El valor de la lucha contra la explotación sexual

El 23 de septiembre evoca el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, durante enero de 1999. Desde entonces, este día convoca a concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de estos delitos que nos afectan a todos.

La Argentina es pionera en la región a la hora de poner este tema en discusión. La promulgación de la Ley 9.143 en 1913, conocida como “Ley Palacios”, fue la primera norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual. Asimismo, en 1936 este compromiso del Estado argentino por castigar la promoción, facilitación y explotación de la sexualidad ajena por un tercero, fue configurado legalmente con la sanción de la Ley 12.331. A partir de allí, el país adhirió al modelo abolicionista.

Esta ley de profilaxis tuvo como objetivo principal proteger la salud pública y, con ella, la prostitución personal sin autorización estatal dejó de ser un delito y se penalizó desde su sanción a los locales donde se ejercía esta actividad y a quienes los regenteaban. Esta fue sin duda la respuesta legislativa que se entendió debía darse luego de que el 30 de mayo de 1930 el juez Manuel Rodríguez Ocampo diera origen a una investigación que terminaría con el allanamiento de la sede central de la Zwi Migdal. Esta fue una red mundial de trata que operó en la Argentina entre 1906 y 1930, y se especializó en la prostitución forzada de mujeres judías, engañadas con falsas promesas de matrimonio. Fue la voz Raquel Liberman, una de las víctimas, y la investigación del comisario Julio Alsogaray los que hicieron posible el accionar judicial.

En 2008 se promulgó la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Así se federalizó la investigación sobre este delito. El alcance de esta norma fue extendido en 2012 a través de la promulgación de la Ley 26.842, que amplía la legislación vigente.

Para avanzar acabadamente es imperiosa la articulación y cooperación institucional a nivel local y regional. En nuestro país transcurrieron 87 años desde Zwi Migdal y no hemos podido terminar con las redes que administran y financian este flagelo.

Fechas como hoy permiten reflexionar sobre las prácticas naturalizadas, los silencios cómplices, y sobre la necesidad, cada vez más imperante, de fortalecer nuestras instituciones. El delito muta con nuevas prácticas. Debemos reinventarnos día a día para hacer frente a estas situaciones con nuevas estrategias.

La construcción de una sociedad más equitativa, más justa e inclusiva, requiere del esfuerzo de un gobierno y de una comunidad que se comprometa con el Estado de Derecho que ella misma demanda.

El flagelo de estos delitos afecta a las víctimas y a sus familiares, y en consecuencia, a toda la sociedad que se ve impactada ante hechos tan aberrantes. Con seguridad, en 2017 tenemos más herramientas que Palacios en 1913, o en el mismo momento que se aprobó la Conferencia de 1999. No obstante, el desafío es enorme y nos pone a diario en la situación de revisar qué estamos haciendo, cómo podemos hacerlo mejor y cuáles son los próximos pasos.

En ese sentido, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y desde la sanción de la Ley 23.364, se rescataron y/o asistieron 5146 víctimas de trata con fines de explotación sexual. Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2017, se rescataron 173, casi en su totalidad mujeres y personas trans. Este Programa cuenta con la línea telefónica 145, que recibe denuncias desde cualquier punto del país sobre la posible comisión del delito. Funciona los 365 días del año, durante las 24 horas. Se han recibido en este lapso, 603 denuncias por explotación sexual y 25 por publicidad de oferta sexual.

Asimismo, un mecanismo institucional primordial es el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Funciona dentro del ámbito de Jefatura de Gabinete de Ministros y está integrado por todos los poderes del Estado. Incluye la representación de tres organizaciones no gubernamentales. El trabajo que realizamos desde el Consejo supone un plan para institucionalizar la articulación gubernamental a nivel federal, enfocado en la asistencia a las víctimas de trata y a la prevención del delito. Tenemos un enorme desafío.

Días como hoy lo más importante es mostrar nuestra solidaridad con las víctimas, los familiares y la sociedad en su conjunto y reforzar como Estado nuestro compromiso en el desarrollo de capacidad institucional en la creación de acciones transformadoras enfocadas en la reparación y restitución de los derechos a las víctimas.