El enriquecimiento de los Kirchner

La investigación de presuntas maniobras de lavado de dinero mediante el falso alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner era, hasta el momento, la que más apremiaba a la ex presidenta tras abandonar el poder debido a la existencia de documentos irrefutables sobre los vínculos con el seudoempresario Lázaro Báez, quien pagaba por habitaciones que nadie ocupaba. Pero ahora se ha sumado otra grave denuncia, realizada por la diputada (GEN) Margarita Stolbizer, porque Cristina Kirchner no habría declarado por lo menos 10 plazos fijos de un total de 19 que heredó de su esposo.

De esta manera, el horizonte judicial que enfrenta la ex presidenta luce cada vez más sombrío luego de 12 años de impunidad. Por eso es preciso que la Justicia sea implacable y no deje de impulsar todas las causas de corrupción y abuso de poder que atañen a ex funcionarios del kirchnerismo. No se trata de revanchismo tras los ataques del kirchnerismo al Poder Judicial, sino simplemente de la aplicación de las leyes a quienes durante largo tiempo actuaron y se creyeron por encima de ellas, al mejor estilo feudal. Al mismo tiempo, se estará enviando un poderoso mensaje a los actuales y a los futuros funcionarios para que no incurran en actos semejantes.

En 2010, año en el que murió Néstor Kirchner, los 19 plazos fijos del ex presidente depositados en el Banco de Santa Cruz sumaban 33,7 millones de pesos, poco más de la mitad de sus bienes declarados, que ascendían a 60 millones de pesos. Según informó Clarín, el escrito que Stolbizer presentó ante la Justicia señala que, extrañamente, el trámite de la sucesión de Kirchner aún no concluyó y que en 2011 se designó a su hijo Máximo como administrador de la sucesión. Pero, afirma Stolbizer, "nunca se inscribió la declaratoria de herederos en los registros pertinentes en relación con los bienes del causante".

Stolbizer mencionó "irregularidades" en la inscripción oficial del patrimonio de Cristina Kirchner, al tiempo que solicitó que se la investigue por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en una declaración jurada. La nueva causa quedó a cargo del juez federal Sergio Torres y del fiscal Carlos Rívolo. La ex presidenta negó los hechos por medio de su contador, Víctor Alejandro Manzanares.

Las fundadas sospechas sobre el enriquecimiento ilícito de los Kirchner datan de hace varios años y se basan en las declaraciones juradas de bienes. Esos casos registraron picos sumamente escandalosos, como cuando el juez federal Norberto Oyarbide absolvió de forma absolutamente irregular al matrimonio presidencial de ese delito empleando los argumentos del contador Manzanares. Antes, también otro juez kirchnerista, Rodolfo Canicoba Corral, había cerrado otra causa por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, él y su esposa declararon siete millones de pesos. Al abandonar el poder, ella sumaba 64 millones, aunque, del estudio de sus declaraciones juradas que efectuó LA NACION surge que en 2010 llegó a los 80 millones, pero sufrió modificaciones por cambios en la normativa y por la muerte de su esposo. Su hijo Máximo ha declarado bienes por otros 36 millones de pesos.

Al margen de las cifras oficiales que son sólo la punta de un enorme iceberg, el valor real de los bienes de los Kirchner superaba en 2014 los 100 millones de pesos según la cotización que realizaron diversos especialistas, ya que la mayoría de los inmuebles se informaron con valores fiscales, que suelen ser muy inferiores a los valores de mercado.

En su reciente reunión con Stolbizer, el presidente Mauricio Macri le aseguró que Cristina Kirchner debía ser investigada en todas las causas de corrupción en las que se encuentra comprometida. Es preciso que así sea. Demasiados privilegios se arrogó mientras ejerció la primera magistratura.

Es impensable reconstruir la seriedad institucional de la Argentina si no hay una clara y categórica sanción a los gravísimos desvíos de poder de estos 12 años. Si no se sancionan esos abusos queda abierta la puerta para que en el futuro vuelvan a repetirse dado que no habrá costo alguno para quien incurra en ellos.

La Justicia ha sido demasiado lenta y condescendiente al investigar los famosos escándalos de la década menemista, al punto de que hace sólo pocos días concluyó con condenas al ex presidente Carlos Menem y otros funcionarios suyos el juicio oral por el cobro de fondos reservados, condenas que obviamente serán apeladas.

No debe ocurrir lo mismo con los delitos del kirchnerismo. Suele decirse con razón que la justicia lenta no es justicia. La ex presidenta ha cometido todo tipo de abusos de poder, entre ellos, el de mantener lejos de toda sanción judicial el injustificable e injustificado incremento del patrimonio familiar mientras el país se empobrecía. La sociedad necesita que, sin demoras, la Justicia realice una investigación en serio y se expida al respecto.