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Europa, en su encrucijada
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El pasado 8 de julio la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, celebraron en la ciudad de Reims con una ceremonia conjunta el medio siglo transcurrido desde el histórico encuentro entre Konrad Adenauer y Charles de Gaulle, que selló en esa ciudad el tratado de amistad franco-alemana. Allí se sentaron las bases de la Comunidad del carbón y del acero que posteriormente dio lugar a la Comunidad y, por último, a la Unión Europea. El tratado al que se sumaron Italia y los tres países del Benelux venía a prevenir una nueva confrontación entre los intereses nacionales de ambas potencias en torno al renovado crecimiento de la producción del carbón y del acero de la cuenca del Ruhr, que ponía a la defensiva a la industria francesa de esos materiales. De paso, De Gaulle se tomaba desquite de los numerosos desplantes inferidos por Gran Bretaña, pasando al frente con una iniciativa no consultada con ésta, a la que se la invitaría sólo formalmente a integrarse. El Reino Unido prefirió quedarse afuera y posteriormente le costaría mucho solicitar el ingreso cuando advirtió, una década más tarde, que quedaría fuera de una gran área de libre comercio en el momento en que Dinamarca e Irlanda se disponían a incorporarse a ella.
Luego de medio siglo de progresiva expansión, primero hacia el Sur y luego hacia el Este, la Unión Europea se debate hoy en una tensión extrema, en la que los viejos instintos nacionalistas han reverdecido. Se puede señalar una fecha como decisiva tanto para la culminación como para el aún abierto desenlace de esta tensa situación: la noche del 28 al 29 de junio, en la que a altas horas de la madrugada se logró un acuerdo para ampliar el Fondo de Rescate de los bancos en problemas en forma directa, es decir, sin que los Estados asumiesen las deudas correspondientes. La férrea resistencia de la canciller alemana debió ceder a la iniciativa del primer ministro italiano, Mario Monti, apoyado por el presidente Hollande y por los otros países más comprometidos, en primer lugar, España. Se trata, en realidad, de un último episodio de la crisis que lleva ya más de tres años, al principio como extensión de la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos y más tarde como una amenaza generalizada de quiebra de bancos griegos, irlandeses, portugueses y, por último, españoles.
La crisis europea ha tenido diversas etapas y diferentes causas: sobreendeudamiento encubierto o declarado del Estado, como en el caso de Grecia y Portugal, sobreexposición de los bancos a causa de la burbuja inmobiliaria, como en los casos de Irlanda y más recientemente de España o, por último, una deuda estatal crónica, superior al producto bruto interno, como es el caso de Italia. Independientemente de su origen, el resultado fue el mismo para todos los países involucrados: inmediata escasez de capitales, suba exorbitante de los intereses de los bonos soberanos, imposibilidad de renovar los préstamos en los mercados de capital para los Estados más débiles, que debieron recurrir al salvataje del Fondo Europeo para la Estabilidad, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo, sometiéndose a salvajes cortes presupuestarios, y, por último, a intervenciones directas de la Comisión Europea.
Como predijeron insistentemente diversos economistas keynesianos, el enfoque ultraortodoxo impuesto por presión del Banco Central alemán, de la dirigencia política germana, especialmente los dos partidos gobernantes, CDU-CSU y FDP, y también de la mayoría de la opinión pública, con casi la única excepción de Der Spiegel, condujo a los países rescatados con paquetes de ayudas multimillonarias a una continua y creciente recesión, a un alto nivel de desocupados y, como consecuencia inevitable, a una pronunciada baja en la percepción de sus recursos fiscales que agravó su perspectiva económica y elevó a niveles insostenibles los intereses exigidos por el mercado para los bonos de esos Estados.
Así se llegó a la decisiva reunión de la cúpula de los Estados del área euro el 28 de junio pasado, en la que se debía acordar como complemento del pacto fiscal previamente aprobado un paquete de medidas con vistas a promover el crecimiento de la eurozona. El primer ministro italiano, que había sido uno de los impulsores de ese paquete en connivencia con Hollande y los líderes del Partido Socialdemócrata alemán, se negó a suscribirlo si previamente no se aprobaban unos cambios cruciales para el acceso al Fondo Europeo de Estabilidad en el corto plazo. En resumen, las medidas más urticantes que aprobó a regañadientes la canciller alemana son las que garantizan: 1) el salvataje directo de los bancos nacionales y la supervisión de todo el sistema financiero por parte del Banco Central Europeo, la que hasta ahora era ejercida por los bancos centrales nacionales; 2) un mecanismo rápido de ayuda financiera a los Estados sin imponerles nuevos compromisos de ajustes, salvo los ya aprobados en general por la Comisión Europea, y, 3), la más problemática para los políticos alemanes, la posibilidad de garantizar las deudas de todos los Estados mediante la creación de eurobonos o europagarés, que socializarían los intereses, impulsando a la suba la tasa (hoy negativa) que paga el Bund alemán y a la baja el interés exigido, por ejemplo, a los bonos italianos.
La aprobación de estas medidas, que debían ser ratificadas luego de la del pacto fiscal y que fueron aprobadas por el Bundestag en medio de las vacaciones iniciadas en julio, provocó un inmediato reclamo de inconstitucionalidad por parte de unos diputados socialcristianos y democristianos, de la izquierda y de otros grupos independientes. El Tribunal Constitucional Alemán, reunido en Karlsruhe, el 10 de julio para considerar una posible transgresión de los límites constitucionales a la soberanía alemana, de acuerdo con los agravios presentados, decidió postergar su decisión hasta el 12 de septiembre próximo; por consiguiente, dejó en suspenso la ratificación del Tratado, mediante la firma del presidente federal Joachim Gauck. Alemania y Europa se encuentran así ante un cruce de dos caminos posibles: una paulatina cesión de soberanía a una unión federal, con un parlamento con capacidad legislativa, un Banco Central Europeo que actúe como supervisor y prestamista de última instancia –a la medida de la Reserva Federal de los Estados Unidos– y un ministerio de Economía que articule la política fiscal de toda la eurozona, etcétera, o un rechazo de este primer paso hacia ese nuevo estadio, que, a la larga, llevaría a la disolución de la eurozona, con consecuencias imprevisibles para la Unión Europea misma.
© La Nación
