En el conurbano no se discute

Era una reunión relevante, pero no llegó a durar más de media hora. Se tensó a los diez minutos, cuando Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, advirtió que el anfitrión, Jorge Macri, intendente de Vicente López, no aceptaba sus condiciones. Era el mediodía de anteayer, escuchaban varios jefes comunales de Juntos por el Cambio y discutían por el reparto de 10.000 millones de pesos que Alberto Fernández había acordado dos meses atrás con 24 intendentes, incluidos varios peronistas, para combatir el delito. "Es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia", había dicho el Presidente el 4 de septiembre, cuando presentó el programa.

Son tiempos de crisis y necesidades múltiples. Y la Provincia pretende interpretar por escrito y con la firma de todos aquel convenio preliminar, que establece repartir el monto en 7500 millones para los intendentes y 2500 millones para la administración de Kicillof

Pero son tiempos de crisis y necesidades múltiples. Y la Provincia pretende interpretar por escrito y con la firma de todos aquel convenio preliminar, que establece repartir el monto en 7500 millones para los intendentes y 2500 millones para la administración de Kicillof. Berni dijo en la reunión que ya lo tenía hablado con Alberto Fernández y que su idea era que el 80% de esos 7500 millones fueran invertidos por los intendentes en patrulleros para la policía bonaerense, y el restante 20%, en chalecos. ¿Estás diciendo que te llevás también el 20 por ciento?, le preguntó uno de ellos, que advertía que ni siquiera esa pequeña proporción, que tenían pensada para cámaras de seguridad y tecnología en los municipios, quedaría en las comunas. "Sí, estoy diciendo eso", le contestó.

Berni es teatral. Cuando escuchó que le decían que con su postura acaso no tenía ningún sentido la reunión, amagó levantarse. Era evidente que la idea se le estaba pasando por la cabeza. Macri levantó la voz. Le dijo que iba a contar públicamente que el acuerdo no se estaba respetando. "Hacelo, así me das la oportunidad de decirle a la sociedad cómo Vidal les sacó la policía a los que no le aprobaban el presupuesto y cómo repartieron personal y patrulleros entre ustedes", insistió el ministro, que se paró para servirse jugo, cerca de la puerta. Hablaba desde ahí, dado vuelta, delante de Gustavo Posse (San Isidro), Jaime Méndez (San Miguel), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata), que seguían sentados. Después salió del lugar. ¿Había ido al baño?, ¿volvería?, se preguntaban los intendentes, que lo vieron regresar dos minutos después, pero ya siempre de pie. Berni discutió cinco minutos más y se retiró. "Fui a una reunión que pidieron ellos. Macri se desubicó. Me levanté, le dije que era un desubicado y me fui", explicó después a este diario.

La sospecha de los intendentes es que había entrado con la idea de romper el acuerdo. En parte, porque a ellos la propuesta les parece exagerada hasta en los números: si 24 distritos aceptaran comprar esa cantidad de patrulleros para la provincia, no habría suficientes policías para manejarlos. "Fue una falta de respeto. Nos ponen con el Presidente delante de las cámaras y después incumplen", se quejó uno. En realidad, las diferencias por la interpretación del reparto son similares a las que Berni tiene con jefes comunales del PJ. Solo que estos se expresan de modo más sutil. "No es mi problema", dice el ministro. Pero hay peronistas que, por ejemplo, afirman que aceptarán el acuerdo y después, en los hechos, intentarán adecuarlo cada uno a su manera. "Me pasan la plata y después veo", anticipó esta semana uno que ya firmó, que recibió los fondos y que piensa designar empleados municipales para manejar los patrulleros. "Si se los dejás a la policía, en cinco años te los destrozan", dice.

La discusión revela al menos dos síntomas. El más obvio es la escasez de recursos. El Gobierno tendrá en el conurbano su mayor desafío: debe hacer un ajuste macroeconómico, anticipado en la fórmula de cálculo para jubilaciones y en la decisión de no pagar más Ingreso Familiar de Emergencia, en momentos de fragilidad económica sin precedente.

En el Frente de Todos lo saben. Esperan amortiguar el golpe reforzando programas sociales y confían en que la actividad ha empezado a recuperarse. Así razona en la intimidad el ministro Matías Kulfas: que un inversor como Francisco de Narváez, dice, haya decidido adquirir los activos de Walmart indica que la Argentina está barata, que es una oportunidad y que otros podrían seguir esa estrategia. En la Casa Rosada agregan que ha caído la cantidad de ollas populares.

Pero los intendentes parecen más preocupados. Algunos de la oposición, por ejemplo, le atribuyen al Gobierno falta de coordinación para la asistencia social. En Lanús, por ejemplo, donde gobierna Grindetti, se sorprendieron la semana pasada al ver que unos 20 barrenderos que no pertenecían al distrito limpiaban las calles de Villa Diamante. Al ser abordados por representantes de la municipalidad, los empleados contestaron que se desempeñaban en el programa Potenciar Trabajo y pertenecían a Somos Lanús, de Barrios de Pie. Pablo Arburúa, coordinador nacional del Inadi, que dirige la agrupación, publicó el sábado en Twitter fotos del grupo. "Participamos de la entrega de ropa de trabajo en la Plaza Evita. Continuaremos acompañando proyectos comunitarios que mejoren las condiciones de vida de lxs vecinxs. Potenciar el trabajo desde cada barrio para ponernos de pie", escribió. Pero en el municipio dicen que ya tienen barrenderos. "Es que eso lo tiene que coordinar el intendente. Pero las organizaciones sociales son, con los curas y los pastores, las únicas que llegan a lugares adonde el Estado no llega", objetaron en la Casa Rosada. Será al menos la oportunidad de que Villa Diamante luzca por fin en honor a su nombre.

La otra inquietud es el delito, que creció en los últimos tres meses y desencadenó la pelea entre Berni y los intendentes. Otro síntoma, en realidad: que un ministro que se mueve siempre por cuenta y orden de Cristina Kirchner haya derribado un entendimiento al que había llegado Alberto Fernández explica mejor que nada los límites del Presidente. Incluso el argumento del Gobierno para la designación de Jorge Ferraresi en el lugar de María Eugenia Bielsa –que se prefería a un ministro con mejor manejo territorial– es puesto en duda en el peronismo.

Los jefes comunales querían como viceministro de Bielsa a Santiago Maggiotti, exintendente de Navarro, que ahora secundará al nuevo líder de la cartera. La semana pasada, dos de ellos le habían insistido por Maggiotti al Presidente, que les contestó con una frase entonces enigmática: "Antes tengo que definir una cosa". Era el ingreso de Ferraresi en el gabinete. ¿Significa lo mismo? No exactamente. El de Avellaneda es un par de todos ellos, pero también vicepresidente del Instituto Patria. Maggiotti como vice de Bielsa habría sido un gesto inconfundible al PJ; Ferraresi como ministro no termina de despejar la ambigüedad, porque revela también que la influencia de Cristina Kirchner continúa. El Presidente eligió en todo caso a un intendente imposible de ser vetado. Son las primeras constataciones peronistas después de la carta de la jefa.