Éste no es el gobierno de los derechos humanos

La presidenta de la Nación expresó varias veces durante las cadenas nacionales de la reciente Semana de Mayo que a ella no le perdonan que represente al "gobierno de los derechos humanos". Para evitar que este tipo de proclamas se instale en el ideario público, corresponde listar algunos de los derechos humanos que esta gestión de gobierno ha venido vulnerando de forma manifiesta y sistemática a lo largo de los últimos 12 años.

Hay que desnudar descriptivamente, de la forma más clara y concreta posible, una realidad que evidencia que este tipo de afirmaciones son parte de mecanismos de generación de conciencia sin basamento fáctico. Lo que sigue es una breve muestra de algunas de las violaciones de los derechos humanos que se produjeron y siguen produciendo en nuestro país.

En materia de derechos económicos y sociales, aunque esta administración transcurrió durante un fuerte crecimiento del PBI, son evidentes las transgresiones inexcusables. Por ejemplo, aunque no existen estadísticas exactas, el derecho a una vivienda digna sufrió graves retrocesos. Se estima que, en estos años, al menos se duplicaron la cantidad de personas que habitan en villas de emergencia. Actualmente viven alrededor de tres millones de personas en estas condiciones, con problemas severos de agua potable, saneamiento y alumbrado público. Esa estadística no incluye, por tanto, a las numerosas personas en situación de calle y hacinamiento.

El derecho a la alimentación también es vulnerado. Pese a que con la desintegración del Indec no hay estadísticas oficiales confiables, según centros de estudios especializados, la desnutrición crónica afecta a alrededor del 8% de la población de niños menores de seis años. En las provincias con sistemas feudales, escaso control de la sociedad civil y gobernantes reelegidos indefinidamente y avalados por el Poder Ejecutivo, se vienen produciendo una cantidad incesante de fallecimientos por desnutrición.

El derecho a un medio ambiente sano se ha degradado de forma muy evidente con esta gestión. El desmonte y la minería sin regulación, la gestión de las aguas y los basurales a cielo abierto son sólo algunos ejemplos. Una situación aún más notoria es el incumplimiento al fallo de la Corte Suprema por la situación del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo. Entre otras víctimas, hay miles de personas que desde hace siete años aguardan ser relocalizadas por vivir en condiciones totalmente indignas y riesgosas para su salud.

El apabullante crecimiento del narcotráfico afecta sobre todo a los pobres. Cientos de jóvenes de bajos recursos mueren anualmente por hechos de violencia relacionados con la droga, mientras que las fronteras se hacen cada vez más permeables. La venta indiscriminada de la pasta base de cocaína ha dejado lo que se denomina una "generación perdida" de jóvenes con daños neurológicos irrecuperables. No hay una política seria para combatir el narcotráfico ni para prevención las adicciones.

Los derechos civiles no corren mejor suerte. Las personas privadas de la libertad se han incrementado en alrededor de 50% durante esta gestión de gobierno. Por un lado, casi el 60% de los detenidos no tiene condena firme, lo cual representa una evidente afrenta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a otros tratados internacionales a los cuales nuestro país les otorgó jerarquía constitucional. Por el otro, cada año se incrementan los casos de tortura y maltratos contra los presos, como viene explicitando en sus informes anuales la Procuración Penitenciaria, dependiente del Congreso de la Nación.

Como surge del amplio movimiento social que lo viene denunciando públicamente, los derechos de las mujeres están siendo fuertemente vulnerados. La Corte Suprema dispuso en 2012 que todas las provincias debían implementar protocolos de abortos no punibles y, pese a ello, hay once provincias que carecen completamente de guías de actuación en este campo. A su vez, la violencia de género se ha incrementado exponencialmente sin que se ponga en funcionamiento una política pública integral para reducir el flagelo. En 2014 se produjeron 277 femicidios, es decir que muere una mujer cada treinta horas en estas circunstancias. Treinta y nueve de esas mujeres habían denunciado violencia de género, pero nunca recibieron del Estado la protección adecuada.

