El Gobierno impulsa el 18-F

El 11 de febrero, cadena nacional. Cristina Kirchner , mientras enumera sin ton ni son cifras de toda índole -la única cifra que puede interesar a esta altura es la cantidad de cadenas nacionales realizadas por el Gobierno-, se refiere a Fernando de la Rúa como "quien fuera presidente y se fue de aquí en helicóptero" y mueve las manos en un gesto de despegue. La grey camporista se pone a silbar en el acto y ella los refrena: "Acá no se silba a nadie. O se aplaude o se guarda respetuoso silencio".

Esa exigencia no puede entenderse sino como un acto de cinismo o de locura. Decir una cosa en el exacto momento en que se está haciendo lo contrario no es un comportamiento normal. Y cuando un presidente exhibe ese comportamiento no se trata, como se empeñan en titular los diarios argentinos, de algo "polémico", "picante" o "insólito", sino de algo intolerable. No es otra cosa que la destrucción -a cargo de un primer mandatario y por cadena nacional- del lenguaje como tal, de la posibilidad de un vínculo entre las palabras y las cosas, entre la mente y el mundo, entre lo que se hace y lo que se dice. ¿Qué quiere decir "acá no se silba a nadie" en ese contexto? Nada.

Tampoco resulta polémico un tuit que ofende a los inmigrantes chinos de la Argentina. Algo polémico es algo que invita a la discusión, más o menos acalorada. ¿Qué hay que discutir en este caso? ¿Qué hay que discutir respecto del hecho de que, en su primera carta sobre la cuestión Nisman, la ahora imputada Presidenta ocupara las tres cuartas partes del texto para hablar de ella y no le dedicara una sola condolencia a la familia del fiscal? ¿Qué hay que discutir, remontándonos en el tiempo, respecto de que les dijera a los inundados de La Plata que ella sabía lo que era una inundación? ¿O a los deudos del accidente ferroviario en Castelar: "La vida es así, nada es perfecto"?

Aunque los agravios de este tipo hayan sido persistentes en toda la década -recordemos a Néstor Kirchner cuando decía, en 2007, tiempos de la resolución 125, que los ruralistas parecían "grupos de tareas" o, en 2004, a Alberto Fernández, que en una carta le reprochó a Susana Garnil, madre de un chico secuestrado durante 20 días, "formar parte de la Argentina que descubre el dolor cuando le toca"-, lo cierto es que parecen intensificarse cada vez más.

En medio de la mayor crisis institucional de su gobierno, nadie le dijo a Cristina Kirchner que encarara la carta sobre Nisman de otra manera (o no quiso escuchar: es igual). Se percibe una escalofriante mezcla de autoritarismo y anarquía en el llamado -espero que no con demasiado optimismo- "fin de ciclo". No se explica de otro modo el espectáculo inquietante (y un tanto penoso) de un jefe de Gabinete rompiendo un diario en cámara en pos, tales sus palabras, de la libertad de expresión.

Esto no es la tan mentada vuelta de la política, si entendemos la política como irrenunciablemente democrática, pluralista y republicana. Una presidenta que no dialoga con propios ni ajenos no es política. La vuelta de la política tiene que ser hoy la vuelta de algunos requisitos mínimos, como estadísticas confiables, publicidad de los actos de gobierno, independencia judicial (incluida la seguridad de testigos, jueces y fiscales), entre otros.

Asoma una oportunidad para que la sociedad argentina exija el cumplimiento de esos requisitos. Para este gobierno (una exigencia retórica a esta altura) y para los que vengan. Se trata de la marcha del 18-F, convocada por un grupo de fiscales con la consigna del esclarecimiento de lo ocurrido a su colega Alberto Nisman, y a la que se sumaron intelectuales y dirigentes políticos. Una de las convocatorias que están circulando detalla: "Nos encontramos el miércoles 18 de febrero, a un mes de la trágica desaparición del fiscal de la causa AMIA, a las 18 en la Plaza del Congreso, marchamos con los fiscales a la fiscalía de Nisman y seguimos a la Plaza de Mayo, sin consignas ofensivas ni identificaciones partidarias".

Algunos de los argumentos del Gobierno en contra de la marcha son, como suele suceder, el mayor acicate para que participemos de ella. InfoJus, agencia de noticias judiciales del Ministerio de Justicia, tuitea: "¿Conocés a los fiscales que marcharán por Nisman? Algunos tienen denuncias por mal desempeño". ¿Se puede concebir alguna muestra más palmaria de que al kirchnerismo no le interesan para nada la independencia judicial, el debido proceso ni el derecho a manifestarse pacíficamente? En los magros cien caracteres de una de las recusaciones oficiales a la marcha se encuentran sintetizadas todas las razones para no dejar de ir.

Una carta de intelectuales oficialistas que denuncia el "golpe blando" del 18-F pretende explicar que la marcha constituye un "uso político" de la muerte del fiscal. La acusación resulta un sinsentido: parece como si Nisman hubiera muerto por la picadura de una tarántula. Efectivamente la marcha es política: se reclama que el gobierno de turno, y cualquiera que lo suceda, no permita, favorezca, encubra (esto va de acuerdo con las sospechas de cada uno) este tipo de hechos.

En una democracia republicana no muere en circunstancias extrañas un fiscal que investiga al presidente, o, si eso sucede, el presidente no arriesga cambiantes teorías judiciales sin exhibir un ápice de contrición, ni su jefe de Gabinete rompe una nota que trata precisamente del caso, ni los militantes oficialistas festejan un discurso de su líder chapoteando en una fuente de la Casa de Gobierno al otro día del entierro del fiscal.