Entre libertad académica y discrecionalidad en los recursos: los límites de la autonomía universitaria

A más de un siglo de la Reforma Universitaria de 1918, un legado que consagró la autonomía como condición indispensable para resguardar la libertad académica frente a la injerencia del poder ejecutivo, el debate contemporáneo exige revisar críticamente sus alcances. En su concepción original, la autonomía protegía el pensamiento crítico y la libertad de acción. Sin embargo, con el correr del tiempo, ha tendido a mutar hacia una suerte de privatización de lo público.

Cuando las instituciones operan sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas, grupos internos politizados -no necesariamente partidizados- imponen preferencias particulares por sobre el bien colectivo. Esto diluye el control e incentiva, por ejemplo, la ausencia de concursos docentes, el uso discrecional de fondos públicos y la inexistencia de balances y estados de resultados al día y de cara a la sociedad. Asimismo, cuando el diseño institucional resulta endogámico -donde quienes supervisan son los mismos supervisados-, se resquebraja la legitimidad del sistema y se desincentiva todo cambio que conduzca hacia su modernización. Si bien los mercados laborales internos pueden resultar útiles para generar incentivos de superación, si para aspirar a un decanato o rectorado es condición sine qua non ser parte del sistema, se corre el riesgo de mantener los mismos sesgos, metodologías y vicios sin cuestionamiento alguno.

Desde el análisis económico institucional, la universidad pública enfrenta la ausencia de ownership o de un propietario residual. Así, como argumentan economistas clásicos como Armen Alchian y Harold Demsetz, al carecer de agentes comprometidos con el valor acumulado de sus activos, se diluyen responsabilidades favoreciendo inercias ineficientes. En este contexto, la autonomía universitaria desprovista de mecanismos de responsabilidad pública no solo pierde sustento democrático, sino que compromete la capacidad del sistema para reaccionar ante los nuevos paradigmas sociotecnológicos que enfrenta la economía.

Para comprender las dinámicas que tensionan la relación entre rendición de cuentas y autonomía universitaria, resulta imprescindible definir conceptualmente ambos fenómenos, evitando tratarlos como entidades inamovibles. Convengamos, primero, en que la autonomía difiere de la independencia. Esta última implica autosuficiencia absoluta y ausencia de condicionamientos externos. Por su parte, la autonomía expresa la libertad de actuar y decidir dentro de un marco institucional sin interferencias arbitrarias. Por ser un concepto multidimensional -que abarca las esferas académicas, administrativas y financieras, entre otras-, sus diferentes dimensiones no reaccionan del mismo modo ni en un mismo grado ante los condicionantes del entorno.

A partir de estas distinciones, conviene diferenciar entre autonomía sustantiva y de procedimientos. La primera comprende la libertad para definir metas institucionales, programas de estudio, líneas de investigación, metodologías y criterios de admisión. Aquí, el Estado coordinador no debe interferir sobre la soberanía académica. En este plano sustantivo, la rendición de cuentas opera de forma ex-post y muchas veces de manera voluntaria. Por ejemplo, los académicos someten sus trabajos a la evaluación de pares para validar científicamente su producción. Lejos de restringir libertades, la mirada externa legitima socialmente el conocimiento generado, demostrando que autonomía científica y rendición de cuentas se refuerzan mutuamente.

Por el contrario, la autonomía de procedimientos se refiere a la independencia para elegir los mecanismos de gestión financiera, administrativa y de recursos humanos aplicados a políticas predeterminadas. En este ámbito procedimental es donde el problema del ownership resulta crítico y donde la rendición de cuentas puramente burocrática fracasa. A fin de prevenir la dilución de responsabilidades y preservar la agilidad administrativa, la gobernanza debe articularse con una rendición de cuentas entendida como el vehículo mediante el cual la universidad se legitima ante la sociedad. Responder a las partes interesadas (stakeholders) -Estado, donantes, pares académicos, sectores productivos y a la sociedad como principal contribuyente- implica alinear las conductas institucionales para satisfacer el bien común.

A tal fin, una gestión eficiente debe basarse en indicadores de rendimiento objetivos que tomen en cuenta, por ejemplo, la retención en primer año, el desvío en la graduación respecto del tiempo teórico, la relación entre ingresantes y egresados del primer quintil socioeconómico, y la inserción laboral en tiempo y forma, activando auditorías de acompañamiento y planes de mejora ante desfases. En este sentido, no basta con abrir la universidad para todos sin control de calidad alguno si, antes de completar el primer año, cuatro de cada diez nuevos ingresantes quedan en el camino. Y más dramático aún si en tal deserción se hallan sobrerrepresentados alumnos de los sectores más vulnerados. Un estudio reciente del investigador Ignacio Templado lo deja en evidencia: mientras que el 7,9% de los estudiantes de primer año pertenece al primer decil de ingresos, ese porcentaje se reduce al 1,1% cinco años después.

En suma, conviene aclarar que autonomía y rendición de cuentas no conforman un juego de suma cero. Una autonomía extrema sin transparencia arriesga privatizar lo público, mientras que una rendición de cuentas bien concebida fortalece la legitimidad, la viabilidad y la misión social de la universidad.