El descarte nunca es la solución

A las pocas horas de asumir como Ministro, Ginés González García restituyó el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), proyecto de su antecesor y que había sido derogado por un decreto del expresidente Mauricio Macri.

¿Cuáles son los argumentos? Los mismos de siempre: que el aborto ya es legal en la Argentina porque está contemplado en el Código Penal y que es una cuestión de salud pública. Ambos son argumentos falaces, cuya refutación está al alcance de aquel que la quiera ver. La discusión termina siendo un debate sofístico, donde lo único que interesa es justificar la propia postura más allá de la realidad concreta.

Para quienes vivimos y trabajamos en esa realidad que el debate parece soslayar, la mirada es muy distinta. Todos los días tratamos con mujeres y niños que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, cuyos derechos no se encuentran plenamente garantizados y que muchas veces ni siquiera tienen la capacidad de acceder a aquellos servicios que el Estado les ofrece. Viven sumergidos en el abandono, el olvido y la indiferencia, y no tienen los recursos materiales, anímicos o emocionales para salir de esa situación.

Ofrecerles el aborto como una solución, es como querer sacar a alguien de un pozo empujándolo hacia abajo. No podemos ignorar las terribles consecuencias físicas y psicológicas que este genera y que están documentadas en numerosos estudios. Muchas de esas secuelas pueden no ser inmediatas, pero el daño, a la larga, es irreparable.

Está claro que no es la herramienta adecuada para bajar la mortalidad materna. En los países donde el aborto es legal, el número de muertes de este tipo se mantiene. Por el contrario, según una serie de estudios llevados adelante en Chile, la mortalidad materna desciende cuando las mujeres reciben mejor educación y llegan a niveles de formación más alto.

¿Qué significa esto? Que la mortalidad materna y los derechos de la mujer se garantizan brindando educación, acompañamiento y herramientas para gestionar y decidir sobre la propia vida. Y para lograr esto, no podemos gobernar con protocolos: necesitamos políticas públicas serias, documentadas, consensuadas y probadas; que tengan alcance nacional, con aplicación local. Que atiendan el corto plazo, pero que tengan objetivos a mediano y largo. Que ataquen las causas reales de la vulnerabilidad y no que escondan sus consecuencias. Que miren, respeten y acompañen a cada persona, en todas sus dimensiones. Porque el derecho a nacer es el primero y el más elemental, pero después el Estado también debe garantizar el desarrollo humano en toda su integridad, igualando oportunidades en las distintas etapas evolutivas.

El autor es presidente de la Asociación Civil Concordia, médico pediatra y secretario de salud y primera infancia de San Miguel