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El paquete de Trump viene con algún cable pelado
Más allá del acuerdo con el FMI, el Gobierno tiene por delante un desafío a más largo plazo: la relación con EEUU, el país que más lo apoyó y con el que debe negociar por los aranceles
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LA NACIONFrancisco Olivera
Más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado ayer, el Gobierno tiene por delante un desafío a más largo plazo y no escrito, que es la relación bilateral con Estados Unidos, el país que más lo apoyó dentro del directorio del organismo y con el que ahora se apresta a negociar por los aranceles. Es la letra chica del respaldo de Trump, que ya le provoca tensiones con algunos empresarios.
El tema salió el martes pasado en la reunión interna de la Unión Industrial Argentina, donde se leyó el reporte que la Secretaría de Comercio norteamericana le hizo el 31 de marzo a la Casa Blanca y que compendia, nación por nación, cuáles son los supuestos incumplimientos en el vínculo de cada una con el gobierno federal y qué es lo que deberán resolver si pretenden ir a un esquema de arancel reducido. Se leyó ahí, por ejemplo, y ante la mirada silenciosa de Javier Viqueira y José Luis Cintolo, representantes de Adimra, la cámara metalúrgica, que la Argentina aplica desde hace tiempo trabas para la importación de maquinaria usada. Un inconveniente para los fabricantes norteamericanos, que tienen plazos de amortización bastante más cortos que los argentinos y que con un intercambio más libre podrían seguramente aprovechar ese negocio residual. La lista de observaciones, que es larga y está desde hace dos lunes presente en el repaso de varias cámaras, incluye una cuestión explosiva: el resguardo de la propiedad intelectual, una materia que desvela a los laboratorios y al sector de las semillas. Es una discusión no apta para sensibles que viene de los tiempos de Perón con el descubrimiento de la penicilina, y que Isaías Drajer, el ejecutivo de las farmacéuticas locales en la UIA, no necesitaba entender en la reunión porque conoce de memoria. Tal vez por eso ya se había ido cuando leyeron ese punto.
Es imposible que algo de esto no esté en la agenda norteamericana y esta vez con mayor intensidad. El Gobierno lo sabe. ¿Lo incluirá pasado mañana Scott Bessent, secretario del Tesoro, en sus reuniones durante la visita a la Argentina? Es probable. Sin dudas lo mencionará horas después, en un encuentro exclusivo que tendrá en Buenos Aires con un grupo de empresarios y ejecutivos, entre ellos integrantes de AmCham, la cámara de comercio norteamericana en la Argentina, una de las más interesadas en tratarlo.
No hay dudas de que habrá controversias y no solo con los laboratorios. En el Gobierno dan por sentado que cualquier avance hacia un mayor resguardo para las patentes incomodaría también al sector agropecuario, hace tiempo ofuscado por las retenciones y el tipo de cambio. Aunque, por antecedentes y características corporativas, la discusión más cruenta será seguramente con la industria farmacéutica.
Nada muy novedoso, en realidad. Es la misma piedra con la que acaba de tropezar, por ejemplo, la administración de Boric. Como Chile tiene con Estados Unidos un tratado de libre comercio, no bien se enteraron de que entraban en las generales de la ley con aranceles del 10%, funcionarios del Palacio de La Moneda se contactaron con pares de la Casa Blanca y se enteraron de la novedad: Chile tiene, según los norteamericanos, incumplimientos en las áreas de propiedad intelectual, seguros y telecomunicaciones digitales. ¿Cómo no iba a estar también incluida la Argentina?
Habrá que ver hasta dónde llega el celo de Trump con esta industria, con la que tampoco tiene una buena relación. Viejas cuentas que vienen de la pandemia: después de perder en 2020 frente a Biden, el líder republicano acusó a Pfizer de haber esperado hasta después de las elecciones para, con el resultado puesto, dar información sobre la vacuna contra el Covid que estaba desarrollando.
