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El pecado de no entender los códigos kirchneristas
“A Kulfas ni una embajada ni un cargo en un municipio”, era el mensaje con bronca kirchnerista que recibió el presidente Alberto Fernández luego de pedirle la renuncia al exministro de Desarrollo Productivo. Estaba claro, así es como se castiga a quien rompió los códigos de una organización que actúa sin trasparencia: el que “habla en público” sobre lo que pasa adentro no solo debe ser echado del gobierno, también debe ser castigado de modo ejemplar.
El Presidente no dudó y cumplió con el pedido de la Jefa, se alineó detrás de su malestar e inmediatamente pidió la renuncia de uno de sus ministros de confianza, dejando en claro quién manda y alertando al resto de los funcionarios, sobre todo a aquellos que puedan tener buenas intenciones o necesiten defender al Presidente ante los embates de Cristina o de sus voceros, que no lo hagan, que callen, que se sometan, porque la puerta de salida de este gabinete se abre solo para ellos y no para los apadrinados por la líder del espacio. Jamás pensó el presidente en ordenar a la Oficina Anticorrupción que investigara los dichos de Kulfas sobre las sospechas alrededor de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Vale dar cuenta de lo desdibujada que está la oficina encargada de investigar la corrupción desde que asumió este gobierno, parece solo parte de un decorado estético dentro de un organigrama. La investigación ahora está en manos de la justicia, y el exministro declarará este viernes ante el juez Daniel Rafecas como testigo, pero también como sospechoso, ya que se abrió otra causa para determinar si cometió el delito de “omisión de denuncia”. Kulfas también tendrá que dar explicaciones.
Pero no hubo nada nuevo en este comportamiento, más allá de la novedad de la renuncia de un hombre de confianza de Alberto Fernández y de suma importancia en la gestión, al punto que fue Matías Kulfas quien acercó a Martín Guzmán al entorno de Fernández cuando éste fue electo y armaba su gabinete, hacía ya un rato tenía el “boleto picado”. Lo confirmó Cristina cuando reconoció hace poco que fue un error permitir que la decisión de armar un equipo económico la tomara solamente Alberto Fernández. El domingo a la tarde, cuando todos analizaban la salida de Kulfas, en el Instituto Patria muchos esperaban que la catarata de despidos continuara con el propio Guzmán y con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se encontraba en Ginebra en el Congreso de la OIT, porque era el momento de tomar por asalto todo el gobierno y despojar del poco poder que le queda al Presidente. Algo que aún está por verse, pero pone a los funcionarios cuestionados a hacer los deberes que Cristina encomienda, como fue la presentación del proyecto de un nuevo impuesto llamado “a la renta inesperada” que forma parte de ese cotillón que no resuelve problemas, pero da letra a la militancia que enfáticamente defiende todo lo que tenga apariencia “progre”. Pero si las apariencias suelen engañar también suelen ser bastante inútiles para gestionar.
La Argentina está frente a una gran crisis con problemas por resolver en varios frentes, pero la agenda del gobierno parece no estar apuntándolos. La semana pasada el Presidente logró reunir a varios gobernadores y representantes de 18 provincias para consensuar un proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia, primando la idea de elevarla a 25 miembros, garantizándoles a cada provincia al menos un ministro en el máximo tribunal, como para que tengan alguien que opere por ellos desde adentro. Pero aquí no solo hay responsabilidad del gobierno nacional, sino también de los gobernadores presentes. En la mayoría de las provincias que administran desde hace varios días falta gasoil, un problema demasiado grave como para no abordarlo en una reunión conjunta con pares y el mismo Presidente.
La producción, el transporte, la cosecha gruesa (como llaman en el campo esta para de la producción en esta parte del año) están parcialmente paradas, ya con peligro de abastecer frutas, verduras y otros insumos a las grandes ciudades, pero su problema es reformar la Corte Suprema, un tema que no debe figurar entre los primeros 25 o 30 que tiene la sociedad que piensa en la inflación, en el deterioro del salario, la inseguridad, la corrupción o en la educación, que retrocedió muchísimo durante la pandemia, entre otros. Los gobernadores tienen más motivos políticos que de gestión para ocuparse de ese tema. Por ejemplo, que no devuelvan los fondos coparticipables que injustamente le quitaron a la ciudad de Buenos Aires o tener poder concreto por si la Corte preside definitivamente el Consejo de la Magistratura, donde más de alguno de ellos y en más de una ocasión han hecho lobby en favor de algún juez local cuestionado. Ahí está el poder para la lógica del kirchnerismo. Los demás problemas pueden esperar.
Posiblemente tengamos un invierno con muchas novedades trascendentales, con demandas sociales que están al borde de salir de su pasividad y pongan al Gobierno contra las cuerdas, obligándolo a tomar decisiones apuradas por las circunstancias. La escasa credibilidad social con la que cuenta el Presidente no ayudarán a hacerlas más factibles.
Nadie quiere vivir un escenario así, porque todos salen perdidosos, incluso una crisis de esta índole afectaría a la oposición, lo que podría generar una situación de emparejamiento de responsabilidades. Solo al kirchnerismo, que solo siente propio este gobierno de a ratos y cuando le conviene, no le caería tan mal un desborde social. Esa es su chance, porque disputar un partido en el barro hace que los errores se disfracen, los virtuosos no se luzcan y los méritos no hagan la diferencia. Es sabido que en cancha embarrada no siempre gana el mejor y es ahí es donde visualizan una oportunidad electoral que hoy no parece favorecerles. Pensar en el interés mezquino de la política y el poder antes que en el bienestar común también es un código que caracterizó desde sus comienzos al kirchnerismo.
A esta altura, no reconocerlos también significaría que no hemos aprendido nada.
