En defensa de la lista sábana

El proyecto de ley enviado denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado de un admirable trabajo de detección de normas que traban la actividad económica. Espero que la mayor parte de sus cláusulas sean aprobadas lo antes posible.

Las reformas políticas contenidas en el mismo proyecto son, en cambio, de distinta naturaleza. No son urgentes y, en particular, la sustitución del sistema electoral de representación proporcional vigente por el sistema de circunscripciones uninominales sería un error.

Es frecuente oír quejas contra “la lista sábana”, que incluye candidatos desconocidos para la mayoría de los votantes. También se idealiza el sistema de los Estados Unidos, que permite una relación directa entre los ciudadanos y “su” representante.

En primer lugar, conviene recordar que la mitad de las provincias argentinas están representadas por solo cinco o seis diputados. Como la Cámara se renueva por mitades, en cada elección se eligen dos o tres. Y en ocho provincias más, el número total va de siete a diez.

En cada oportunidad, la lista incluye de tres a cinco candidatos.

No me parece razonable hablar en esos casos de “lista sábana”. Se trata de un número de personas que pueden ser conocidas por los ciudadanos. Más aún, si se aprobara la redistribución de escaños contenida en el mismo proyecto, muchas provincias verían drásticamente reducida su representación.

En definitiva, la cuestión se reduce a los cuatro distritos más poblados: la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Una vez más, nos encontramos con la propensión de los habitantes del AMBA a proyectar sus preocupaciones al resto del país, sin tener en cuenta que esa problemática no tiene nada que ver con la realidad de la mayor parte de nuestro territorio.

El sistema de circunscripciones uninominales se aplica en el Reino Unido y los Estados Unidos. El territorio se divide en tantos distritos como miembros de la Cámara de los Comunes y de Representantes. De esa manera, los ciudadanos eligen un solo legislador que representa a ese distrito. No hay “lista sábana”. Los ciudadanos saben quién es “su” representante y pueden tener una relación directa con él.

Presenta, sin embargo, serios inconvenientes. La representación parlamentaria total muchas veces no refleja adecuadamente la distribución de votos. Un partido puede ganar muchos distritos por pequeñas diferencias y obtener más representantes que otro que, con igual o mayor número de votos, los tenga concentrados en pocos distritos.

Esta distorsión se produce en algunos casos por el simple paso del tiempo. Las migraciones internas exigen la modificación periódica de los límites de los distritos para mantener un número parejo de ciudadanos en cada uno de ellos. En Gran Bretaña, las migraciones internas produjeron el efecto conocido como rotten boroughs (“burgos podridos”). Es decir, distritos despoblados que mantenían durante muchos años la misma representación pese a la merma de población.

En Estados Unidos se revisan los límites después de cada censo, que tiene lugar cada diez años. Siendo un Estado federal, la primera redistribución se refiere al número total de representantes de cada estado en la Cámara baja. Luego, cada estado debe ser dividido en un número de distritos igual al de representantes que le ha sido asignado.

Es entonces cuando la distorsión pasa frecuentemente a ser deliberada, realizada en su favor por el partido que domina la legislatura estatal. Se la conoce como gerrymandering. Ese término es el gerundio de gerrymander, la combinación del apellido del gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, con la palabra salamander –“salamandra”, en inglés– por la forma caprichosa que algunos distritos tenían en el mapa aprobado por una ley promulgada por Gerry en 1812. Conviene remarcar que en más de doscientos años un país con instituciones sólidas, y un Poder Judicial independiente como Estados Unidos, no ha podido erradicar este flagelo.

En tiempos más recientes, el trazado fraudulento ha sido el resultado de un acuerdo de los líderes locales de ambos partidos mayoritarios para crear distritos seguros para los que ya integran la Cámara (los incumbents). Eso ha llevado a que ciertas figuras se hayan perpetuado en sus escaños, llegando a ocupar alternativamente la presidencia del cuerpo o la jefatura de su bloque durante décadas. Una verdadera “casta”, en la terminología que el Presidente ha puesto de moda.

Hemos visto esta maniobra en la Argentina cuando la usó el general Perón en 1951 y 1954. También conviene tener en cuenta que, si ya en 1812 Gerry contaba con suficiente información sobre las preferencias electorales que podían suponerse en los ciudadanos que habitaban determinados lugares, qué grado de sofisticación puede alcanzar este fraude en una época signada por la inteligencia artificial, la cibernética y la big data.

El proyecto de ley confía al presidente de la Nación la función de definir los límites de los distritos. Se incrementa así el hiperpresidencialismo, que ya afecta nuestro sistema político. Y el recurso a la revisión por la Justicia Electoral llevará inevitablemente a litigios planteados por los que se sientan afectados y acusaciones de fraude por parte de los que no obtengan lo que pretenden.

Hoy tenemos un sistema que evita discusiones porque los distritos son los límites de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y las acusaciones de fraude son muy limitadas e intrascendentes, motivadas generalmente por la falta y el robo de boletas, y el voto en cadena, que se evitarán con la adopción de la boleta única de papel.

Otra consecuencia negativa menos conocida del sistema de circunscripciones uninominales es que los representantes se transforman frecuentemente en voceros y defensores de los intereses de la gran empresa industrial o extractiva localizada en su distrito. Por eso, se imputa al Congreso de Estados Unidos haberse transformado en una colección de intereses especiales.

El Presidente ha expresado que aceptará sugerencias. Respetuosamente, le sugiero que separe las disposiciones referidas a la reforma política del resto del proyecto de ley y promueva un amplio debate sobre esta cuestión. No hay urgencia. Basta que se tomen decisiones durante 2024, que no es un año electoral.

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias

Por Carlos María Regúnaga

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