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El republicanismo es progresista
Contra lo que parecen creer el Gobierno y sus aliados, la transgresión de los principios democráticos no permite agilizar los cambios sociales que urgen en los sectores más necesitados
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Hay una visión bastante extendida entre los sectores progresistas que apoyan la actual gestión de gobierno que justifica varias de las reiteradas vulneraciones que se cometen desde el Poder Ejecutivo sobre el sistema republicano y, particularmente, la división de poderes. Esta posición consiste en afirmar que ciertos incumplimientos son imprescindibles en pos de avanzar con cambios sociales, pues si los gobernantes se ajustan estrictamente a las reglas institucionales, se traban las reformas previstas. Esta idea presupone que el sistema de frenos y contrapesos incluidos en la Constitución nacional deriva de miradas conservadoras, históricas y actuales, que buscan mantener el statu quo que favorece sólo a algunos sectores.
Sin embargo, si se analizan con mayor detalle estos argumentos e incluso se examinan algunos casos de vulneraciones de las reglas democráticas cometidas por la administración actual, se puede apreciar que estos argumentos son claramente falaces.
Por empezar, las violaciones de este tipo de normas se vienen cometiendo desde hace décadas y, al mismo tiempo, se ha producido una descomposición de la trama social casi inédita en otros países a nivel global. En general, estos hechos no sólo no han servido para lograr reivindicaciones sociales, sino que, por el contrario, se ha ido ampliando considerablemente la brecha entre ricos y pobres. En cambio, muy escasos han sido los períodos de respeto a las instituciones como para evaluar su relación con la igualdad y la mejora de la situación de las poblaciones de bajos recursos. A la vez, resulta revelador también observar que los países con los mejores índices de desarrollo humano y menor desigualdad son justamente aquellos que más se apegan a las previsiones institucionales.
Pero, sobre todo, debe advertirse que muchos de los excesos realizados por parte del Poder Ejecutivo no benefician a los pobres, sino justamente al statu quo e incluso llegan a agravar las diferencias. Veamos sólo algunos ejemplos.
La intervención del Indec, que debería ser un instituto con plena autarquía funcional, y la consecuente manipulación de numerosos índices estadísticos, perjudica claramente a los sectores de menores recursos. Por un lado, la falta de reconocimiento de la inflación existente y, de allí, la omisión de adoptar medidas contra este flagelo representan, como reconocen los economistas de todos los signos ideológicos, un impuesto para los pobres. Por otro lado, el de la inflación no es el único índice que se ve modificado con la ilegítima intrusión en este organismo. Entre otras, se ven alteradas las mediciones de pobreza y de igualdad. Ello impide hacer una evaluación de la progresividad o regresividad de las políticas económicas del Gobierno y, según el caso, ajustarlas a tiempo. En un país con un alto porcentaje de pobreza e inequidad como el nuestro, las mediciones representan un prerrequisito indispensable para combatirlas.
El desmantelamiento de los organismos de control también constituye un perjuicio evidente para las víctimas de la extendida desigualdad. El presupuesto nacional contiene amplias previsiones para partidas sociales, pero una parte relevante queda sin ejecutar o se ejecuta deficientemente. Como resultado, los fondos que deberían llegar a los grupos desaventajados se desvían para otros fines. Las distintas entidades públicas que deberían monitorear esas partidas (auditorías, entes autárquicos de servicios públicos, agencias de transparencia, defensorías del pueblo, etcétera) han sufrido intromisiones ilegales por parte de los poderes políticos y, por ello, han perdido la necesaria autonomía para realizar adecuadamente su labor. En consecuencia, una parte sustancial de las partidas teóricas para educación, salud, transporte, alimentación, entre otras, no llegan a sus beneficiarios. En la misma línea, la falta de combate a la corrupción que se aprecia claramente en la actual gestión.
Incluso el cepo cambiario, cuya implementación está basada parcialmente en decisiones que no surgen de actos administrativos formales, tiene un impacto muy diferenciado entre ricos y pobres. En general, los primeros logran sortear mejor varios de los límites impuestos, al contar con herramientas financieras (entre otras, la posibilidad de viajar con tarjetas de crédito con amplios límites y anticipos de efectivo, acceso a la compra de divisas con herramientas legales como el sistema de contado con liquidación) que disminuyen el perjuicio. Pero, además, un buen número de personas de alto poder adquisitivo se beneficia directamente de las restricciones. Como ejemplo, puede mencionarse a quienes están adquiriendo autos de alta gama a precios inferiores a los de sus países de origen, otros que están ganando ingentes sumas de dinero con la compraventa de divisas en el mercado paralelo o quienes están haciendo significativas diferencias vinculando a empresas con cupo exportador con las que lo necesitan para importar. En cambio, muchos pobres se ven claramente perjudicados. Entre otras situaciones, a los migrantes de países limítrofes, que han venido a realizar actividades laborales con el fin de transferir remesas a sus familias para ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas, se les ha dificultado seriamente hacerlo. A su vez, muchos de los obreros de la construcción que dependían de esa actividad para su subsistencia han quedado sin trabajo por el freno a la actividad tras las nuevas disposiciones cambiarias.
Los cuantiosos subsidios a servicios públicos han sido una de las piedras basales de la política económica de esta administración. Sobre éstos, hay firmes evidencias de que su otorgamiento se hizo de manera poco transparente y sin la participación de los consumidores, como prevé la Constitución nacional. Su implementación ha sido manifiestamente desigual. Por empezar, se trata de políticas regresivas pues, en líneas generales, otorgan el mismo beneficio para ricos que para pobres. Pero, además, los usuarios del interior del país abonan tarifas mucho más altas que los de la zona metropolitana y el conurbano. Para agravar la inequidad, benefician a quienes están conectados a las redes que, en el caso del gas, pagan alrededor de un tercio menos que quienes no lo están, muchos de los cuales viven en villas de emergencia. Otro subsidio que también resulta regresivo es el de Fútbol para Todos, pues beneficia del mismo modo a quienes podrían afrontar el costo del servicio que a quienes no. Además de haber varios problemas en la transparencia de su gestión, su sanción fue decidida en soledad por el jefe de Gabinete, pese a que la creación de políticas públicas de esta magnitud debería pasar por la deliberación legislativa del Congreso Nacional.
En su trabajo La democracia como valor universal , Amartya Sen rechaza la idea extendida de que los sistemas no democráticos son los mejores para la promoción del desarrollo económico. Explica que los Estados con amplias libertades y respeto a sus reglas internas suelen también, por ejemplo, hacer reformas educacionales y agrarias equitativas y efectuar cambios tendientes a mejorar el respeto a la competencia, entre otras políticas significativas para el crecimiento. A su vez, sostiene que la democracia posee un importante valor instrumental en el reforzamiento de la respuesta obtenida por el pueblo cuando expresa y sostiene sus demandas de atención política, incluidas las demandas económicas.
La democracia, como es obvio, no se limita a la posibilidad de elegir en elecciones periódicas. Hay una variedad de requisitos que deben cumplirse para considerar a un país plenamente democrático. En momentos en los que se debate uno de los ejes fundamentales como la autonomía del Poder Judicial, conviene resaltar la relevancia del respeto a las reglas constitucionales no sólo para las libertades civiles y políticas, sino también para los derechos económicos y sociales y, en particular, para el avance de los sectores marginados.
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