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El pecado original de las privatizaciones
El usuario-consumidor, una categoría que aún parece del primer mundo en muchos casos, comienza a preguntarse si los beneficios de quitarse de encima un Estado elefantiásico traerán para siempre el sometimiento al abuso de contratos leoninos. Inevitablemente, el tema tendrá un impacto electoral que la oposición tratará de aprovechar al máximo. El pulso telefónico cuesta 22 centavos, pero hay que poner una moneda de 25.
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EL hombre, de ingresos modestos, introduce su moneda de 25 centavos en la ranura. Hace su llamada y cuando se completa el pulso, de 22 centavos, la comunicación se corta. El teléfono público, uno de los 97 mil que hay en todo el país, funciona muy bien, pero el señor ha perdido tres centavos.
El usuario-consumidor, una categoría que todavía parece primermundista en muchos casos, comienza a preguntarse si se ha sacado de encima el peso de un Estado elefantiásico para someterse al abuso de unos contratos leoninos.
Pero en la Argentina privatizada, los políticos ya calculan en votos los miles y miles de reclamos. La Alianza, que hizo en 1997 su profesión de fe no estatista, pone la cuestión en primera página de su agenda para 1999. Y en la carrera, el justicialismo muta tan rápidamente que hasta denuncia lo voraz del capital privado.
Son las formas de volver al ruedo de un debate político de inevitable impacto electoral, que insumió décadas en el pasado y que se daba por terminado.
El primer privatizador
"La opción -recuerda Rodolfo Terragno de su época de ministro de Raúl Alfonsín- no era privatizar o no privatizar, sino hacerlo como nos proponíamos o dejar que otro viniera a privatizar de cualquier manera. Las empresas públicas se habían convertido en un hojaldre de corrupción, ineficiencia, exceso de gasto. No había forma de corregir eso".
El candidato Carlos Menem llegó en 1989 a la misma conclusión y, ya presidente, lo hizo, a la medida de las urgencias de su primer gobierno.
Con Entel y Aerolíneas Argentinas privatizadas, Menem ganó las elecciones de 1991, y repitió en 1993 mientras vendía YPF, Segba y Gas del Estado, y cedía rutas con peaje. Siguieron centrales energéticas y ferrocarriles. Y vino la reelección: donde Perón ganaba votos estatizando, Menem los multiplicó privatizando. Dulce venganza para don Alvaro Alsogaray.
Hoy, el consumo de servicios públicos aumenta 10 por ciento cada año, y 15,3 en el último. Petróleo, gas, electricidad y teléfonos, clásicas joyas de la abuela, son ahora alhajas que brillan entre las veintidós empresas más rentables del país.
Pero las telefónicas, que ganan más de 800 millones de pesos por año, fueron por una prórroga de la exclusividad y, sin cumplir sus metas totalmente, lo consiguieron. Y los concesionarios de trenes y de rutas y los licenciatarios del agua quieren financiar nuevas inversiones con las monedas del bolsillo del usuario. Y el precio del crudo se desploma, pero el de la nafta sigue ahí arriba.
¿Qué se perdió en el camino hacia la tierra prometida por los privatistas? Sencillamente, la responsabilidad del Estado en la defensa del interés público. Diez años después, los decretazos para los DNI y los aeropuertos no permiten hablar de inexperiencia.
La urgencia de los Estados Unidos (por razones de seguridad) por la licitación de los DNI no es una causal repetida. Tampoco se probaron en ella, aún, sobornos como en el Banco Nación. Sí, en todos los casos, las privatizaciones fueron el corazón de un modelo que exigía achicar déficit y ceder al inversor si presionaba, aun perjudicando a otro oferente.
"No se optó por la mejor oferta económica y social, sino por la mejor para esa licitación, de ese momento; ahora los que perdieron por monedas ven que los aumentos de tarifas y los subsidios los hubieran compensado. Eso no es seguridad jurídica", dice el diputado frepasista Marcelo Vensentini.
