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Ética pública y negativa presidencial
El general San Martín fue un hombre profundamente ético. Impuso a su regimiento un código de honor. Sin ética, ni la estrategia, ni la disciplina militares alcanzarían para llevar adelante su hazaña. En las máximas a su hija nos enseña que a la verdad se la ama y a la mentira, se la odia. Esa es la grieta que une.
No debería ser una "moda" hablar de ética pública o empresarial. Cuando se vuelve un curso online, un certificado o un manual, algo falla. Sin embargo, así estamos: emparchando el cemento de una sociedad averiada. Las cuestiones de la ética pública siempre deben abordarse más allá de una mirada legalista. La ley es un piso pero la ética no tiene techo. Invita a ser mejores y a elevar la vara de las conductas para confiar, construir y progresar en un proyecto común. Por eso, la república es indisociable de la ética y la transparencia.
Debido a un pedido del diputado Juan Manuel López, la Oficina Anticorrupción se vio compelida a realizar el control preventivo de intereses al presidente de la Nación. Lamentablemente, este ofreció una paupérrima respuesta, reflejándose en el espejo de liderazgos populistas que desprecian el control. Las tres recomendaciones de la OA eran de simple cumplimiento y el Jefe del Estado se equivocó, abriendo una ventana de sospechas sobre su pasado profesional y sus clientes recientes.
Cuando la ética le importa al jefe del Estado, los funcionarios aceptan y solicitan el control
¿Qué indica a la sociedad la negativa presidencial?¿Cómo limita esta respuesta la acción de control preventivo de la OA sobre el resto de la administración? ¿Qué vara le impone el Presidente al resto de los funcionarios?
Fernández debe comprender que, por cuatro años, su trabajo de Jefe del Estado es de dedicación exclusiva. No hace de abogado o de profesor. A todos nos desvela su actuación a cargo de la primera magistratura. Debe rendir cuentas por todo lo que hace y lo que deja de hacer, por las palabras que expresa y por sus silencios, importa con quién almuerza o se saca una foto, si usa barbijo o mantiene la distancia social en plena pandemia. Sus conductas y sus gestos no son inocuos: es el presidente de la Nación Argentina, aunque ni él parezca creerlo. Es nuestro interlocutor y representante ante el mundo.
Su concepción mínima e instrumental de la ética pública puede ser un problema para él y para todos. Si el liderazgo desde la cúspide falla, la política preventiva de integridad pública se deshilacha.
El presidente Mauricio Macri no estaba obligado por ninguna ley, pero decidió crear un fideicomiso ciego para separar su patrimonio de los asuntos de Estado. También firmó decretos de control que mejoran la transparencia y la gestión de los conflictos de intereses en las contrataciones públicas y los juicios en los que el Estado es parte damnificada. Y, formalizó el Plan Nacional Anticorrupción, que posee un amplio capítulo dedicado a políticas de promoción de la integridad y prevención de la corrupción. El exministro de Energía Juan José Aranguren no estaba obligado legalmente a vender acciones y desinvirtió ante una recomendación de la OA. El exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere devolvió un bono por una recomendación de la OA. Cuando la ética le importa al jefe del Estado, los funcionarios aceptan y solicitan el control.
En 2017, el gobierno argentino adhirió a la "Recomendación sobre Integridad Pública" de la OCDE. No era obligatorio. Sencillamente entendió que era una vara adecuada que debía ser impuesta a todos, desde el Presidente hasta el último funcionario. Además, este enfoque provee una mirada holística de la cuestión. Basada en tres pilares, la OCDE recomienda un sistema de integridad pública coherente y concreto, el desarrollo de una cultura de integridad en la administración y en la sociedad, y una eficaz rendición de cuentas. Sostiene que en estos asuntos es habitual ir "más allá de los requisitos mínimos": elevando la vara de la ética se da prioridad al interés general, se alinea con las expectativas de las sociedades y se engrandecen los valores del servicio público.
El Presidente se equivocó. Prefirió ocultar. Y esconder es una forma de mentira. El espíritu de San Martín lo interpela. La Constitución, también.
Politóloga (UBA -LSE), extitular de la Oficina Anticorrupción
