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El riesgo de Lijo en la Corte
“Lijo y su hermano tienen una pyme que se dedica a alquilar bidets a políticos con el culo sucio”. Así describió al candidato oficial a la Corte Suprema el senador Luis Juez, en una reciente entrevista en la que también manifestó su sintonía con el gobierno nacional y su amistad con el presidente Javier Milei. La escatológica metáfora del legislador cordobés grafica el verdadero problema que implica la designación de Ariel Lijo. No se trata solo de su falta de aptitud ni del coyuntural y harto denunciado “pacto de impunidad” entre Milei y la oposición. El riesgo es aún más profundo y duradero: el avance del crimen organizado sobre la Justicia.
Con un juez sospechado de ser corrompible, la Corte Suprema argentina se convertiría en un blanco fácil para quienes necesitan protección judicial para sus negocios ilícitos. Como en los años 90, pero con una diferencia clave: el crecimiento de la criminalidad trasnacional y de gran escala en América Latina. Ya no se reduce al narcotráfico ni a algunos países como México y Colombia, sino que es un fenómeno que se expande velozmente por la región, alcanzando incluso a países históricamente más seguros como Uruguay y Chile. Y, por supuesto, a las principales provincias argentinas.
¿Por qué motivo el mismo Gobierno que presentó un proyecto de ley “antimafias”, y que incluso habló de “narcoterrorismo”, minimiza estas amenazas y se arriesga a que el Poder Judicial se vuelva permeable a esas mismas mafias? Ciertamente, no es el primer gobierno en buscar una Corte afín. Todo presidente tiene derecho a jugar sus cartas cuando debe nominar candidatos. Y, desde la perspectiva del oficialismo, hasta sería entendible conceder a “la casta” que tiene los votos en el Senado un lugar en la Corte, a cambio de obtener el apoyo para otros jueces ideológicamente cercanos. Pero incluso en esa lógica de poder, hay límites que no deberían cruzarse, porque implican costos futuros que, también con pragmatismo, deben contemplarse.
Basta con mirar a Rosario para entender que, para el crimen organizado, la Justicia puede ser un obstáculo, pero también un prestador de un servicio clave: la impunidad. Se mide en vidas el daño que sufrió Santa Fe tras una década de jueces federales y fiscales provinciales comprados por organizaciones narco para frenar investigaciones. La corrupción judicial permitió la inacción estatal y esta, a su vez, el crecimiento de la ola de violencia, como bien debe saber la ministra de Seguridad.
Ariel Lijo tiene 56 años. En caso de ser designado, permanecerá en la Corte hasta sus 75 años, es decir, hasta 2044. Si el Presidente escucha a su amigo Luis Juez, logrará ver que ni siquiera el beneficio de tener una Corte controlable en lo inmediato justifica dos décadas de exposición institucional al crimen organizado. Afortunadamente, todavía está a tiempo de evitar un error que sería un verdadero parteaguas en la de por sí problemática historia institucional y judicial argentina.
Recular nunca es fácil en política, pero forma parte del proceso de negociación de cargos que requieren mayorías agravadas. Los últimos tres presidentes vieron frustrados algún candidato para la Corte o para la Procuración. Y, en este caso, Milei cuenta con una salida elegante: culpar a la oposición. Es ella la que controla el Senado que, durante casi un año, no trató ese pliego, por el altísimo costo que implicaría para ellos su aprobación, más allá de cualquier posible acuerdo de no agresión.
¿O acaso no es un costo para los senadores que vociferan su indignación por el discurso anti-género de Milei en Davos perpetuar la desigualdad designando a otro varón en una Corte sin mujeres? ¿No es un costo para el kirchnerismo avalar a un juez de Comodoro Py, que en su trayectoria como juez federal ha avanzado y retrocedido contra funcionarios kirchneristas según cómo soplara el viento, y que para colmo es el delfín de Lorenzetti, señalado como un ariete del “lawfare” por Cristina? ¿O para la UCR y el Pro, que han hecho de la defensa de la calidad institucional una bandera, aunque sea en su retórica, avalar a este opaco juez?
En toda América Latina existe una misma preocupación: cómo combatir al crimen organizado, la principal amenaza a la estabilidad y desarrollo de nuestra región. Hasta Donald Trump, a su manera, incluye este tema dentro de sus prioridades. En ese contexto, el Gobierno y el Senado argentino están a punto de tender la alfombra para que esas organizaciones ingresen definitivamente a nuestro sistema judicial. Por suerte para el Gobierno, todavía está a tiempo de rectificarse. De no hacerlo, deberá hacerse cargo de las dañinas consecuencias.
Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)
