El sistema carcelario, en una crisis alarmante

La población carcelaria ya supera los 60 mil presos en todo el país. Con un crecimiento sostenido, la cantidad total de personas detenidas asciende a 60.789, cifra récord en la Argentina, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (Sneep).

Agrava esta situación la cantidad de presos sin condena. Tenemos unas 30.795 personas encarceladas que, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, son inocentes hasta que una sentencia judicial los declare culpables.

A su vez, existe una tendencia preocupante en la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra casi el 50% de la totalidad de presos del país, donde se produce un aumento de casi 1000 personas detenidas por año.

De este modo, entre 1997 y 2011 "se ha duplicado la población carcelaria del país, esto es, se ha incrementado en más de un 100 %", según destaca la Procuración Penitenciaria de la Nación en su último informe anual (2012).

Tenemos unas 30.795 personas encarceladas que, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, son inocentes hasta que una sentencia judicial los declare culpables

Además, el estado de las cárceles es desastroso, existen serios problemas de infraestructura ya que muchos centros de detención no están preparados para cumplir su función de manera adecuada, y otros se encuentran en pésimas condiciones materiales debido a la antigüedad de sus instalaciones. Así surge de informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se sostiene que "existen deficiencias estructurales en las construcciones…con serias falencias edilicias, ausencia de garantías mínimas de seguridad, inexistencia de adecuada ventilación, luz natural, agua corriente, higiene…sin servicios básicos e indispensables como calefacción y agua potable… que constituyen riesgo para la vida y salud de los detenidos…". Finalmente agrava el cuadro de situación, la gran cantidad de personas alojadas en condiciones infrahumanas en comisarías y otras dependencias de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sostenido que las "condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires constituían tratos inhumanos, crueles y degradantes". Y el Procurador Penitenciario de la Nación en su última Recomendación N° 797/13 del 8 de agosto destacó la "preocupante situación de sobrepoblación" en los distintos establecimientos penitenciarios federales. A pesar de esto, la construcción de cárceles continúa siendo una deuda incumplida ya que de las 10 prometidas en 2003 sólo se construyó una.

Asimismo, dentro de las cárceles se dan situaciones de violencia y malos tratos, se cometen todo tipo de delitos y violaciones de derechos humanos. Existe una alta proporción de muertes violentas (homicidios, muertes en peleas y presuntos suicidios) y gran cantidad de muertes por sida.

Los hechos delictivos no ocurren solamente entre detenidos sino que también existen denuncias por lesiones y torturas cometidas por los guardias del servicio penitenciario

Un factor que agrava lo dicho, es que estos hechos delictivos no ocurren solamente entre detenidos sino que también existen denuncias por lesiones y torturas cometidas por los guardias del servicio penitenciario. De los informes de organismos de derechos humanos se desprenden desde "internos golpeados, duchados con agua fría y dejados desnudos en sus celdas mientras sonaba música a alto volumen" hasta un "detenido apuñalado por un alto funcionario de seguridad".

Así, los problemas en las condiciones de detención impiden que los internos puedan recibir un tratamiento apropiado para su posterior reinserción en la sociedad ya que complica sus posibilidades de estudiar o trabajar intramuros. En este sentido, los datos oficiales analizados (Sneep) dan cuenta de que el 60 % de los reclusos no trabaja, que el 82 % nunca participó de ningún programa de capacitación laboral y que el 55 % tampoco estudia.

El resultado de todo esto, se puede observar en el hecho de que el 32 % de los detenidos condenados vuelve a la cárcel. Este dato surge de la suma de los reiterantes (11%), más los reincidentes (20%) y los reincidentes múltiples (1%). E incluso este porcentaje, que ya de por sí suena alarmante, es muy probable que sea aún mayor ya que se debe tener en cuenta que al calcularlo sólo se toma a los condenados (no a los procesados), es decir, el cálculo se realiza sobre 29.094 de un total de 60.789 reclusos.

Esta tasa de reincidencia es un indicador clave para analizar el éxito del tratamiento y la recuperación de las personas detenidas ya que demuestra la ineficacia del sistema penal en lograr la resocialización de quienes pasan por el sistema penitenciario, demostrando que un alto porcentaje de ellos vuelve a ingresar a la cárcel.

No cumple con su objetivo principal de lograr la reinserción social del recluso

Queda claro que el sistema penitenciario argentino no cumple con su objetivo principal de lograr la reinserción social del recluso y que, en consecuencia, un alto porcentaje de detenidos vuelve a cometer delitos agravando la situación de inseguridad que se vive en el país.

La crítica situación de las cárceles es sólo una parte de una crisis más amplia que afecta a todo el sistema penal (prevención policial, persecución penal y sistema de enjuiciamiento) que se relaciona de manera directa con la seguridad ciudadana; la correspondiente al capítulo de la etapa de ejecución penal.

La problemática carcelaria es de carácter nacional y debe ser analizada como parte de un sistema complejo, como lo es el sistema penal, con una visión integral. También es importante que el sistema penitenciario se vincule con una política criminal claramente definida y un plan integral de seguridad. De otro modo, con el paso del tiempo la situación solo continuará empeorando.

Martín Casares