1
En medio del río, acelerar el cambio estructural
La Argentina atraviesa un período de cambio estructural rápido y profundo impulsado por la unificación cambiaria, la reducción de barreras no arancelarias, los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, el RIGI, la reforma laboral y un amplio programa de desregulación. El nuevo paradigma de equilibrio presupuestario desde el primer mes de la gestión Milei permitió reducir la inflación de 2 dígitos mensuales al rango del 1,5%–2% a mediados de 2025, con una caída leve de la actividad en 2024 y una fuerte recuperación en 2025; ello permitió reducir la pobreza del 41,2% de la población al 28,2% entre el segundo semestre de 2023 y el de 2025. En este contexto coexisten sectores dinámicos –energía, minería, agroindustria, finanzas, tecnología– con sectores en contracción, más intensivos en mano de obra, como el manufacturero y la construcción. Esa heterogeneidad, junto con el rebrote inflacionario al 2,5%-3,5% mensual en 2026, da cuenta de la reciente caída de ingresos reales, desaceleración/estancamiento de la actividad y caída del empleo formal.
Aun excluyendo factores transitorios –precios de la carne, servicios regulados, productos estacionales–, la inflación núcleo muestra resistencia en niveles cercanos al 2%-2,5% mensual. Múltiples desequilibrios entre oferta y demanda de dinero explican esa persistencia: los errores y las crisis políticas del período preelectoral en 2025 y los casos de corrupción en 2026 redujeron la demanda de pesos; en 2025, la base monetaria (oferta monetaria) creció por encima de la base monetaria ampliada –la variable a estabilizar por el BCRA que incluía los pasivos remunerados del BCRA–; en 2026, las compras de reservas para cumplir con las metas acordadas con el FMI generaron expansión monetaria que no fue esterilizada en su totalidad; y la rápida sustitución de efectivo por billeteras virtuales comprimió adicionalmente la demanda de dinero. También explica la mayor inflación el aumento de la expectativa de inflación derivada del crawling peg del techo de la banda en 2026. Al estar este indexado a la inflación pasada, opera como proxy de la máxima devaluación/inflación esperada, introduciendo inercia inflacionaria y restándole credibilidad al BCRA.
Así como la desinflación de 2024-2025 impulsó la recomposición de ingresos y la reactivación económica, lo opuesto ocurre desde el último trimestre de 2025. La suba de precios vía pérdida de poder adquisitivo impactó negativamente sobre el consumo y la demanda agregada, mientras que la apuesta oficial de reactivar vía crédito tropieza con tasas activas elevadas y creciente morosidad bancaria (atribuible a su vez a fuertes subas de tasas de interés entre agosto y octubre de 2025). Por el lado de la oferta, el diagnóstico central es el pobre desempeño de la inversión, que fue inferior en 2024-25 que en 2022-23 –la caída de la inversión extranjera directa fue aún mayor–, atribuible domésticamente a tres factores: una agenda de reforma incompleta (reforma tributaria, desregulación provincial, controles cambiarios); incertidumbre política (casos de corrupción, elecciones presidenciales de 2027, deterioro del clima internacional); y el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. La intervención cambiaria contribuyó a una apreciación del tipo de cambio real multilateral del 11% en 2026, desincentivando la producción de bienes y servicios transables y comprimiendo márgenes en sectores como la construcción, cuyos costos se encarecen en dólares mientras los precios permanecen dolarizados.
La combinación de mejores términos de intercambio el último año y una estructura productiva con creciente orientación exportadora (energía y minería se suman ahora al sector agropecuario) auguran mejoras sustanciales en la balanza comercial. El superávit energético –potenciado por importantes inversiones en Vaca Muerta y ahora mejores precios– podría más que quintuplicarse en los próximos 5 años. Una buena cosecha con precios agrícolas favorables también anticipa importantes excedentes comerciales del campo. Por un lado, esto es positivo para la estabilidad macroeconómica, reduciendo el riesgo de crisis de balanza de pagos. Por el otro, el mayor excedente estructural de divisas impulsa la apreciación cambiaria –enfermedad holandesa–.
