El gobierno de la liberación...carcelaria
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Desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández y Axel Kicillof la liberación de los presos ha sido casi una obsesión para ambos. Basta recordar los reclamos por la liberación de políticos presos por causas de corrupción de la gestión kirchnerista, denominándolos detenidos arbitrarios.
Otra muestra de ello es la Mesa de Diálogo, convocada por Kicillof, mediante un decreto el 16 de diciembre, a pocos días de asumir, para tratar y analizar la superpoblación carcelaria. El 19 de diciembre se reunía por primera vez, sin la presencia de las víctimas. En aquella oportunidad el ministro de Justicia, Julio Alak, confirmaba estas intenciones, al decir: "Nos convocó la crisis que estamos viviendo en el Servicio Penitenciario, una crisis que se da por la terrible sobrepoblación que existe; hoy tenemos una cifra exorbitante de internos que se ha duplicado en los últimos años". El plan de liberación estaba en marcha, solo bastaba encontrar el motivo, la pandemia fue la excusa perfecta.
El Gobierno busca la liberación de presos, fruto de sus concepciones ideológicas y los compromisos con los compañeros caídos en desgracia en causas de corrupción.
El motín en la cárcel de Devoto, al igual que los que ocurren en el resto del país, son una consecuencia del intento por liberar a un condenado confeso como Ricardo Jaime, pedido por el secretario de Derechos Humanos de la Nación. A partir de ese pedido, al que se sumaron otros más, los "presos comunes" reclaman igualdad de trato.
El propio presidente de la Nación -previo al potente reclamo de cientos de miles de personas con cacerolas desde sus casas-, se mostró a favor de las prisiones domiciliarias. Hoy desde el Gobierno intentan despegarse, echando las culpas a los jueces, cuando fueron quienes en todo momento reclamaron por la liberación de presos y denunciaron superpoblación carcelaria y pandemia para obtenerlas. Que el Poder Ejecutivo, -que administra las cárceles- reclame por la liberación de los presos es un mensaje que, como mínimo, no puede pasar inadvertido por la Justicia.
Durante el gobierno de Cambiemos se tomó la decisión opuesta, priorizamos y valorizamos a la víctima, sancionamos una ley para garantizar su protección y modificamos la ley de ejecución de la pena, para prohibir las salidas anticipadas a delincuentes violentos, en casos tales como homicidios, violaciones y robos con armas. También presentamos un nuevo Código Penal que aún se encuentra durmiendo en el Congreso y sería una gran herramienta para impedir casos como los que estamos viendo. Y en provincias como Mendoza, además de aumentar la estructura carcelaria para bajar la superpoblación, hicimos efectiva la obligación de trabajar para todos los condenados en establecimientos penitenciarios, ya que no hay herramienta más poderosa para la efectiva resocialización, que la recuperación del valor del trabajo y el esfuerzo, por parte de quienes emprendieron el camino de la delincuencia.
Las condenas impuestas por la Justicia deben cumplirse, de ello depende la seguridad de la población y de las víctimas. No podemos perder de vista que el fin y justificación de las penas es proteger a la sociedad frente al crimen, como postulan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.
Frente al hacinamiento y la pandemia existen otras posibilidades distintas a la liberación. Podría reubicarse a condenados por delitos leves en cuarteles o establecimientos en desuso, que sólo necesitarían reforzar su custodia, control y vigilancia. Garantizando la distancia social, la atención médica y los protocolos de seguridad, orden, alimentación y saneamiento. Es por ello que hemos presentando una ley en el Congreso de la Nación que prohçibe las liberaciones generalizadas o masivas por razones de superpoblación o sanitarias.
Cuando se incumplen las condenas y se desprotege a la sociedad, cuando se invisibiliza a la víctima, volvemos a esa Argentina de la impunidad, donde los delincuentes están libres y los argentinos honestos encerrados y tras las rejas de sus casas, sufriendo por la pandemia y la inseguridad.
Bullrich, presidenta del Pro, exministra de Seguridad
Cornejo, diputado nacional, presidente UCR, exgobernador de Mendoza
Petri, diputado nacional, expresidente de la Comisión de Seguridad Interior