Pero las patentes y la propiedad intelectual son asuntos de Estado y todo indica que entrarán en la conversación bilateral. Hasta ahora, ya la simple insinuación de un cambio de reglas reavivó acá una vieja pelea entre laboratorios argentinos y extranjeros. Todas las miradas están puestas en un decreto que escribió el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que todavía no salió a la luz. Ese borrador, ya famoso en el sector, descansa desde hace varias semanas en algún cajón de la cartera de Salud, que conduce Mario Lugones. Todo el texto es un cable pelado: deroga una extensa resolución conjunta que en 2012 publicaron los ministros Débora Giorgi (Industria) y Juan Manzur (Salud) y que, con el pretexto de acotar fraudes, aplica en los hechos significativas restricciones a las patentes medicinales y, por lo tanto, facilita el negocio de las farmacéuticas locales. Una normativa sobre la que se sustenta gran parte del negocio local. Del universo de 3199 pedidos de patentes que se presentaron desde que se publicó, en 2012, fueron rechazadas 1880, casi el 60%, de los cuales 64 intentaron sin éxito revocar la decisión en la Justicia.
Lugones ha dicho que está analizando el documento. Es entendible que sienta una presión descomunal. Ya les suspendió, por lo pronto, tres reuniones a los laboratorios internacionales, nucleados en Caeme, una de las cuales incluía también a AmCham. ¿Le contarán los ejecutivos norteamericanos a Bessent? Es cierto que Lugones conoce bien ambos lados de ese lobbying histórico, tanto el global como el doméstico. Su hijo Rodrigo, mentor y exsocio de Santiago Caputo, tanto o más influyente que el asesor de Milei, vive en España, donde construyó una buena relación con los Sigman, Hugo y Leandro, padre e hijo, dueños de laboratorios ELEA. Varias cuestiones del sector farmacéutico argentino se resolvieron en los últimos meses en Madrid.
La incógnita es ahora qué piensa al respecto Caputo, que no se ha metido todavía públicamente en esas conversaciones, y, más difícil, el propio Javier Milei. Mientras tanto, será inevitable que los empresarios presionen en todos los frentes. Las cámaras de comercio norteamericana, británica y canadiense ya plantearon su postura hace tres semanas delante de legisladores. Una especialidad de esta industria. “¿Qué vas a hacer con este tema? Me dijeron que habían hablado con vos: hablemos”, le preguntó un diputado de Pro a un par esta semana. ¿Lo llevará alguien al Congreso?
Es solo un ítem de una amplia lista de incumplimientos que, dice el informe de la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina deberá revisar para ir al esquema de aranceles reducidos que se propone Milei. De lado del Gobierno, lo único claro hasta ahora es la intención de sacar provecho de la buena relación entre los presidentes. Alejandro Oxenford, embajador en Estados Unidos, suele decirles últimamente a analistas e inversores que ese vínculo es real y tiene sustento. Oxenford cree que no solo se trata de respeto, sino de verdadera admiración tanto de parte de Trump como de Elon Musk, a quienes, dice, les llama la atención que Milei haya conseguido bajar la inflación y el déficit fiscal en un país propenso exactamente a lo contrario.
Pero a la Argentina le esperan un año y un escenario completamente nuevos. Con la recalibración de un programa económico que hasta diciembre de 2024 fue altamente exitoso y que incluirá ahora, como anunció ayer el ministro de Economía, otro régimen cambiario. Tal vez el Gobierno tenga que despojarse por varios meses de la obsesión del IPC, que ayer sorprendió con un alza del 3,7%, el valor más alto desde agosto. Revertirlo dependerá de lo que Milei puede manejar, la fortaleza del equilibrio fiscal y su vocación de no emitir moneda, pero también de lo que lo excede: los antojos de un aliado que ayuda en el cara a cara pero que acaba de dar vuelta, de una patada, todas las proyecciones, las propias y las ajenas.
Tipo de trabajo:
opinión