Ante esta eventualidad, la economía tiene diversos mecanismos de adaptación. La mejora del precio relativo de los no transables incentiva el desplazamiento de trabajo hacia servicios; eso es consistente con el aumento observado de monotributistas e informales. Las inversiones en energía, por ejemplo, tienen un efecto multiplicador vía eslabonamientos hacia atrás –la industria de proveedores en el sector de energía– y hacia adelante –el abaratamiento de la energía tracciona a industrias intensivas en ese factor como la petroquímica y la producción de urea–.
Completar la agenda de reformas es condición necesaria para que los sectores expansivos desplieguen su potencial y más que compensen a los sectores que se contraen. Eso incluye extender la desregulación y el ordenamiento fiscal a provincias y municipios –revisando la ley de coparticipación para que no genere provincias parasitarias que desincentiven la actividad privada– y avanzar en una reforma tributaria que simplifique el sistema, reduzca la carga total y elimine impuestos distorsivos como el impuesto al cheque y los ingresos brutos. El cambio estructural requiere además mercados de factores eficientes: profundizar la reforma laboral y fortalecer los mercados de capitales para que el sector financiero canalice el ahorro a la economía real. En educación, ciencia y tecnología, el Gobierno debería reemplazar la motosierra por el bisturí, priorizando la innovación y la colaboración público-privada; el capital humano y el cambio tecnológico son los principales creadores de valor en la nueva economía.
En materia cambiaria, el momento para abandonar la banda parece oportuno: el ingreso de divisas por cosecha y el creciente superávit energético ofrecen el colchón necesario. Permitir que el tipo de cambio sea determinado por el mercado desactivaría expectativas inflacionarias y señalizaría que los precios relativos ya no los fija la burocracia, fortaleciendo la credibilidad del enfoque liberal del Gobierno. En esa misma línea, sería oportuno eliminar el cepo cambiario que aún opera sobre las empresas. Estas no pueden acceder libremente al mercado oficial para atesorar, pagar deudas o girar dividendos anteriores a 2025; siguen sujetas a la restricción cruzada reinstaurada por el BCRA antes de las elecciones, tienen plazos diferenciados para pagos al exterior y no pueden operar en el MEP/CCL mientras participan en el mercado oficial. Todo ello desincentiva la inversión extranjera directa y aprecia artificialmente el tipo de cambio al comprimir la demanda de divisas.
La objeción de que su eliminación generaría presión alcista no es convincente: podría inducir un aumento sustancial de inversión extranjera y, aun si hubiera depreciación, el efecto inflacionario sería acotado y transitorio en un contexto de superávit fiscal y sin emisión monetaria. Lo demuestran los antecedentes: ni la salida del cepo en 2015 ni el levantamiento para personas en 2025 desencadenaron espirales inflacionarias. Lo que sí hace el cepo es reprimir una señal de precios esencial y transmitir a los inversores extranjeros el mensaje de que la Argentina todavía no confía suficientemente en el mercado.
Para potenciar la reasignación de empleo hacia sectores competitivos, el Gobierno podría impulsar políticas laborales activas: sistemas de información de oportunidades de empleo, enseñanza técnica alineada con la nueva matriz de calificaciones demandada por los sectores dinámicos, formación en IA y capacitación en servicios con proyección global como turismo, fintech y tecnología. Asimismo, se podrían evitar políticas de estabilización que agudicen la apreciación real más allá de lo que justifican la mejora de productividad y la nueva estructura exportadora. La reciente baja de tasas y la política de acumulación de reservas van en la dirección correcta: la mayor liquidez reactivará el canal crediticio y suavizará el ajuste estructural del sector transable, con beneficios adicionales para sectores empleo-intensivos como la construcción y el real estate.
El cambio estructural en curso requiere profundizar las reformas para que la inversión acelere la convergencia hacia una estructura productiva más eficiente e integrada comercialmente. La eliminación de la banda cambiaria y el cepo corporativo impactará favorablemente en la inversión, el empleo y la competitividad, sin riesgo inflacionario mientras se mantenga el equilibrio presupuestario. La nueva estructura productiva, intensiva en exportables, brinda la oportunidad de fortalecer reservas y eliminar los controles cambiarios. La conjunción de equilibrio fiscal, profundización de reformas y mayor liquidez internacional contribuirá a una nueva baja del riesgo país, mejorando el perfil del endeudamiento soberano y facilitando el financiamiento para la inversión privada.
Doctor en Economía (Oxford), execonomista líder del Banco Mundial, exgerente BCRA
Tipo de trabajo:
opinión
