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El proyecto de ley de alquileres: otra mala señal
La iniciativa para regular el mercado locatario que aprobó el Senado terminaría perjudicando a los propios sectores que pretende proteger
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LA NACION
Con el voto unánime de los legisladores presentes, incluidos los de la coalición Cambiemos, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley de regulación de los alquileres que vuelve a tropezar con la misma piedra que el populismo puso en el camino hace 70 años y que destruyó la inversión inmobiliaria al perjudicar a miles de propietarios que habían puesto sus ahorros en casas para renta y también a los propios inquilinos. Pero la lección aprendida parece haber sido olvidada.
La motorización de esta iniciativa ha encontrado eco en legisladores deseosos de mostrar su apoyo a quienes suponen la parte débil y popular. Asumen que quienes se perjudican son los que más tienen y que a ellos se les puede detraer riqueza sin importar su derecho de propiedad. Desconocen erróneamente que perjudican no sólo a los propietarios, sino especialmente a quienes no son inquilinos al momento de la sanción, pero necesitarán serlo en el futuro. O tal vez se trate de hipocresía más que de error, ya que un senador de la Nación no puede desconocer que un exceso de regulación en el mercado locatario desalentará la construcción de viviendas para renta y que, en consecuencia, la oferta se retraerá y subirán los precios.
La conocida historia de los efectos destructivos de la ley de alquileres de la primera presidencia de Juan Domingo Perón no puede ser un antecedente ignorado por los legisladores que ahora apoyaron este nuevo intento.
El proyecto aprobado por el Senado extiende obligatoriamente a tres años la duración de los contratos. Los ajustes anuales del alquiler se ligan a un índice ad hoc compuesto por una combinación del aumento de precios minoristas y de salarios. Si este índice creciera en menos del 10%, no habría, según la iniciativa, modificación del precio del alquiler. Se dispone que el inquilino pueda rescindir el contrato en cualquier momento con una multa de un mes y medio de alquiler si lo hace durante el primer año y de sólo un mes en el segundo o el tercer año. En caso de que 60 días antes de la finalización del contrato el propietario informe su decisión de no renovarlo, la rescisión por el inquilino no tendrá multa. Los impuestos deberán estar a cargo del propietario, una disposición que sólo agrega apariencia, ya que el mercado los trasladaría al precio del alquiler. El depósito en garantía no podrá superar un mes de alquiler y al final del contrato será restituido en un monto igual al del alquiler del último mes.
Los senadores del Frente para la Victoria iniciadores de este proyecto aducen que no habrá congelamiento de alquileres. Sin embargo, el texto es claro cuando señala que si los índices de inflación logran reducirse a un dígito, los valores de las locaciones no podrán ser aumentados. Los impulsores de la iniciativa incorporan en sus argumentos la defensa de los inquilinos frente a la especulación de los propietarios. Mas no justifican cómo lograrían concertarse los miles de dueños de propiedades ofrecidas en alquiler. Hoy el mercado de locaciones urbanas exhibe amplia competencia e información.
Si el proyecto hubiera sido votado sólo por los senadores del Frente para la Victoria, podría pensarse que ha sido una maniobra perturbadora para sabotear la búsqueda de confianza y de inversiones. Sería un misil disparado por la "resistencia". Llama la atención, sin embargo, el voto de los seguidores de Sergio Massa y de otras fuerzas opositoras moderadas, y más aún el apoyo de los propios senadores de Pro. Este aval es el que tiene un verdadero efecto destructivo sobre las expectativas que pueda tener cualquier inversor que ha escuchado el discurso del presidente Macri y de sus ministros ofreciendo seguridad jurídica y respeto por el derecho de propiedad.
Estamos así ante una pésima señal a los inversores, que debe ser enmendada en el voto de los diputados del oficialismo durante el tratamiento de la norma en la Cámara baja. La situación del país no resiste más populismo en desmedro de la seguridad jurídica y la calidad institucional. Sólo se logrará ahuyentar la inversión, especialmente en un particular momento en el cual el blanqueo de capitales posibilitaría proyectos en el mercado inmobiliario, y de esa forma impedir la creación de empleo. Claramente, no es ése el camino para la reducción de la pobreza que nos agobia.
LA NACION