El mismo pecado original desprotegió al usuario. Un recurso clave para conformar a los interesados y neutralizar el futuro control fue invertir el orden del proceso: primero privatizar y después crear entes y marcos de regulación, por decreto y a gusto de los nuevos titulares. En la Alianza sueñan con entes públicos al estilo británico, muy técnicos, independientes y prestigiosos. Pero el Estado privatizador argentino, antes que regular y controlar, prefiere castigar con multas. Llamativamente, se pagaron sin chistar más de cinco millones de pesos entre 1995 y 1997. "Eso lleva al abismo: queda renegociar o rescindir, y en esa negociación se crean focos de corrupción", dice Vensentini.
Cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones funcionó con reguladores designados por concurso, obligó a Telefónica y a Telecom a devolver casi 50 millones de dólares por ingresos brutos mal facturados y a permitir el sistema de call back . Días después de la reelección de Menem, la Comisión fue intervenida, tras oponerse sus directores al rebalanceo.
"Yo no le tengo miedo a la competencia. Es más fácil pelear contra un competidor que contra un regulador", confesó Juan Carlos Masjoan, presidente de Telecom, cuando semanas atrás se prorrogó el monopolio de las telefónicas.
Entre dos fuegos
Lo más parecido al control, en la telefonía, fueron las tormentosas audiencias públicas por el aumento de tarifas. El Gobierno igual autorizó después el incremento. Pero entonces, en 1994, valía la pena de cara a la "primera" reelección.
Esas corrientes arrastraron las ideas de control y regulación a la Constitución, que se "colaron" a cambio de la reelección, evocan hoy los juristas. Pero formalmente, comenzaba la tercera ola: el Estado se obligó a controlar monopolios naturales y legales como los de servicios públicos (ver "Dos caras en la defensa del usuario").
La letra, sin embargo, va más rápido que el espíritu. Radicales y frepasistas, que apostaron por la tercera vía apenas formaron la Alianza, tuvieron que gastar sus primeros cartuchos en explicar que nunca anularían los contratos, llevados por Menem a la vieja opción. Terragno reconoce que todavía hoy en la Alianza -aunque no entre los cinco líderes, subraya- influye la puja entre partidarios del capitalismo salvaje y partidarios de la regulación vindicativa.
"Lo que vale es la continuidad jurídica. Hay que comerse los contratos", resume el diputado frepasista Darío Alessandro. Mientras tanto, la ausencia de control genera una demanda política que sobrepasa la instancia judicial y hace del ex ministro Jorge Maiorano un notorio opositor que canaliza el descontento de decenas de miles.
"Yo pensé que ser defensor del pueblo iba a ser para Doña Rosa -confiesa Maiorano- ,pero está desbordando mis expectativas. Veo al Estado desertor, un Estado de papel..., lo veo desde acá, no lo había visto cuando estaba en el gobierno".
Por eso, ante semejantes transformaciones, para el diputado Alessandro, "el lugar de disputa política ahora es éste del control".
Competencia desleal
Los primeros meses de este año vienen marcados a fuego por las últimas privatizaciones a decretazos. Que el ex ministro Rodolfo Barra pueda hacerse cargo del ente de control de los aeropuertos, cuando fue uno de los padres de la privatización, indica hasta dónde puede llegar el Gobierno. Parece todo a pedir de boca de la Alianza.
Pero 1999 está cada vez más cerca y el Congreso es una estupenda vidriera para que el PJ recomponga su relación con los usuarios-consumidores-electores, ahora que la conciencia de regulación se agiganta a golpes de recursos judiciales.
Los proyectos aliancistas que obligan a llamar a audiencias públicas, a informar al usuario y a hacer encuestas duermen. En tanto, el PJ avanza a paso redoblado con su proyecto de crear un superente que haga lo que no hacen los entes y que la oposición ya ve como un ministerio paralelo y una gran tentación de "peaje", en este caso tradúzcase "sobornos".
Según el diputado justicialista Jorge Martínez Garbino, "ellos nunca tuvieron iniciativa. Si nosotros fuimos los que asumimos la responsabilidad de este proceso de transformación, somos responsables de llegar a feliz término".
Los aliancistas se enfurecen. "Dejaron a la gente en banda y ahora se ponen a la izquierda. Han tenido un discurso sin escrúpulos. Ellos saben que votan cualquier cosa acá en Diputados porque después está el Senado, y después el veto presidencial. Van a hacer de la Cámara una terreno de campaña para 1999", se queja Vensentini.
