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El reconocimiento de los derechos humanos
La vuelta a la democracia el 10 de diciembre de 1983 marcó para la Argentina una etapa de valorización de los derechos humanos que tuvo su correlato internacional con la suscripción de numerosos tratados sobre la materia: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño.
Pero fue con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, de la que ahora se cumplen 20 años, que se incorporó definitivamente la jerarquía constitucional de una serie de tratados internacionales de derechos humanos. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín, impulsor de la reforma expresó en ese entonces: "La consagración de la jerarquía constitucional de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos es, sin duda alguna, uno de los aportes más valiosos de esta Convención Constituyente a la profundización de nuestra democracia. La justificación del propio sistema democrático radica en ser el medio más idóneo para la protección y promoción de estos derechos inalienables y de la dignidad humana".
Esta decisión tiene como antecedente inmediato los delitos de lesa humanidad y la interrupción permanente de la vida democrática en nuestro país, especialmente durante la última dictadura militar. Dar jerarquía constitucional al sistema internacional de derechos humanos es un acto de memoria, de garantía para que no se repita nunca más lo vivido, de construcción colectiva de futuro y de lineamiento de política de Estado. Y también implica someterse a la observación y monitoreo de la comunidad internacional para que controle el cumplimiento en nuestro país de lo establecido en los tratados.
Este avance de trascendencia histórica tiene aún mucho camino por recorrer. Las normas solas no alcanzan, aunque sirvan para defender, reclamar o exigir derechos si ellos están siendo vulnerados. Una enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no gozan plenamente de los derechos que reconoce nuestra Constitución. Alcanzar las metas de los tratados internacionales de derechos humanos requiere de procesos de transformación, de mayor participación y deliberación que incluyan a todos, de una sociedad que privilegie la convivencia pacífica y la libertad. El camino por recorrer tiene por horizonte un país con una real igualdad de oportunidades, sin indigencia ni pobreza, donde se luche contra la corrupción, en el que se erradiquen todas las formas de discriminación, que tengan como meta la protección del medio ambiente, donde el acceso a la salud, la educación y el empleo digno sean derechos sociales primarios inalienables.
Esa lucha que comenzó con la identidad, el derecho más básico consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aún continúan las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, hoy se extiende a tres millones de argentinos que fueron separados de sus familias biológicas y anotados como hijos de otros en diferentes momentos de la historia de nuestro país. También a los desaparecidos en democracia. Y trasciende porque ahora son los niños, niñas y jóvenes, los adultos mayores, los consumidores y los recursos naturales, los actores y sujetos de nuevos derechos a partir de la reforma constitucional. La protección de esos derechos se tradujo en nuevas formas de organización para la sociedad civil, que retomaron la esencia de lo construido por los organismos de derechos humanos desde 1983.
Los políticos, funcionarios gubernamentales y judiciales, los empresarios y sindicalistas deben entender que los derechos humanos y la democracia como mecanismo de resolución de conflictos y de acceso a la justicia como herramienta de defensa de los más débiles deben ser los pilares y ejes de una política integral de cambio cultural que se aplique en el Estado, en la industria, en el campo, en la ciudad, en la vida cotidiana.
Pensar los derechos humanos es repasar y retomar el espíritu de aquella decisión de los convencionales constituyentes, es construir una agenda amplia e integral de derechos humanos para nuestra Argentina del siglo XXI. Superar las diferencias y abordar las falencias del sistema institucional son los primeros pasos que debemos dar como sociedad en un camino de diálogo, de pluralismo y de convergencia entre viejos y nuevos derechos.
El autor es subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