Los derechos de los pueblos originarios tampoco se respetan. Según la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Estado argentino no aplica ni garantiza el ejercicio de sus derechos territoriales, políticos y culturales reconocidos a nivel constitucional. Los qom, los wichis y los mapuches han sido objeto de hechos de violencia, en varios de los cuales estuvieron involucradas las fuerzas de seguridad. Por su parte, hace ocho años que el Estado nacional y el gobierno de Chaco incumplen de forma manifiesta un fallo de la Corte Suprema que les ordena proveer de agua, medicamentos y otros insumos básicos a comunidades indígenas de esa provincia.

A su vez, la violencia estatal se expande. Los registros públicos indican que 154 personas fueron muertas por las fuerzas de seguridad en 2014 en el área metropolitana de Buenos Aires, lo cual constituye un récord desde 2004. Las estadísticas son superiores a los promedios regionales de países como Brasil, Uruguay y Chile, que han producido, a su vez, mejoras no imitadas por el nuestro.

También ha habido claras afrentas a la libertad de expresión. Además de reiteradas amenazas y hechos de violencia no esclarecidos contra periodistas y medios de comunicación que investigan hechos de corrupción, se ha implementado una política de asignación de publicidad oficial para sostener con recursos económicos exclusivamente a aquellas voces que favorecen al Gobierno, configurándose una suerte de "censura indirecta", de acuerdo con los parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para peor, se han restringido espacios de propaganda electoral, haciéndose cada vez más difícil para la oposición competir con los oficialismos tanto a nivel nacional como provincial.

El nombramiento del general César Milani como jefe del Ejército, la sanción de la ley antiterrorista y la indefensión y persecución de los movimientos que pelean contra la minería indiscriminada en varias provincias son otras claras muestras de ataques a los derechos civiles.

En cuanto a derechos políticos, no sólo no se produjeron avances, sino que ha habido claros retrocesos. Por ejemplo, pese a que el derecho a la información pública ha sido reconocido como derecho humano fundamental por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se sanciona la ley que vienen reclamando organizaciones sociales y periodistas desde hace más de 15 años, cuyo objetivo es permitir que cualquier ciudadano efectúe solicitudes ante cualquiera de los poderes del Estado. Además, el Poder Ejecutivo pone cada vez más límites a los requerimientos que se realizan en su sede. A su vez, se produjeron regresiones inaceptables en el acceso a datos sobre audiencias de los funcionarios y sobre sus declaraciones juradas. El Estado argentino no sólo desmanteló el Indec, sino que persiguió penalmente a quienes publicaban cifras alternativas.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó la figura del defensor del Pueblo para facilitar que los reclamos por derechos fundamentales sean llevados a instancias institucionales. Sin embargo, desde hace cuatro años que no se designa a su titular.

La corrupción genera miserables consecuencias para los derechos humanos, tal como vienen destacando los organismos internacionales. La descontrolada corrupción que impera en el país y contra la que no existe ninguna política pública de prevención o control se ha llevado consigo numerosas vidas durante esta gestión. La medicamentos adulterados, el choque de los trenes en Once o las inundaciones en la provincia de Buenos Aires son sólo algunos ejemplos.

Pese a no ser una materia especialmente técnica, muchas personas han adoptado un concepto de derechos humanos limitado a la identificación y sanción de los delitos de lesa humanidad. Más allá de si esa confusión ha sido producto de una acción deliberada o no, corremos el riesgo de olvidar que el término es mucho más amplio y comprende una cantidad muy amplia de libertades y garantías para su ejercicio que el Estado debe satisfacer. No existe ningún informe de situación actual, de ninguna organización dedicada a esta materia, que le otorgue al Gobierno una calificación aceptable en esta materia. No podemos permitir que el autoatribuido título de "gobierno de los derechos humanos" se instale y se difunda porque sería un gran obstáculo para que los desvíos y abandonos mencionados se tomen en serio y se subsanen.

El autor, cofundador de ACIJ, es profesor de las universidades de Palermo y Di Tella