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El rol insustituible de la ciudadanía en acción
La decisión del gobierno de dar marcha atrás con la resolución de la Dirección de Parques Nacionales que declaraba al volcán Lanín, en Neuquén, sitio sagrado mapuche, con todas las implicancias futuras de esa decisión, confirma lo que muestra la experiencia reciente en nuestro país. Está surgiendo de la crisis una ciudadanía en acción, poniendo límites a un gobierno que utiliza el “relato” y la manipulación como herramienta de poder.
El hecho de un gobierno otorgando prerrogativas sobre territorios a una comunidad étnica que ni siquiera es originaria de la Argentina, y que aboga permanentemente por la llamada “soberanía mapuche”, con pretensiones irracionales sobre el territorio nacional y con desprecio hacia los símbolos patrios, despertó todas las alarmas y el repudio de amplios sectores de la sociedad. Los dirigentes políticos más lúcidos acompañaron el reclamo ciudadano.
Es que son bien conocidos los continuos actos de violencia que caracterizan a estos grupos, que cuentan con el asesoramiento de elementos subversivos del pasado, que tanto daño han causado en las épocas más infames de la Argentina. Tales elementos nunca superaron la derrota armada y siguen pretendiendo saciar su resentimiento y violencia. Aunque el tiempo se les ha venido encima, no descansan y generar conflictos que apuntan a diluir los aspectos más esenciales del interés nacional permanente: la soberanía y la integridad territorial. Un escenario patético para este siglo sólo posible por la debilidad, indolencia y hasta connivencia de funcionarios de gobierno que no cuentan con la visión estratégica, ni la capacidad de hacer lo correcto, ni el amor por esta nación.
En una mezcla de ideología e intereses económicos, la pretensión final es la disolución territorial y la creación de un estado mapuche. Nótese que la Patagonia, ámbito donde operan estos grupos cuenta con riquezas enormes en términos de hidrocarburos y minería, más allá de las reconocidas bellezas naturales y el turismo. Todo esto hace a la zona altamente codiciada.
Como una vez en la Argentina se negociaron prebendas bajo el paraguas de los derechos humanos, sobre la base de falacias y falta de ecuanimidad, hoy se pretende lo mismo levantando la bandera de los derechos de los pueblos originarios. Tiene que ver con una interpretación arbitraria del artículo 75, de la Constitución Nacional, que se refiere al reconocimiento de la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, como una de las funciones del Congreso de la Nación.
El caso es que está debidamente probado y la sociedad argentina lo sabe, que los mapuches nos son indígenas argentinos, que muchos de los que reclaman ni siquiera son indígenas y que lo que privan detrás de los reclamos son actitudes extorsivas frente a la debilidad o corrección política de los gobiernos. Tal el caso inadmisible de las comunidades autodenominadas mapuches alrededor de Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos del país, que pretenden arrogarse derechos sobre terrenos de la traza del gasoducto Néstor Kirchner, una obra esencial que llevará el gas a los principales centros de consumo del país y una vez en marcha, abaratará las tarifas.
Días atrás el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, sin visualizar las consecuencias, habilitaba un Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI) con esas comunidades, reconociendo “de hecho” su propiedad ancestral sobre el territorio, lo que da a esos referentes indígenas participación y veto sobre el proyecto energético. El mismo gobernador, a su vez, manifestó su disconformidad respecto de la resolución sobre el volcán Lanín.
En medio de la crisis de sensatez en la que se debate nuestro país, las contradicciones son muchas y los argumentos racionales escasos. Es paradójico que los mismos que rechazan a los “kelpers” como originarios de Malvinas porque descienden de los británicos, aceptan a los mapuches (pocos o muchos) como originarios de la Argentina, cuando provienen de etnias chilenas que depredaron a sangre y lanza a las reales etnias argentinas.
Yendo más allá del caso específico, lo rescatable de esta decadencia es el renacer del control ciudadano y la manera que actúa en la práctica y consigue resultados. Además del cara a cara, el poder de las redes es inmensamente útil para informar, comunicar ideas, visibilizar distorsiones, defender valores y poner a los ciudadanos en movilización, de una manera extensiva, horizontal y sin pasar por los medios tradicionales de comunicación.
Las maravillas de la tecnología permiten hoy el uso de este recurso del ciudadano de a pie para hacer oír su voz. Esa voz también es esencial para decir basta a los abusos de poder, como sucedió este caso del volcán Lanín y en otras oportunidades como el intento de expropiación de Vicentín, el de reforma judicial y los avances a las libertades individuales en la cuarentena eterna, entre otros.
Esta voz de los ciudadanos pensantes va en sentido contrario del modelo populista en la que unos pocos esbirros del líder se arrogan la voz y mandato del pueblo y subestiman al resto de los individuos, considerándolos simples objetos de manipulación.
Es claro que en la Argentina de hoy, como ocurre en los países más avanzados, se está dando el fenómeno virtuoso de una ciudadanía comprometida en forma creciente con el control de los actos de gobierno. Cada vez son más los que se informan, verbalizan sus ideas y van por delante de la política abriendo estos caminos pioneros. La educación es clave para que esta tendencia se consolide.
En los dirigentes políticos de mayor inteligencia y estatura moral, que son los que privilegian el interés común, sin duda resonará este rol ciudadano y responderán a la altura de las circunstancias.
Por Irma Argüello