El Gobierno, a su vez, ya juega a dos bandas y crea tribunales para consumidores. No en vano aprovechó la prórroga de exclusividad concedida a las telefónicas para prometer 19 mil nuevos aparatos públicos, la mayoría en zonas pobres. Hace un año, Roque Fernández dijo de las telefónicas: "Se otorgó cierto tipo de monopolio que terminan pagando los consumidores". Bien puede volver a hacerlo.
Público y notorio
En todo caso, todos saben ya que en el electorado la preocupación número uno es el bolsillo, y después la calidad del servicio. En Metrogás, las eléctricas y las telefónicas, la mayoría de las quejas son por tarifas y facturaciones.
El PJ lo tiene claro cuando consigue la suspensión de aumentos de peajes por ciento veinte días o propone gravar a YPF con el fin de obtener fondos para construir nuevos caminos. La pelea pendiente son los precios, confirman los aliancistas.
Pero también todos deberán mirar más lejos para construir lo que los intereses de la patria estatista y la patria privatista han sepultado: la noción de lo público, que tanto se envidia a los europeos. ¿Qué pasará allí donde, como ocurrió con el servicio público elemental de aguas en Tucumán, el problema no es el servicio sino la incapacidad económica para consumir, y el que deserta es el privado? ¿Puede una compañía como Telefónica usar sus impresionantes ganancias para invertir en medios de comunicación que apoyan al mismo gobierno que la beneficia con decretos?
Terragno, aquel primer privatizador, imagina un diálogo con los titulares de los servicios públicos para explicarles: "esto se hizo originalmente mal y que deben entender que si no lo corregimos ahora de común acuerdo va a perjudicar a mi gobierno en lo político, pero también a ustedes en lo económico". La Alianza, antes que el PJ, teme que el afán electoral enturbie la discusión e impida leer algunas señales de alarma.
Muchos empresarios locales acudieron recientemente a un seminario en el que se leyó la encuesta de Sofres-Ibope, según la cual el 52 por ciento de los argentinos sacrificaría la estabilidad en pos de mejoras sociales. Ninguno preguntó. Los encuestados también pedían más firmeza a la Alianza frente a las privatizaciones. Allí estaba Henry Kissinger como asesor de inversores norteamericanos. Él se levantó y pidió una copia. Por las dudas, en inglés.
Por Eduardo de Miguel
(c)
La Nacion
Dos caras en la defensa del usuario
AUNQUE parezca mentira, entre las asociaciones de defensa del consumidor también hay internas. Si bien hay más de una docena inscriptas a nivel nacional, dos se hicieron oír mucho recientemente: Adecua y Adelco, algo así como las caras reformista y conservadora del rubro.
"Hay una total ausencia del Estado frente a monopolios a los que, encima, se premia con condonación de multas. En la práctica, la base de Entel persiste: "pague ahora y después vemos"", dice Sandra González, titular de Adecua.
"Antes de las privatizaciones, el consumidor no tenía ningún tipo de protección. Si tomamos desde el 89, hubo un gran cambio. Lo que pasa es que el consumidor se va a poner más exquisito a medida que pueda reclamar", matiza Claudia Collado, asesora jurídica de Adelco.
González sucedió a Jorge Casabé, un radical, al frente de la nueva comisión de defensa del usuario y del consumidor de la legislatura porteña, pero reniega de obediencias partidarias. Igual, se queja del favoritismo del gobierno hacia Adelco, un antiguo satélite del ucedeísmo. En 1977 Adecua recibió de la Secretaría de Comercio unos 10.000 pesos en subsidios, pero González dice que sólo les cubrió una quinta parte de los gastos y que Adelco, que cobra por sus gestiones, se lleva por lo menos diez veces más.
"Me parece que eran unos 110.000 pesos -hace memoria Collado-. La mayoría de las asociaciones en el mundo reciben subsidios y no dejan de ser independientes. Solamente aquí no se dan. Creo que cuando se tuvo que dar un subsidio a Adelco se lo dieron como reconocimiento a su trayectoria".
Pero las dos se ponen de acuerdo para rechazar el financiamiento de obras con aportes de los usuarios y en esperar que los políticos se dediquen más seriamente al asunto, no como el socialista Héctor Polino -dicen a coro-, que invitó a no pagar a las telefónicas ante los aumentos.
