa rechazar ciegamente las reformas positivas que son necesarias, como otros pretenden. En esta situación el rol del Poder Judicial adquiere una dimensión extraordinaria, pues le toca considerar los límites adecuados para preservar la institucionalidad que es la base de nuestra democracia republicana.

Por último, el gran desafío para la ciudadanía será abandonar el pensamiento mágico y comprender que no todo lo bueno sucederá aquí y ahora, y que, por sus consecuencias futuras, no hay atajo que valga la pena si este conduce al debilitamiento de nuestras instituciones.

En última instancia, la encrucijada en la que se encuentra nuestro país no es solo sobre un decreto o un conjunto de reformas específicas, sino sobre la esencia misma de nuestras prácticas democráticas. Sin una institucionalidad sólida y un firme respeto por la ley, los sueños de progreso y transformación se desvanecen en el aire.

Presidente de Iniciativa Republicana

Por Irma Argüello

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