El mayor retroceso desde la restauración democrática

El gobierno nacional sigue sin escuchar los reclamos de una ciudadanía cada vez más activa y consciente de sus derechos. La conmovedora manifestación del 18A superó a las anteriores no sólo en cantidad de concurrentes (que la Policía Federal, por órdenes superiores, estimó en un 10% de la real, como un nuevo Indec de las movilizaciones ciudadanas) sino en la calidad de sus consignas. Éstas se redujeron básicamente a dos: rechazar los ataques a la independencia judicial y expresar su profundo malestar por la galopante corrupción. Son, en verdad, dos caras de la misma moneda.

Politizar, en el peor sentido del término, al Poder Judicial, para someterlo completamente al Poder Ejecutivo

El golpe a la justicia independiente que impulsa el Poder Ejecutivo se expresa a través de tres leyes funestas: la del copamiento oficialista del Consejo de la Magistratura, la del vaciamiento de la Corte Suprema mediante la creación de Cámaras de Casación adictas y la de virtual eliminación de las medidas cautelares que no sean del agrado del Gobierno.

Esas tres leyes vienen envueltas en otras tres, cuyos fines de transparencia, publicidad y meritocracia son tan unánimemente compartidos como curiosos por provenir del único poder que no los aplica en modo alguno. Su redacción defectuosa revela, además, la improvisación con que fueron elaboradas. Pero el corazón del paquete está en las anteriores, cuyo objetivo es claro e inequívoco: politizar, en el peor sentido del término, al Poder Judicial, para someterlo completamente al Poder Ejecutivo. A fin de lograr ese propósito, como no les dan los números para imponerlo mediante una reforma constitucional, quieren aprovechar una mayoría circunstancial para reformar de hecho a la Constitución.

Que el absolutismo sea de origen hereditario o popular no cambia su perversidad y el peligro que representa para la vigencia de los derechos de los ciudadanos

La reforma constitucional de 1994 quiso reducir el componente político en la selección y remoción de jueces, para que se combinara con criterios de idoneidad. El Consejo de la Magistratura es el resultado de esa voluntad. Ahora se lo pretende partidizar de la forma más cruda, mediante elecciones populares en las que los candidatos deberán integrar las boletas de partidos políticos. Se alega que las mayorías deben conducir los tres poderes y que los jueces deben acompañar los deseos de esas mayorías. Llevar al extremo ese argumento implicaría negar nada menos que el control de constitucionalidad. Cuando una ley es declarada inconstitucional, esa decisión judicial es "contramayoritaria", es decir, se opone a lo resuelto por los representantes del pueblo. Si los magistrados se hallan impedidos de hacerlo, porque deben alinearse a las diversas mayorías circunstanciales, se abre paso al absolutismo. Fue contra ese sistema que nacieron las constituciones. Que el absolutismo sea de origen hereditario o popular no cambia su perversidad y el peligro que representa para la vigencia de los derechos de los ciudadanos.

En el mismo sentido, se intenta restringir, hasta convertirlas en ineficaces, las medidas cautelares dictadas contra el Estado. Ese privilegio para las autoridades públicas es contrario al Estado de Derecho, que se caracteriza por la noción de que el Estado, que crea el Derecho, al mismo tiempo se somete a él como cualquier particular.

Un cambio de régimen, sin una reforma constitucional legalmente realizada

Finalmente, se procura crear Cámaras de Casación como tribunales intermedios entre las cámaras actuales y la Corte Suprema, para licuar la competencia del alto tribunal, debido a su probada independencia.

Sancionar estas tres leyes nos aproximará a lo que Beatriz Sarlo describió hace un tiempo como una de las metas del oficialismo: un cambio de régimen, sin una reforma constitucional legalmente realizada. Es necesario frenar este desatino, que configura el mayor retroceso que hayamos sufrido desde la restauración democrática.