"Polino cometió la irresponsabilidad de decirle a la gente que no pagara y la metió en un gran lío", dice González. "En un país como éste no le podés decir a la gente que no pague las facturas, porque los intereses que cobran las empresas son monstruosas", razona Collado.
Polino es uno de los primeros ejemplos de políticos que funden su militancia con la defensa del usuario. Al frente de Consumidores Libres participó en primera línea de los planteos judiciales que llevaron el rebalanceo a la Corte Suprema. "En general, la gente de pocos recursos tiene que optar entre pagar facturaciones o comer. No convoco a la gente a no pagar, le digo que tiene el derecho a no pagar", se defiende el diputado aliancista.
Para este viejo socialista, el artículo 43 de la Constitución "fue una construcción jurídica teórica, pero no se crearon los instrumentos para llevarla a la práctica. Si existieran entes reguladores independientes, yo, estaría dedicado a otros asuntos".
(c)
La Nacion
El consumidor y la Constitución
LA ineficiencia del Estado para desarrollar actividades económicas y prestar servicios públicos, puso en evidencia que su rol en vísperas del siglo XXI no es sustituir a los particulares en el ejercicio de esas actividades, sino controlar su actuación evitando abusos nocivos para el bien común. Pero esa ineptitud expuesta durante cinco décadas fue ignorada por algunos gobernantes, mientras que otros carecieron de la convicción política mínima para efectuar una reforma como la iniciada en esta década.
Había una realidad: cuantiosa, incapaz y costosa burocracia pública; cortes continuos de energía eléctrica; provisión insuficiente de gas; líneas telefónicas escasas de elevado costo y tecnología obsoleta; servicio sanitarios deficientes; precario transporte por subtes y ferrocarriles; restricciones absurdas a la transmisión satelital e instalación de medios radiales y televisivos; gravámenes que impedían capitalizar y modernizar el aparato productivo privado. Estos factores y muchos más generaron el consenso sobre la necesidad de revertir una situación perjudicial para el bien común revitalizando la productividad del sector privado. Se decidió que el país no permaneciera a la zaga de los vertiginosos cambios que se operan en el mundo.
Este proceso en pleno desarrollo, se concretó con cierta rapidez. Estuvo acompañado por grandes aciertos que cabe consolidar, y gruesos errores que se deben remediar. Entre estos últimos se destaca cierto desamparo que afecta a consumidores y usuarios. Básicamente por las falencias del sistema de control y la desinformación sobre su funcionamiento. El objeto del control apunta a garantizar las bondades y regularidad de los servicios para proteger al usuario mediante el paulatino abaratamiento de los costos, la satisfacción de sus necesidades y el respeto a su dignidad. Controles aplicables no sólo a los entes y servicios privatizados, sino también a las actividades tradicionalmente privadas.
El sistema de control puede ser ejercido por: 1) el Poder Ejecutivo o el Congreso; 2) entes especiales del gobierno (Ente Nacional Regulador de Gas, de Obras y servicios Sanitarios, de la Electricidad, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de Transporte Automotor, de Transporte Ferroviario, de Concesiones Viales, etcétera); 3) consultoras privadas; 4) asociaciones de consumidores y usuarios; 5) el Defensor del Pueblo; 6) particulares damnificados, por la vía judicial; 7) los medios de prensa satisfaciendo el derecho a la información de los particulares.
De estas variantes, la primera es manifiestamente inconducente; la segunda acarrea nuevos entes burocráticos de relativa eficiencia; la tercera es resistida por el gobierno pese a los óptimos resultados que produce en el extranjero; las restantes han conseguido importantes logros parciales pese a la precariedad de sus recursos.
La libertad de empresa e iniciativa económica reconocida por el artículo 14 de la Constitución conduce a una economía libre y competitiva, en la cual es indiscutible el derecho de control de los consumidores y usuarios. Así lo establecen la ley 24.240 y el artículo 42 de la Ley Fundamental, al prever la defensa del consumidor en salvaguarda de su salud, seguridad, intereses económicos, obtención de una información certera y libertad de elección. Estas normas imponen al gobierno una serie de deberes que no han sido cumplidos satisfactoriamente: 1) educación para el consumo; 2) prevenir y erradicar toda forma de distorsión en los mercados; 3) controlar los monopolios naturales y legales; 4) promover la calidad y eficiencia de los servicios públicos; 5) fomentar la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios.
