El grave ahogo presupuestario de las Fuerzas Armadas

La reciente muerte del sobresaliente profesional capitán Gonzalo Britos Venturini mientras piloteaba un antiguo avión de combate A4AR, que debería haber finalizado su vida útil en 2018, vuelve a interpelar a la clase dirigente argentina sobre las consecuencias del ahogo presupuestario interminable al que vienen sometiendo a las Fuerzas Armadas de la Nación. Parece revivirse la tragedia de los 44 patriotas que fallecieron en el ARA San Juan hace casi tres años. Es que la falta de presupuesto que impide retener al personal, modernizar el equipamiento y alcanzar el mínimo de adiestramiento necesario para cumplir las misiones legales y constitucionales, también puede provocar accidentes y muertes.

La actividad militar es de por sí riesgosa y, como en nada en la vida, tampoco deben descartarse fallas humanas. Pero si a ese riesgo le sumamos equipos vetustos y poco adiestramiento, el peligro crece.

Analicemos el ahogo presupuestario a las FFAA, que deberían poder defender a una Argentina subpoblada, con el 30% de su espacio continental vacío en términos geopolíticos, y con un territorio terrestre/marítimo pleno de recursos naturales de valor incalculable para el mundo superpoblado, contaminado y más desigual que se avecina.

Adiestramiento. El Ejército necesita óptimamente 207 días de adiestramiento, 115 para alcanzar un estadío aceptable y 67 días para un nivel mínimo. El año pasado, promedió 16 días (8% del necesario). Respecto de la Armada, lo necesario en el 2015 eran 1680 días de navegación; lo otorgado inicialmente por presupuesto alcanzaba para 662 y lo navegado realmente fueron 301 días (18% del necesario). En los años posteriores este número fue empeorando. Respecto a la Fuerza Aérea, el promedio de horas de vuelo entre 1983/90 fue de 105.000; entre 1991/2001, de 46.000; entre 2002/2009, de 38.000, y desde 2010, de 26.000 (25% de lo que se volaba en la década del 80). Los números reflejan el peor nivel de adiestramiento de la historia, y en el caso de la Aeronáutica, además, la pérdida y el estado de mantenimiento del parque aéreo.

Haberes. Las FFAA cobraron, desde la década del 90, una parte importante de sus haberes (en 2015 el promedio era del 40%, hoy es el del 25%) de manera "no remunerativa". Esta ilegalidad motivó millonarios juicios al Estado, afectó la disciplina y produjo cientos de embargos a cuentas en la jurisdicción defensa. Se acaba de anunciar que el pago "en negro" se corregirá a partir de octubre. Pero además, las FFAA son los uniformados del país peor pagos desde hace años. Muchos de sus integrantes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. La diferencia promedio con la Gendarmería y la Prefectura es del 43%, y con la Policía Federal, del 67%. Estas desigualdades, entre otras cosas, han motivado continuos éxodos del personal capacitado por el Estado hacia empresas privadas.

Situación operativa. En general, es deficiente la capacidad operacional en sus componentes claves: personal, equipamiento, infraestructura y logística. En cuanto a personal, debe resaltarse la ausencia de un sistema de reservas profesional y el crónico déficit de soldados voluntarios. En materia de equipamiento, es conocida la obsolescencia y degradación del material, cuya mayor parte data de las décadas del 60/70/80. Esto supone una casi nula capacidad de vigilancia y control sobre el extenso espacio nacional en sus dimensiones terrestre, aérea, marítima y cibernética. No más del 30% del territorio se encuentra controlado con radares primarios 3D, el peor porcentaje en términos regionales. En materia de infraestructura, sobresalen las instalaciones deterioradas por falta de mantenimiento. Son además serios los problemas de la cadena logística, de suministro y del pago de los servicios. Sobresale la escasez de munición de todo tipo y de todos los calibres. En cuanto a la industria de la defensa, carece de competitividad y es muy limitada su capacidad de investigación, desarrollo y de producción.

