El fallo de la Corte, lejos de lo que Macri esperaba
El fallo que emitió hoy la Corte Suprema sobre el ajuste tarifario está lejos de lo que Mauricio Macri esperaba, y suponía que obtendría, anoche. Pero tampoco expresa a los críticos más duros de la política energética, que podrían sentirse representados por el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó .
El pronunciamiento de Ricardo Lorenzetti , Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti suspende el aumento de tarifas para los usuarios residenciales. Son los beneficiarios del 26% del monto total de subsidios que el Estado pretende suprimir. De modo que, al no pronunciarse sobre el ajuste dirigido a generadoras eléctricas, industrias y comercios, la Corte autoriza al fisco a retirar el 74% de los auxilios que había proyectado con el nuevo nivel de precios.
Quiere decir que Macri deberá gastar en subvenciones unos 1200 millones de dólares más de lo previsto con su aumento de tarifas. En la reunión que el Presidente realizó con los ministros ligados a este problema no celebraban este desenlace, pero no lo veían tan dramático. Se consolaban con que se podrá cobrar el aumento retroactivo a los mayores consumidores.
Esa percepción ignoraba un detalle principal, que debería volver al fallo un poco menos agradable para el oficialismo: la Corte sólo se pronunció sobre los clientes domiciliarios debido a que eran los que habían iniciado el reclamo. El texto de los jueces se extiende en la explicación del instituto llamado “acción de clase”, materia sobre la que Lorenzetti es especialista: es un reclamo realizado por una persona o institución en nombre de numerosos individuos que no tienen facilitado el acceso a la justicia. El tribunal ya había fijado sus criterios al respecto en el famoso caso “Halabi”. Sobre esta base conceptual redujo el alcance de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que abarcaba a todos los consumidores.
Que la Corte haya circunscripto su decisión a ese universo, no quiere decir que haya cerrado la puerta a las demandas de quienes ahora deben pagar. Los magistrados no ingresaron en esa materia. Si lo hicieran, quizá no les sería fácil coincidir. Pero lo que está claro es que comerciantes e industriales, sobre todo los medianos y pequeños, siguen teniendo abierta la vía del amparo. Dicho de otro modo: la controversia sobre las tarifas no se cerró con el acuerdo de esta mañana.
La Corte convalidó el sistema de audiencia pública para fijar el precio del transporte y la distribución de luz y electricidad. El Gobierno defendió el derecho a no realizar ese ritual hasta tanto se replantee todo el cuadro de precios. Sin embargo, Macri y sus colaboradores estaban dispuestos a que la Justicia no les diera la razón. Por lo tanto, este aspecto del fallo no los decepcionó.
Sí los tomó por sorpresa, por el nivel de complicación que supone, que los magistrados hayan indicado cómo debe ser esa consulta a los consumidores. La Corte descartó ayer la posibilidad de que sea un mero trámite, y pretende que antes de la audiencia se complete un ciclo informativo más exhaustivo que el suele practicarse. Por ejemplo: María Eugenia Vidal acotó las audiencias por el aumento de la tarifa del gas en Buenos Aires a una reunión de usuarios que se realizó en el principal estadio marplatense. Los jueces exigieron hoy un procedimiento más exigente. Maqueda y Rosatti, ambos constitucionalistas, citaron los debates de la Constituyente de 1994, donde se estableció que esas audiencias no debían ser meras consultas. Estuvieron a punto de decir que son vinculantes.
El aspecto del fallo que más desilusionó al Ejecutivo tiene que ver con el precio del gas en boca de pozo. Anoche Macri se fue a dormir pensando que la Corte excluiría su fijación de cualquier audiencia pública. El argumento oficial es que para el transporte y la distribución cabe tener que escuchar a los usuarios porque se trata de monopolios naturales, en los que el cliente no tiene escapatoria. En cambio, sostuvieron siempre los abogados del gabinete, el valor del gas está determinado por el movimiento del mercado.
El máximo tribunal aceptó ayer ese razonamiento. Con una acotación: en la actualidad existen varias normas que permiten al Estado intervenir en el precio de ese combustible. Mientras siga siendo así, sostuvo la Corte, el precio del gas también debe someterse audiencia pública. Y, si se la quiere evitar, el Ejecutivo debería derogar el decreto 181/2004 que regula el mercado del gas.
Esta doctrina merecía hoy al mediodía la objeción de varios técnicos del Poder Ejecutivo. Según ellos, la oferta de gas no es monopólica, aunque el Estado pueda intervenir en la fijación de precios, sobre todo mediante subvenciones. Uno de esos expertos comparaba: “Si se sigue ese criterio, cada vez que el Banco Central interviene en el mercado de cambios habría que llamar a audiencia pública para establecer la cotización del dólar”.
Aranguren fue el más enfático durante el encuentro con Macri: “En la práctica es imposible dejar el precio del gas librado por completo al juego de la oferta y la demanda. Además, desde el punto de vista empresarial, es imposible que el valor de ese combustible se vaya a las nubes con total libertad, y obligar a transportistas y distribuidores a realizar una audiencia antes de adecuar la tarifa para absorber ese costo”.
El principal temor de Macri es que la obligación de realizar audiencias para determinar el precio con que se celebran los contratos de compraventa de gas complique la llegada de inversiones al negocio de los hidrocarburos. Conclusión: la Corte abrió un nuevo debate en el seno del Poder Ejecutivo respecto del precio de los hidrocarburos. Ya existe uno, referido al precio sostén para el petróleo.
El fallo de la Corte es bastante más restrictivo que lo que Macri esperaba. Anoche él confiaba en que se autorizarían los aumentos, pero obligando a una audiencia pública; y que no se discutiría el modo en que está fijado el precio del gas en boca de pozo. Esta mañana se hizo evidente lo que se advirtió en todo el proceso: el Presidente tiene un déficit alarmante de información sobre lo que sucede en la Justicia, sobre todo en la Corte.
Además de la batalla jurídica, hoy se libró también otra comunicacional. Apenas se conoció el fallo, el Centro de Información Judicial que dirige María Bourdin y que depende de la Corte, publicó: “Tarida de gas: por unanimidad, la Corte anuló el aumento respecto de los residenciales”. En la Casa Rosada tardaron varias horas en reaccionar. Sobre todo porque a los principales funcionarios les costó muchísimo adecuar esa novedad a lo que esperaban que sucediera. El email “qué estamos diciendo”, que Marcos Peña suele enviar a los principales dirigentes del oficialismo, con declaraciones propias, de Macri y de Jaime Durán Barba, tardó ayer en llegar. Por eso en algunas redacciones se bromeaba: “Bourdín 1 – Peña 0”. Unos pequeños Juegos Olímpicos.
