El fallo de Vicentin muestra que la República todavía vive

Manuel Alvarado Ledesma
Manuel Alvarado Ledesma PARA LA NACION
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25 de junio de 2020  • 18:46

En las puertas de ingreso de todos los organismos del Estado debería haber un cartel con las siguientes palabras: "el desarrollo económico histórico sólo se explica por la propiedad privada, el estado de derecho y las instituciones clave" .

En este contexto, uno bien puede preguntarse: ¿por qué prosperan las naciones? Las naciones lo hacen si los derechos de propiedad privada no sólo están bien definidos sino que, también, se hacen valer. No sólo importa tenerlos, hay que tener toda la fuerza para ejercerlos.

Cuando se decidió la intervención del Estado en la empresa privada Vicentin, recordé las palabras de F. von Hayek: "El sistema de propiedad privada es la garantía más importante de libertad, no sólo para los propietarios, sino también para quienes no lo son. Porque el control de los medios de producción está dividido entre muchos que actúan en forma independiente. Así, nadie tiene poder total sobre nosotros, que como individuos podemos decidir lo que hacemos. Si los medios de producción estuvieran en una única mano, ya sea nominalmente quien sea que ejerza este control tendría completo poder sobre nosotros."

Quienes creemos en la libertad estamos alarmados por la intención de avanzar sobre la propiedad privada, aunque se utilice la excusa de rescatar a una empresa que se encuentra en un grave problema. Y nos preocupa que las instituciones sean arrollados .

El Estado debe ser el que asegure este derecho, según lo establece la Constitución.

Hasta la Iglesia Católica defiende con énfasis el derecho de la propiedad privada. En la encíclica Rerum Novarum , León XIII, hace más de un siglo, afirmaba que el Estado "debe asegurar las posesiones privadas con el imperio y fuerza de las leyes".

El Estado debe sujetarse al principio de subsidiariedad. Con su definición, la Real Academia Española consigue capturar la esencia de este principio cuando lo define como "el criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma".

La república podrá estar débil. Pero, no agoniza. La reacción de la gente, de diferentes asociaciones y de la propia Justicia lo deja en claro

Si existe una cadena de valor hipercompetitiva es la de la agroexportación. El principio de subsidiariedad deja afuera cualquier intento de intromisión en este campo de la economía argentina.

En nuestro país, el Gobierno y, en menor medida, la industria protegida, han sido más eficaces para imponer sus intereses a la cadena agroexportadora. El eslabón agrícola lo ha pagado durante décadas, fundamentalmente, mediante la reducción del precio de sus productos por derechos de exportación y por la suba del precio de sus insumos por los aranceles.

Pero cuidado: el atropello estatal debe interpretarse no sólo como un avance sobre esta cadena sino sobre la actividad privada .

La república podrá estar débil. Pero, no agoniza. La reacción de la gente, de diferentes asociaciones y de la propia Justicia lo deja en claro. Al desconocer la Justicia esta intervención, para ubicar al Gobierno en el lugar de veedor, este poder acaba de darle un fuerte revés al proyecto de expropiación de la empresa.

Señores, esta es la buena noticia: la República vive.

Profesor Ucema, economista

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