Cabe destacar que en los últimos años se constituyeron varias agrupaciones para defender a los consumidores y usuarios. Han cumplido y cumplen su misión con sugestiva eficiencia sin que haya sido necesaria intervención alguna del Estado ni su regulación legal. Esta realidad debe ser debidamente valorada por el legislador cuando, a la brevedad, realice un replanteo de los mecanismos de control en función de sus objetivos y sin caer en el exceso de perturbar el proceso productivo de bienes o generador de servicios, sino para verificar su resultado y la forma en que son ofrecidos al público consumidor.
Por Gregorio Badeni
(c)
La Nacion
El autor es constitucionalista y escritor.
Más competencia en Gran Bretaña
LA segunda parte de la revolución operada por las privatizaciones llegará a Gran Bretaña en 1998. Enajenado todo el patrimonio de los inventarios del gobierno, ya no queda nada que vender. Pero hay un ámbito extenso para la competencia y la rebaja de precios que seguirán como la estela de la desnacionalización. Otros países, más comedidos en esto de la privatización, toman buena nota: esta segunda instancia va a ser más dolorosa, más polémica, más beneficiosa que la primera. El consumidor británico será finalmente el principal beneficiario de las reformas estructurales llevadas a cabo por la desestatización. A lo largo de 1998, los ministros tecnócratas del laborismo van a incrementar la competencia para beneficiar a los que los han llevado al poder.
Incitados por sus nuevos jefes políticos, los inspectores independientes de industrias, desde ferrocarriles hasta sistemas de distribución de gas, irán por ahí revisando licencias y haciéndose ver. Un nuevo proyecto de ley sobre competencia, que entrará en vigor este año, dará atribuciones especiales a los agentes para que intervengan ante cualquier violación de las normas competitivas.
El gobierno laborista se dará a conocer como un partido de las reformas en los negocios. Y los cambios serán bien recibidos por muchas de las empresas, aunque ciertamente no por todas. Los accionistas de las compañías de servicios se van a ver obligados a compartir más de sus ganancias con los usuarios de los servicios. Y muchas compañías, todavía privilegiadas aunque ya privatizadas, se van a encontrar con que les menoscaban sus monopolios tradicionales. Este es un obstáculo que muchas empresas privatizadas de Europa y de otras partes del mundo en desarrollo ha de salvar todavía.
En Gran Bretaña, la nueva ley de competencia prohibirá todo acuerdo anticompetitivo, por ejemplo los cárteles para fijar precios o para repartirse el mercado. Basada en la reglamentación de la competitividad en Europa, hará a las compañías que abusen del mercado pasibles de multa hasta del 10 por ciento de su facturación.
El director general de Fair trading en el gobierno, John Bridgeman, tendrá nuevos poderes para allanar en inmuebles comerciales y secuestrar documentación. Clientes y rivales que puedan probar que han sido perjudicados podrán entablar juicio por daños. La Monopolies and Mergers Commission (Comisión de Monopolios y Fusiones) funcionará como un tribunal de apelaciones.
Aunque esas reformas no discriminan la influencia de pingües negocios en el sector, muchos servicios van a quedar enteramente huérfanos de protección. Lejos de restablecer el monopolio de que disfrutaba British Gas, los laboristas alentarán al funcionario regulador de la industria, Clare Spottiswoods, para que complete el proyecto de los tories de abrir el mercado del gas a la competencia. Desde abril de 1996, las empresas rivales han sido progresivamente autorizadas a competir por el negocio de más de 18 millones de usuarios de gas. En junio de 1998, todo ello concluirá en la apertura del mercado de gas domiciliario en Londres.
El proyecto será reforzado por un nuevo precio tope impuesto a la TransCo, la red de cañerías subsidiaria de British Gas, lo que llevaría a una reducción de 54 libras en el promedio anual de la facturación domiciliaria de gas, que es de 325 libras, durante los próximos cinco años.
La desregulación del mercado del gas coincidirá con la llegada de la competencia a los consumidores del suministro doméstico de electricidad: algo que entrará en vigencia también en los Estados Unidos en 1998.
