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El sitio de Cristina a La Matanza
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PARA LA NACIONDaniel Bilotta
El intendente Fernando Espinoza teme que el escenario político del 2015 en la provincia de Buenos Aires vaya a recrearse este año en La Matanza. Sobre todo si la Iglesia activa su participación en la campaña electoral y si no puede disolver las tensiones que mantiene con La Cámpora y el Movimiento Evita. Dos corrientes internas del Frente de Todos que amenazan desafiarlo en las PASO y comprometer su reelección si no alcanzan antes un acuerdo que repare los que habría incumplido en los comicios de 2021.
Verónica Magario alimenta la pesadilla que persigue a Espinoza: convertirse en una miniatura de Aníbal Fernández. Un mal sueño por duplicado. El ministro de Seguridad lo venció en las PASO, donde se definió quién iba a enfrentar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La vicegobernadora no estará en la fórmula con la que Axel Kicillof irá por su reelección. Su padre Raúl, extesorero de Montoneros, lidera el operativo para que su hija regrese a La Matanza y compita por la intendencia.
La ruptura de la sociedad que mantuvo por dos décadas con Espinoza incluyó la mudanza de Magario de la casa que ocupaba frente a la de él en un barrio cerrado de Ezeiza. Cristina tiene un lugar central en esas cavilaciones. Los Magario orbitan en su entorno, donde pesa la opinión de Máximo Kirchner. Espinoza le exigió al hijo de Cristina que Facundo Tignanelli no reelija como diputado provincial por la Tercera Sección en 2021 para garantizar la paz política en La Matanza.
Tignanelli es subdirector del Anses desde 2022. Aquel episodio lo alejó de Máximo, de quien fue un estrecho colaborador. El Movimiento Evita ordenó a sus seguidores no votar a los candidatos locales de Espinoza, en represalia por no habilitarle una PASO para competir por esos cargos ese año. Algunos especulan que la directiva fue más amplia y que incluyó hacerlo por los del Polo Obrero.
A Cristina la inquieta lo que está ocurriendo en La Matanza. Considera como propio al distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Y a Espinoza un mero administrador. Pero sobre todo porque estaría dispuesta a cumplir con la promesa de no ser candidata. Lo que debilitaría las probabilidades de una victoria. Representantes de La Cámpora en el Senado bonaerense insistieron con esa teoría el martes pasado. Quizás para ablandar la resistencia de Juntos a votar pliegos de funcionarios judiciales en La Matanza.
La oposición no estaría dispuesta a favorecer a Magario, quien parece ser la elegida de Cristina. Desde el año pasado, Kicillof demora el envío de 150 pliegos al Senado para cubrir vacantes en la Justicia. El argumento contra Espinoza de sus detractores es que con este clima no tendría cómo garantizar que el oficialismo conserve la mayoría de 15 de los 24 miembros del Concejo Deliberante. Sobre todo porque es preciso reelegir a los nueve que ingresaron en 2019. Entre las elecciones de ese año y las de 2021, el Frente de Todos perdió casi 200 mil votos. Pasó del 64,18 por ciento al 46,43 del total de los emitidos. La oposición tiene nueve integrantes. Siete pertenecen a Juntos, que debe renovar tres. El Polo Obrero tiene dos. Hasta ahora, los sondeos le atribuyen al oficialismo una intención de voto del 36 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Si se confirma ese resultado en las elecciones, el desempeño sería inferior al del 2021 (38,53 %).
Es decir que a Espinoza le costaría mantener los seis concejales elegidos ese año. Sobre todo frente a la exigencia de La Cámpora y el Movimiento Evita. Para compartir lista con él cada uno desea dos lugares en ella. Es lo que aseguran que obtendrían compitiendo en su contra en una PASO con un candidato a intendente propio. Emilio Pérsico ya lanzó a su esposa, la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría. ¿Aprovecharía La Cámpora para reivindicar a Tignanelli?
Esa aparente inestabilidad azuza el fantasma que sobrecoge a Espinoza y a cualquier intendente. Quedar en minoría en el Concejo Deliberante y expuesto a que se forme allí una comisión investigadora de sus actos que fuerce su renuncia. Bastaría con una mayoría simple de 13 miembros para dar el primer paso. Si todas las proyecciones se cumplen, Espinoza se quedaría con un total de 12. Eso implicaría que obtendría seis de los nueve que eligen. La izquierda sumaría uno. La aspiración de quedarse con cuatro que tiene Juntos depende de Javier Milei. La libertad Avanza podría quedarse con dos y estropear esa expectativa. Al economista comienzan a jaquearlo otro tipo de dificultades. Como carecer de un partido político reconocido como propio por la Justicia Electoral. Es una vulnerabilidad que lo obliga a tolerar en silencio experiencias como las de Fernando Burlando. A cambio de ser su candidato a gobernador, el abogado aportaría a Unión Celeste y Blanco. Ese partido lo preside Carlos Loayza, director de Equipamiento Escolar bonaerense gracias a Martín Insaurralde. A través de su esposa, Jessica Cirio, el jefe del Gabinete de Kicillof mantiene una estrecha relación con Burlando. El peronismo se desvive por ser parte del proceso de normalización que la Justicia Electoral le exige a Unión Celeste y Blanco. Apto para competir en las elecciones presidenciales pero por ahora sin otra autoridad que su presidente.
Loayza podría perder ese cargo si prosperan las gestiones de Osvaldo “Chichi” Jalil. Delegado de Unión Celeste y Blanco en Catamarca y primo del gobernador Raúl Jalil. “Chichi” trabaja en obtener el aval de otras cuatro filiales partidarias en provincias del Noroeste para desplazar a Loayza. La intención del peronismo
-especialmente el bonaerense- de cooptar a Milei reiteraría la experiencia de 2021 con José Luis Espert: asistir al liberalismo para quitarle votos a Juntos y favorecer al Frente de Todos. Luego de las PASO, el oficialismo corrigió esa estrategia. Espert les restaba votos a ellos.
El juicio político a Claudio Scapolán no es ajeno a este proceso de sugestión colectiva. Walter Caruso intentó aprovechar la inexperiencia de la presidente del tribunal, Ana María Bourimborde, para interrogar él mismo a los testigos y probar la inocencia del fiscal de Tigre. Caruso, que no está habilitado en el jury para eso, es diputado en Juntos por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y con Daniel Lipovetzky se opuso inicialmente a este juicio.
Cuando quedaron en minoría revisaron esa posición. Algunas versiones insistían con la disconformidad de Lipovetzky por la supuesta debilidad acusatoria de la Procuración General contra Scapolán. Tal vez por temor a tener que defender al fiscal de nuevo. Murmuraciones. Bourimborde tuvo que pedir que los prisioneros que declaren desde una celda lo hagan sin presiones. Es decir, sin condicionamientos. Las evasivas de algunos testigos sembraron dudas. Algunos podrían ser sometidos a juicio por falso testimonio. Las suspicacias apuntan a las prestaciones del Servicio Penitenciario con la Justicia desde que Julio Alak desmanteló el área de Inteligencia Criminal en los penales. Una aparente concesión del ministro de Justicia a organismos de derechos humanos. La Comisión Provincial de la Memoria fue uno de los más enérgicos en pronunciarse con un documento para avalar el juicio político sin dilaciones a Scapolán.
El abrazo del peronismo a Milei para reconciliarse con las ideas liberales y el inédito interés en Juntos por las candidaturas a concejal son algunas de las razones de Cristina para sitiar a Espinoza en La Matanza.
