Es necesario nombrar más jueces

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) viene advirtiendo, desde hace casi cinco años, un grave problema que debilita al servicio de justicia del país: el sistema de nombramiento de magistrados. Ante semejante grado de alarma en una materia tan sensible para nuestra sociedad, hemos creado un observatorio a partir del cual pudimos arrojar una serie de conclusiones.

El sistema de justicia argentino está viciado por la falta de nombramiento de jueces, fenómeno por el cual se termina recurriendo de manera sistemática a la figura de "jueces suplentes", los técnicamente denominados "subrogantes".

Para dimensionar adecuadamente esta problemática, lo mejor es reflejarla en números: de los 992 cargos de jueces nacionales y federales, 324 posiciones permanecen vacantes. Es decir, uno de cada 3 cargos de jueces se encuentra vacante, dato de la realidad institucional que preocupa e interpela.

Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema en lo concreto? Al no existir un juez disponible para hacerse cargo de un juzgado, se le asigna la responsabilidad de llevarlo adelante a otro juez que, de por sí, ya tiene sobradas responsabilidades en el suyo propio. En pocas y sencillas palabras, no es ni más ni menos que jugar un partido con un jugador menos, y me atrevo a decir, sin riesgo de incurrir en exageraciones, con menos de la mitad de un equipo.

La desproporción existente de jueces subrogantes se debe a una sencilla razón: el Consejo de la Magistratura no da avance ni concluye los concursos que permitirían comenzar el proceso de selección en el que, en una instancia ulterior, han de intervenir el Poder Ejecutivo, que debe elegir un juez de la terna elevada por el Consejo, y el Senado de la Nación, que debe prestar el acuerdo definitivo.

Por su parte, el Consejo estuvo paralizado en todo el segundo gobierno de Cristina Kirchner, si bien es de esperar que esta situación se modifique en el corto plazo. Hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dicho al Consejo, muy pocos días atrás, que acelere el procedimiento, porque así ya no se puede seguir.

Sería interesante poner en consideración quiénes son los perjudicados de este repetido tipo de procedimientos y quiénes, quizá, sus beneficiarios indirectos. Es evidente que no todos salen perdiendo totalmente: los jueces suplentes cobran un extra por esa tarea y, en el fondo, nadie les puede exigir que la desempeñen absoluta y correctamente; sólo en casos muy excepcionales de fueros con menor carga de trabajo, esto puede llevarse adelante de manera ordenada, eficiente y razonable. Sin embargo, esos contadísimos casos no atenúan la situación, así como "una gaviota no hace verano".

¿Es fácil resolver el problema? Sí, lo es. La solución está, sencillamente, en despolitizar las decisiones del Consejo y avanzar en el desarrollo de los concursos para así despejar luego el resto del recorrido. Sin los jueces correspondientes en cada juzgado, no puede existir una justicia capaz y efectiva. La consecuencia es sencilla: tampoco habrá una democracia plena; ni la libertad ni el cumplimiento de la ley estarán asegurados. La urgencia es evidente.

Director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)