El presupuesto. He aquí la causa de las consecuencias antes mencionadas. El nivel presupuestario de las FFAA estuvo muy por debajo del promedio de la región durante las últimas tres décadas, lo que provocó una peligrosa desinversión, estimada en 50.000 millones de dólares. Solo entre 2003 y 2020 el presupuesto se mantuvo en un promedio del 0,8% del PBI, mientras en Sudamérica promedió el 1,6/1,7%. Desde 2019 las FFAA reciben el porcentaje más bajo de toda su historia.

Nunca se cumplió en las últimas tres décadas un plan de inversiones de mediano y largo plazo para recuperar capacidades y alcanzar niveles aceptables de adiestramiento. Ejemplo de ello fue la incumplida ley de reestructuración de 1998. O el Plan Camil del 2011, que preveía invertir 8000 millones de dólares en 20 años, y del cual solo se cumplió el 3,5%. Ahora se elevó al Congreso un Fondo para la Defensa (Fondef), aún no aprobado, que otorga menos dinero que el Plan Camil (unos 6000 millones de dólares en 20 años a razón de 300 millones anuales), con el agravante de que transcurrió una década más de deterioro y pérdida de material. De aumentar el porcentaje del PBI, nada se ha hablado.

Resulta imprescindible invertir 10.000 millones de dólares en 10 años (solo pensemos que el 5% de impuesto al juego equivaldría a 800 millones de dólares anuales) y llevar en tres años el porcentaje del PBI, como mínimo, al 1,5%. En este sentido, las lapidarias conclusiones de la investigación del fiscal Di Lello, reunidas en el documento "El Problema de la Defensa Nacional", del 11 de septiembre de 2018, motivadas por la tragedia del ARA San Juan, resultan esclarecedoras. "La crisis económica no puede ser óbice para el cumplimiento del mandato legal y constitucional [?]. Que el primer objetivo es llevar en un quinquenio el presupuesto al 1,5 % del PBI, cifra mínima razonable [...]. Que en apariencia podría parecer que no es el momento de hacerlo, pero nunca ha de serlo sino se toma real magnitud del problema", señaló el fiscal.

Con este presupuesto será imposible alcanzar los estándares internacionales de gastos, esto es, 70% en personal, 15% en funcionamiento/adiestramiento y 15% en equipamiento. Con este presupuesto, los gastos en personal siempre serán el 85/90% y la clase dirigente seguirá exigiendo reducir las FFAA. En este sentido, los actuales 78.000 miembros ya resultan insuficientes. Con este presupuesto es imposible retener al personal, adiestrarlo y equiparlo para enfrentar aceptablemente una situación de conflicto/ crisis.

Sucesivas administraciones han coincidido en ahogar presupuestariamente a las FFAA, en una "antipolítica" de Estado que no encuentra precedentes en la historia mundial. Por el contrario, los países de la región han mantenido y desarrollado sus capacidades militares en forma equilibrada de acuerdo con su potencial e intereses. Los casos de Brasil y Chile, en quienes deberíamos reflejarnos, son elocuentes.

Los riesgos y amenazas al país no dependen de nuestra "voluntad", sino de circunstancias exógenas, mundiales o regionales. El desarme unilateral no garantiza la paz eterna y ausencia de amenazas, como lo prueba la historia.

Hoy la Argentina, por la situación de sus FFAA, carece de capacidad de autodeterminación, esto es, la posibilidad de poder decir que no cuando deba decir que no. Hoy, como también expresó el fiscal Di Lello, "tenemos una diplomacia sin FFAA, que es como tener una sinfonía sin orquesta, o sea un montón de papel que no posee ninguna utilidad".

El sistema de defensa nacional es la última "ratio" para garantizar la existencia del Estado argentino. La clase dirigente debería comprender que disponer de FFAA aptas no es "opcional", se trata de un mandato constitucional y legal. Las naciones fuertes crean sus acontecimientos, mientras que las débiles los sufren.ß

Exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa

Por Jorge García Mantel

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